Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 27 de julio de 2026.— El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel como «un preso político del gobierno de la 4T» y sostuvo que su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad, aunado a lo que describió como la «inexistencia de pruebas» en su contra, confirma un uso político de las instituciones de justicia. El pronunciamiento, difundido este domingo, llegó tres días después de que una jueza federal resolviera vincularlo a proceso.
La posición del PAN
Romero Herrera afirmó que el gobierno federal «prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas», y enumeró los nombres de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila —todos de Morena— como ejemplos de figuras que, dijo, han enfrentado señalamientos graves sin que las autoridades actúen «con la misma rapidez y severidad».
El dirigente panista acotó que nadie está por encima de la ley y que, cuando existan pruebas de un delito, corresponde aplicar todo el peso de la justicia. Sin embargo, advirtió que tampoco puede permitirse que las instituciones se usen «para perseguir adversarios o fabricar culpables». En el caso específico de Ruffo, sostuvo que se busca atacar a una figura emblemática de la democratización mexicana —fue el primer gobernador de oposición reconocido en la historia moderna del país, en 1989— mediante un proceso que, afirmó, está marcado por inconsistencias. Romero respaldó además el pronunciamiento de los exgobernadores panistas y del expresidente Vicente Fox en favor de una justicia imparcial.
Lo que resolvió la autoridad judicial
El comunicado del PAN no menciona un hecho ocurrido tres días antes: el 23 de julio, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dictó auto de vinculación a proceso contra Ruffo Appel y siete coacusados por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, al considerar que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aportó datos de prueba suficientes para iniciar formalmente el proceso penal. La resolución se emitió tras una audiencia que se extendió por más de 30 horas, celebrada a puerta cerrada a solicitud de la propia FGR, pese a que la defensa manifestó preferir que fuera pública. La jueza fijó un plazo de seis meses de investigación complementaria.
Conviene precisar el alcance de esa decisión, porque es el punto donde se cruzan las dos narrativas: la vinculación a proceso no declara culpable a nadie. Es una determinación intermedia en la que el juez evalúa si existen datos que hagan probable la comisión de un delito y la participación del imputado. Ruffo Appel conserva íntegra su presunción de inocencia, no ha sido condenado, y su defensa mantiene el derecho de impugnar la resolución y presentar pruebas en las siguientes etapas. Pero, en estricto sentido jurídico, tampoco puede afirmarse que el expediente carezca de elementos: una autoridad judicial ya los consideró suficientes para continuar.
Lo que sostiene la Fiscalía
De acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy, la red investigada introdujo gasolina y diésel desde Texas declarando apenas una fracción del volumen real transportado, lo que —según la FGR— derivó en un daño a la hacienda pública que la dependencia ha estimado en más de 4 mil millones de pesos. Godoy describió el caso como la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta el momento. Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en Ensenada y trasladado al penal del Altiplano el 19 de julio, donde permanece bajo prisión preventiva junto con otros cuatro imputados; dos más enfrentan el proceso en prisión domiciliaria por razones de salud.
El punto que sí queda abierto
Más allá del choque de narrativas, hay un elemento del reclamo panista que no depende de quién tenga razón sobre el fondo del expediente: la proporcionalidad de la medida cautelar. Ruffo Appel tiene 79 años y permanece en un penal federal de máxima seguridad antes de cualquier sentencia. Esa discusión —si procede una medida menos restrictiva mientras avanza el proceso— corresponde resolverla a la autoridad judicial mediante los recursos que la propia defensa puede promover, no a un comunicado partidista ni a una conferencia de prensa.
El caso, en los hechos, se ha convertido en una prueba doble: para la Fiscalía, que deberá acreditar en las etapas siguientes lo que hasta ahora son datos de prueba; y para el debate público, que tendrá que sostener dos ideas simultáneas sin colapsarlas en una sola consigna: que un imputado sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que un expediente abierto por una autoridad judicial no desaparece porque un partido lo declare inexistente.