Por: Redacción de LYPmultimedios
Guadalajara, Jal., 29 de julio de 2026.— La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, exigió durante una gira por Jalisco que se garantice agua limpia para la Zona Metropolitana de Guadalajara y planteó revertir el modelo de participación privada en el organismo operador, en un reclamo que llega con un respaldo documental poco común: no se trata solo de una postura partidista, sino de una crisis que ya fue reconocida por la Secretaría de Salud estatal y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Lo que dicen los estudios
Entre marzo y junio de este año, un monitoreo ciudadano analizó 184 muestras de agua recolectadas en 90 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. El resultado: 93.48% no presentó cloro residual, el componente básico de desinfección del agua potable. El estudio también reportó presencia de bacterias como E. coli y de metales pesados —plomo, mercurio y aluminio—, además de nitratos y nitritos.
Un ejercicio anterior, realizado con soporte técnico de investigadores del ITESO y la organización Resistencia Civil por el Valle, había arrojado resultados en la misma dirección: 41 de 42 muestras sin niveles adecuados de cloración, fluoruros en 17 muestras, plomo en tres, y dos pruebas bacteriológicas positivas a E. coli. «Encontramos contaminantes que no deberían estar ahí», resumió entonces el académico Héctor Morales Gil de la Torre.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, mediante su recomendación 10/2026, ubicó en 650 las colonias afectadas por el suministro de la planta potabilizadora número uno de Miravalle: 251 en Tonalá, 171 en Tlaquepaque, 168 en Guadalajara y 65 en Zapopan. Y la Secretaría de Salud de Jalisco emitió una recomendación preventiva para que la población no utilice agua de la llave para beber, cocinar ni cepillarse los dientes.
El planteamiento de Morena
Sobre ese fondo, Montiel Reyes sostuvo que el acceso al agua potable no puede seguir tratándose como un privilegio. «Las familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara pagan por un servicio que en muchos casos es todo menos agua potable. Morena exige agua limpia, infraestructura digna y un manejo transparente del SIAPA», afirmó.
La dirigente atribuyó la crisis a lo que describió como años de desatención por parte de los gobiernos del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano —este último con ocho años al frente del estado y once en municipios metropolitanos—, y planteó una propuesta concreta de reestructuración: que el gobierno estatal, los municipios y la propia titularidad del organismo recuperen la rectoría del SIAPA, en lugar de la iniciativa privada. Señaló que presidentas y presidentes municipales de su partido le expresaron tener poca o nula influencia dentro del órgano de gobierno del organismo. «Rechazamos el modelo de gobierno que privatiza los derechos y los servicios, porque lo único que trae como consecuencia es el incremento de las tarifas y una mala calidad de ellos», apuntó.
La lista de exigencias incluye auditorías al SIAPA, atención urgente a la infraestructura hidráulica, combate a fugas, implementación de una alerta sanitaria, brigadas de salud, y descuentos o cancelación de cobros mientras no se garantice un servicio de calidad.
Una demanda que el Congreso local ya atendió
Conviene precisar un punto sobre esa última exigencia: el 22 de julio, una semana antes de este pronunciamiento, el Congreso de Jalisco ya había aprobado —por unanimidad— un decreto que concede un descuento del 80% en el cobro del agua potable a los usuarios del SIAPA que hayan recibido suministro turbio, con sedimentos o mal olor durante el resto del ejercicio fiscal 2026. La medida beneficia a unas 750 mil personas, y establece un plazo de ocho días naturales para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos remita el listado de colonias afectadas.
Que la aprobación haya sido unánime —con los votos de todas las bancadas, incluida la de Movimiento Ciudadano— sugiere que, al menos en ese punto específico, el reclamo trascendió las líneas partidistas. La destitución de la dirección del SIAPA, ocurrida a inicios de año en medio de las protestas ciudadanas, apunta en el mismo sentido: la crisis ya generó consecuencias institucionales antes de este pronunciamiento.
Por qué esta discusión importa también en Querétaro
El debate que Morena instala en Jalisco —quién debe operar el agua y bajo qué controles— tiene una versión propia en Querétaro. En el estado, más de 32 desarrollos habitacionales extendidos sobre más de 13 mil hectáreas están autorizados para ser abastecidos por 17 operadoras privadas, y ocho de esas concesionarias están vinculadas a solo dos inmobiliarias, según datos de la organización Bajo Tierra. Apenas esta semana, vecinos de El Refugio y La Pradera plantearon en una asamblea pública cobros que consideran excesivos en medio de la escasez del líquido.
Son dos escenarios distintos —Guadalajara enfrenta un problema de calidad sanitaria; Querétaro, uno de abasto y tarifas—, pero comparten la misma pregunta de fondo: qué margen real tiene un usuario para reclamar cuando el operador de su agua no es un organismo público.
Lo que sigue
Las auditorías que Morena exige dependerán de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y del propio Congreso local. La alerta sanitaria formal, de la Secretaría de Salud estatal. Y la eventual reestructuración del órgano de gobierno del SIAPA requeriría cambios normativos que pasan por ese mismo Congreso, donde Morena no tiene mayoría. La pregunta, entonces, no es si el diagnóstico está documentado —lo está, y por más de una institución—, sino cuánto de la lista de exigencias logrará convertirse en decisiones concretas antes de que termine el año.