Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 28 de julio de 2026.— Una persona enciende el televisor y escucha a un conductor asegurar que algo ocurrió. Minutos después, descubre que no era una noticia confirmada, sino una opinión.
En otro programa, una marca aparece recomendada con entusiasmo, aunque nadie advierte que pagó por estar ahí. Una información de años atrás vuelve a circular como si hubiera sucedido esa mañana. Una persona sorda intenta seguir una transmisión de interés público, pero no encuentra subtítulos ni interpretación.
Los derechos de las audiencias comienzan en escenas así: en la posibilidad de saber qué estamos viendo, quién intenta convencernos y con qué elementos se presenta una afirmación como cierta.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta pública para establecer nuevas obligaciones a la radio y la televisión. La propuesta busca diferenciar noticias, opiniones y publicidad; fortalecer el derecho de réplica; atender a personas con discapacidad y crear canales para reclamar cuando un medio vulnere los derechos de quienes lo escuchan o miran.
El objetivo es necesario.
La forma de alcanzarlo exige una discusión menos cómoda que la presentada desde Palacio Nacional.
Porque proteger a las audiencias no debe significar abandonar a la ciudadanía frente a los abusos de los medios. Pero tampoco puede significar entregar al Gobierno la facultad de decidir qué versión de la realidad merece ser transmitida.
Las audiencias no son consumidoras pasivas
Durante décadas, la regulación mexicana trató a la televisión y la radio principalmente como industrias que operaban concesiones del Estado. Las personas aparecían al final de la cadena: escuchaban, miraban y, si algo las inconformaba, cambiaban de estación.
El reconocimiento de los derechos de las audiencias modificó esa relación.
Quien recibe un contenido tiene derecho a identificar cuándo escucha una opinión, cuándo observa publicidad encubierta y cómo puede exigir una aclaración. También tiene derecho a una programación accesible, plural y respetuosa de la dignidad humana.
La propuesta de la CRT obliga a los medios a mostrar plecas, cortinillas o avisos cuando un conductor combine información con opiniones. En radio deberán utilizarse señales sonoras. También deberán distinguir los espacios comercializados del contenido editorial.
No son exigencias extravagantes.
En un ecosistema donde algunos programas mezclan hechos, propaganda, entretenimiento y negocios sin marcar fronteras, ofrecer claridad constituye una obligación mínima hacia el público.
Un periodista puede opinar.
Un medio puede tener una línea editorial.
Lo que no debería hacer es disfrazar esa posición como un hecho indiscutible.
La palabra “veraz” necesita algo más que buenas intenciones
El punto más delicado se encuentra en el deber de evitar información “falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual”.
A primera vista, pocas personas defenderían el derecho de una televisora a engañar deliberadamente. El periodismo no puede justificar una mentira apelando a la libertad de expresión.
Pero la realidad rara vez se divide con facilidad entre una verdad luminosa y una falsedad evidente.
Una investigación puede contener datos correctos y conclusiones discutibles. Una fuente oficial puede mentir. Una cifra gubernamental puede estar incompleta. Una noticia puede cambiar mientras se transmite. Dos testimonios pueden contradecirse sin que uno haya sido fabricado.
El proyecto intenta limitar el riesgo al señalar que los medios deberán contar, al momento de publicar, con elementos para considerar veraz la información y apegarse a sus propios criterios editoriales. No establece expresamente que la CRT pueda imponer una versión oficial de los acontecimientos.
Aun así, queda una pregunta decisiva:
¿Quién resolverá cuándo una información crítica estaba insuficientemente sustentada y cuándo simplemente incomodó al poder?
La diferencia no debe quedar en manos de interpretaciones políticas.
No es únicamente autorregulación
Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo no es censurar ni dedicarse a multar, sino promover que cada medio se regule mediante su código de ética y su propia defensoría.
La explicación cuenta solo una parte de la historia.
Los códigos serán elaborados por las concesionarias y las personas defensoras serán designadas por ellas. Pero las reglas serán obligatorias, la CRT podrá monitorear transmisiones, requerir información, revisar la actuación de las defensorías e iniciar procedimientos sancionadores. Las multas podrán alcanzar hasta 1% de los ingresos acumulables del medio.
Eso no convierte automáticamente la propuesta en censura.
Sí demuestra que no se trata solamente de autorregulación.
Existe una diferencia entre un medio que adopta voluntariamente principios profesionales y una autoridad con capacidad económica para castigar su incumplimiento.
Las palabras importan. Presentar el proyecto como un mecanismo exclusivamente interno reduce artificialmente el poder que conservará el Estado.
Un regulador dentro del Ejecutivo
La preocupación no se limita al contenido de las reglas, sino a la institución que las aplicará.
La CRT sustituyó parte de las funciones del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aunque la ley le reconoce independencia técnica y operativa, la Comisión forma parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y, por tanto, permanece dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.
