Ulises Gómez sostiene que Santa Rosa Jáuregui nunca perdió legalmente su condición de municipio
El diputado de Morena presentó una iniciativa respaldada en una investigación histórica y jurídica con la que busca que el Congreso de Querétaro reconozca que la desaparición del municipio en 1932 no siguió el procedimiento constitucional. También propone una disculpa pública a sus habitantes.
Querétaro, Qro. El diputado local de Morena, Ulises Gómez de la Rosa, presentó una iniciativa legislativa en la que plantea que Santa Rosa Jáuregui nunca perdió jurídicamente su calidad de municipio, al considerar que el proceso mediante el cual fue suprimido en 1932 no cumplió con los requisitos establecidos por la Constitución del Estado vigente en aquella época.
Durante una conferencia de prensa, el legislador explicó que su propuesta se sustenta en una investigación documental integrada por más de 150 fuentes históricas, entre ellas actas del Congreso del Estado, archivos oficiales, documentos del Archivo Histórico y materiales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
De acuerdo con Gómez de la Rosa, el análisis concluye que, aunque la creación del municipio de Santa Rosa Jáuregui en 1931 sí siguió el procedimiento constitucional correspondiente, no existe evidencia documental que demuestre que su desaparición un año después hubiera cumplido con el proceso legislativo requerido para modificar la división territorial del estado.
Cuestiona el procedimiento legislativo de 1932
Según la investigación presentada por el diputado, la supresión del municipio carecería de elementos esenciales como una iniciativa formal de reforma, el desarrollo completo del procedimiento legislativo, la votación con mayoría calificada y la aprobación de los ayuntamientos, requisitos que, sostuvo, eran indispensables para modificar la Constitución estatal.
En ese sentido, afirmó que la desaparición de Santa Rosa Jáuregui respondió a un procedimiento irregular que, desde su perspectiva, nunca alcanzó validez constitucional.
«Jamás se discutió una iniciativa de ley; el procedimiento constitucional no se hizo, no se realizó y, por tanto, el municipio de Santa Rosa Jáuregui permanece jurídicamente vigente», sostuvo.
Retira iniciativa anterior para crear el municipio
Ulises Gómez recordó que al inicio de la actual Legislatura promovió una iniciativa para crear nuevamente el municipio de Santa Rosa Jáuregui; sin embargo, explicó que decidió retirarla una vez concluida la investigación histórica.
El legislador argumentó que no resulta jurídicamente necesario crear un municipio que, según su interpretación, nunca dejó de existir conforme al marco constitucional.
Por ello, la nueva propuesta no busca crear un nuevo municipio, sino que el Congreso del Estado reconozca la vigencia jurídica de la división territorial establecida en 1931.
Pide una disculpa pública para los habitantes
Como parte de la iniciativa, Gómez de la Rosa propone que los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado ofrezcan una disculpa pública a las y los habitantes de Santa Rosa Jáuregui por lo que calificó como un «engaño legislativo» que, aseguró, se ha mantenido durante más de nueve décadas.
Afirmó que la población perdió el reconocimiento de su identidad municipal a partir de un procedimiento que, desde su perspectiva, nunca fue válido conforme a derecho.
Cartografía histórica respalda la propuesta, afirma
Durante la presentación, el diputado también mostró cartografía histórica correspondiente a 1931 con la que busca demostrar que la delimitación territorial del entonces municipio coincide con la actual demarcación de la delegación de Santa Rosa Jáuregui, incluyendo comunidades como Juriquilla.
Con ello, rechazó las versiones que señalan que la propuesta implicaría ampliar artificialmente el territorio municipal.
El Congreso deberá analizar la iniciativa
La propuesta será turnada al proceso legislativo correspondiente, donde deberá ser analizada por las comisiones del Congreso local antes de que el Pleno determine su viabilidad.
De aprobarse, el caso podría abrir una discusión jurídica e histórica sobre la validez de los procedimientos utilizados para modificar la división territorial de Querétaro durante la primera mitad del siglo XX.
Más allá del debate político, la iniciativa plantea interrogantes sobre la interpretación del derecho constitucional, la memoria institucional y el reconocimiento de la identidad histórica de las comunidades, temas que ahora corresponderá resolver al Poder Legislativo.