Por Redacción LYPmultimedios | Política y Sociedad
LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO. (22 de junio de 2026). – El municipio de El Marqués se ha convertido en el epicentro del descontento social por la gestión del agua en el estado. Durante el décimo Foro Regional por la Nueva Ley de Aguas de Querétaro, celebrado en la comunidad de La Cañada, decenas de pobladores alzaron la voz para denunciar una ironía que lacera su economía: vivir sobre los pozos que abastecen a la metrópoli, pero padecer sed y tarifas exorbitantes en sus propios hogares.
El encuentro fue encabezado por los diputados locales de Morena, Eric Silva Hernández y Rosalba Vázquez Munguía, acompañados por el legislador federal Gilberto Herrera Ruiz. El espacio se convirtió rápidamente en un tribunal ciudadano contra la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
Los habitantes denunciaron que de su territorio se extrae el líquido de más de cinco pozos para llevarlo a la zona metropolitana de Querétaro, mientras a ellos se les castiga con tandeos severos. La queja más grave apuntó a los cobros desproporcionados: vecinos acusaron que la CEA les exige hasta 50 mil pesos por habilitar una toma de agua doméstica.
«Aquí sobra agua, pero nos la quitan y encima nos la venden carísima», fue el reclamo unánime de los asistentes, quienes exigieron poner fin a las políticas de mercantilización del recurso.
El antídoto: Los 13 acuerdos ciudadanos
Frente al hartazgo social, el diputado Eric Silva Hernández presentó los ejes centrales de la nueva iniciativa de Ley de Agua y Saneamiento, construida a partir de los foros del Parlamento Abierto. La propuesta busca desmantelar el actual esquema de concesiones a través de 13 acuerdos ciudadanos, entre los que destacan medidas radicales de justicia social:
- Fin a la privatización: Prohibir las concesiones privadas y devolver el carácter público y sin fines de lucro al servicio.
- Mínimo Vital Garantizado: Reconocer el agua como derecho humano, asegurando 100 litros diarios por persona.
- Tope a las tarifas abusivas: Las nuevas tomas domésticas no podrán rebasar las 40 UMAs ($4,692 pesos). Para poblaciones marginadas, el servicio no costará más del 3% del salario mínimo mensual ($276 pesos).
- Respaldo a sistemas comunitarios: Otorgarles personalidad jurídica y recursos técnicos para su subsistencia.
- Combate al «Huachicol» de agua: Persecución legal al robo de agua y a la entrega de concesiones ilegales.
- Protección a defensores: Garantizar la seguridad de activistas y ciudadanos que defienden el agua y el territorio.
A estos puntos se suman la creación de un Consejo Ciudadano autónomo, la obligación estatal de sanear las cuencas, restringir el uso de agua potable en la industria, y establecer un Sistema Estatal de Información transparente.
El foro concluyó con el respaldo total de los habitantes a la iniciativa legislativa. Advirtieron que mantendrán una vigilancia estricta sobre sus representantes locales para exigir que el dictamen sea aprobado en el Pleno de la Legislatura. Por su parte, la bancada morenista anunció que la gira territorial continuará en los municipios que más han sufrido el «despojo hídrico», con la intención de que la nueva ley se construya desde la calle y no desde los escritorios.
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