Esto coloca al Gobierno en una posición incómoda: puede convertirse simultáneamente en protagonista de la noticia, objeto de la crítica y autoridad vinculada con la vigilancia del medio que la publicó.
La solución no consiste en suponer que toda persona funcionaria actuará de mala fe.
Las instituciones democráticas no se diseñan sobre la confianza personal. Se construyen para resistir incluso cuando llega al poder alguien dispuesto a abusar de ellas.
Por eso, los lineamientos necesitan criterios claros, resoluciones públicas, posibilidad efectiva de defensa, proporcionalidad en las sanciones y mecanismos judiciales capaces de frenar una intervención arbitraria.
No basta con que una norma declare que no habrá censura.
Debe impedir que pueda utilizarse para censurar.
La defensoría puede abrir una puerta que hoy permanece cerrada
La figura más valiosa del proyecto puede ser la persona defensora de las audiencias.
Su tarea será recibir quejas, pedir explicaciones al medio, documentar los casos y emitir recomendaciones. Las concesionarias deberán ofrecerle recursos, pero no podrán interferir en sus decisiones. Además, tendrá que publicar informes semestrales sobre las inconformidades recibidas y la manera en que fueron atendidas.
Para una persona común, esto puede representar algo concreto: no tener que contratar a un abogado ni comenzar una batalla pública para pedir que una televisora reconozca una equivocación.
Sin embargo, su independencia dependerá de cómo sea nombrada y removida.
Una defensoría financiada por el mismo medio que debe cuestionar corre el riesgo de convertirse en oficina de relaciones públicas. Una defensoría controlada por la autoridad podría transformarse en vigilante gubernamental.
La propuesta necesita protegerla de ambos poderes.
La radio y la televisión quedan bajo reglas que internet no tendrá
Los lineamientos se aplicarán a radio, televisión abierta, servicios de paga y programadoras. La prensa escrita, los portales informativos, las redes sociales y la mayoría de las plataformas digitales quedan fuera de este marco.
La diferencia genera una paradoja.
Una estación local deberá colocar avisos, contar con una defensoría y responder quejas. Mientras tanto, una cuenta anónima podrá difundir el mismo contenido falso en redes sin cumplir obligaciones equivalentes y alcanzar millones de reproducciones.
No se trata de extender automáticamente el control estatal hacia internet.
Se trata de reconocer que la regulación concentra sus exigencias en medios tradicionales mientras buena parte de la desinformación, la publicidad encubierta y la manipulación política se desplaza hacia espacios digitales.
El resultado puede ser un sistema desigual: reglas estrictas para quienes transmiten mediante una concesión y escasa responsabilidad para actores digitales con mayor alcance que muchas radiodifusoras.
El contexto mexicano obliga a desconfiar del poder
La discusión no ocurre en un país donde la prensa trabaje sin miedo.
ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra periodistas y medios durante 2025. El ambiente hostil y el abuso del poder público estuvieron entre los patrones principales; la organización advirtió que amenazas, campañas de desprestigio, procesos judiciales y discursos oficiales producen un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.
Ese contexto no invalida los derechos de las audiencias.
Los vuelve más complejos.
México debe proteger simultáneamente a la persona engañada por un medio, al periodista que investiga al Gobierno y a la sociedad que necesita información para tomar decisiones.
Defender una de esas libertades destruyendo las otras sería una derrota democrática.
Una consulta abierta, pero no vinculante
Cualquier persona, concesionaria, organización o institución académica puede participar hasta el 21 de agosto. Para enviar comentarios es necesario registrarse en la plataforma de la CRT. Después, la Comisión deberá elaborar un informe sobre las aportaciones recibidas.
La consulta, sin embargo, es no vinculante.
Esto significa que la participación ciudadana puede influir, pero no obliga a la autoridad a modificar el proyecto.
La legitimidad del proceso dependerá de que la CRT publique las opiniones, responda los cuestionamientos de fondo y explique por qué acepta o rechaza cada propuesta relevante.
Consultar no consiste solamente en abrir un formulario durante veinte días.
Consiste en permitir que la deliberación transforme la norma.
Ni medios intocables ni Gobierno editor
Durante años, grandes concesionarios defendieron la libertad editorial como si también incluyera el derecho a confundir noticias con intereses comerciales, ignorar reclamaciones o cerrar la puerta a quienes fueron afectados por una transmisión.
Esa impunidad no debe continuar.
Pero el remedio tampoco puede ser una autoridad administrativa capaz de vigilar contenidos bajo conceptos amplios y sancionar desde una estructura vinculada con el Ejecutivo.
Las audiencias necesitan poder frente a los medios.
Los periodistas necesitan libertad frente al Gobierno.
La democracia necesita ambas cosas.
El desafío de los nuevos lineamientos no será escribir que la información debe ser veraz. Será garantizar que esa exigencia fortalezca el periodismo responsable sin castigar el periodismo incómodo.
Porque la verdad no pertenece a una televisora.
Pero tampoco pertenece al Gobierno.