Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 22 de julio de 2026.— El expediente contra Ernesto Ruffo Appel todavía se discute frente a una jueza, pero fuera del tribunal Morena ya abrió un proceso distinto: el juicio político contra las redes que, durante décadas, conectaron a gobiernos, empresarios, exfuncionarios y despachos jurídicos de alto perfil.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, colocó en el centro de su ofensiva a Fernando Gómez-Mont, exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón y actual defensor del exgobernador panista de Baja California.
Su argumento es que la representación de Ruffo no constituye un episodio aislado, sino la continuidad de un circuito político y jurídico que ha acompañado a personajes involucrados en algunos de los casos más controvertidos de las últimas décadas.
En su comunicado, Morena recordó que Gómez-Mont ha participado en defensas relacionadas con integrantes de la familia Salinas de Gortari, el Pemexgate, acusaciones de fraude contra el IMSS y el conflicto financiero de la Cooperativa Cruz Azul.
La intención política es evidente: presentar el caso Ruffo no solo como una investigación por presunto contrabando de combustible, sino como el momento en que una parte del viejo poder vuelve a reunirse para protegerse.
La lista de clientes, sin embargo, no sustituye las pruebas.
Un abogado puede defender a una persona acusada de delitos graves sin compartir sus decisiones ni convertirse en responsable de ellas. Pero su trayectoria profesional sí puede funcionar como una ventana para observar quiénes han tenido acceso, durante décadas, a las defensas más influyentes del país.
Un abogado convertido en archivo político
Fernando Gómez-Mont no es únicamente un litigante penal.
Es hijo de Felipe Gómez Mont, uno de los fundadores e ideólogos del PAN; fue diputado federal, representante panista ante organismos electorales y secretario de Gobernación entre 2008 y 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón. Posteriormente regresó al ejercicio privado del derecho.
Su carrera ha transitado entre la política institucional y la defensa de personajes con capacidad económica, empresarial y política.
El despacho al que perteneció representó a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas; a Rogelio Montemayor, exdirector de Pemex investigado por el caso conocido como Pemexgate, y a Tomás Peñaloza Webb, relacionado con acusaciones de fraude contra el Instituto Mexicano del Seguro Social.
También ha sido identificado como defensor de Guillermo Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, en procesos relacionados con presunta administración fraudulenta.
Morena utiliza esos antecedentes para construir una narrativa de continuidad: los partidos pueden cambiar de posición, los gobiernos pueden terminar y los acusados pueden pertenecer a grupos distintos, pero los mismos especialistas, relaciones y recursos permanecen disponibles alrededor del poder.
Esa lectura merece discutirse.
No porque representar a personas acusadas sea incorrecto, sino porque muestra que la justicia mexicana también se encuentra atravesada por profundas desigualdades.
Mientras una persona sin recursos puede enfrentar una investigación con una defensa pública saturada, las élites políticas y empresariales cuentan con equipos capaces de analizar cientos de pruebas, promover amparos, abrir debates mediáticos y prolongar procedimientos complejos.
El derecho de defensa debe garantizarse para todos.
La pregunta incómoda es por qué, en la práctica, no todas las personas pueden ejercerlo con la misma capacidad.
Ruffo sigue sin sentencia
La ofensiva partidista de Morena ocurre mientras Ernesto Ruffo todavía espera que una jueza determine si será vinculado a proceso.
El exgobernador permanece bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, el Altiplano, por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La audiencia fue reanudada este miércoles 22 de julio después de varias horas de debate. La defensa encabezada por Gómez-Mont solicitó que los elementos presentados por la Fiscalía fueran analizados de manera individual y sostiene que no acreditan una intervención directa de Ruffo en las operaciones investigadas.
La FGR sostiene lo contrario.
Según la acusación, Ruffo tenía una posición relevante dentro de Ingemar, empresa encargada de gestionar importaciones de combustible que presuntamente declaraba volúmenes inferiores a los realmente transportados para reducir el pago de contribuciones.
El caso surgió después del aseguramiento de 129 carrotanques con aproximadamente 15.48 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, en julio de 2025.
La investigación ministerial estima un daño superior a 4 mil millones de pesos y señala la participación probable de importadoras, transportistas, agentes aduanales y operadores ferroviarios.
Una investigación de EL PAÍS basada en registros públicos comerciales y aduanales sostiene que la estructura relacionada con Ingemar y otras empresas habría movilizado más de 800 millones de litros mediante operaciones ferroviarias y carreteras durante 15 meses, con un perjuicio fiscal calculado en al menos 5 mil 400 millones de pesos.
Las dimensiones descritas obligan a investigar.
Pero el volumen de la red tampoco demuestra automáticamente la responsabilidad individual de Ruffo. La Fiscalía tendrá que acreditar qué decisiones tomó, qué información conocía, qué beneficios obtuvo y qué capacidad tenía para intervenir en las operaciones.
Morena apunta a una defensa política, no solo jurídica
Ariadna Montiel sostiene que el PAN y sus aliados intentan presentar a Ruffo como víctima de persecución política.
En su lectura, resulta contradictorio que la oposición exigiera investigar el huachicol fiscal y ahora descalifique el proceso cuando una de sus figuras históricas aparece dentro del expediente.
La contradicción existe.
Durante años, el PAN ha utilizado el contrabando de combustible para cuestionar al Gobierno federal, denunciar corrupción aduanal y exigir responsabilidades políticas.
Cuando la investigación alcanzó a Ruffo, una parte del partido dejó de centrar su discurso en el tamaño de la red y comenzó a denunciar selectividad, persecución y falta de garantías.
Defender el debido proceso es legítimo.
Lo problemático sería convertir el debido proceso en una presunción automática de inocencia política para quienes pertenecen al propio grupo.
Ruffo tiene derecho a una defensa completa. El PAN tiene derecho a cuestionar actuaciones de la Fiscalía. Pero ni su papel histórico como primer gobernador opositor al PRI ni su trayectoria política pueden funcionar como inmunidad frente a una investigación.
La alternancia democrática no concede un certificado permanente de honestidad.
Calderón acusó antes a quien hoy defiende
El comunicado de Morena también recupera una contradicción dentro del panismo.
En 2017, Felipe Calderón acusó públicamente a Ruffo de haber permitido o mantenido una relación de complicidad con el grupo de los Arellano Félix durante su gobierno en Baja California.
Ruffo rechazó entonces las afirmaciones y acusó al expresidente de realizar señalamientos sin sustento. También negó que su hermano hubiera entregado territorio o negocios al grupo criminal.
Nueve años después, Calderón ha defendido al exgobernador y cuestionado la actuación de las autoridades federales.
El cambio no prueba que las acusaciones actuales sean ciertas. Sí demuestra que las alianzas políticas pueden modificar la manera en que una misma figura es presentada.
Cuando Ruffo era adversario interno, Calderón lo vinculaba públicamente con el crimen organizado.
Cuando Ruffo fue detenido por el Gobierno de Morena, pasó a convertirse en símbolo de una supuesta persecución contra la oposición.
La memoria política suele ser selectiva.
Morena intenta aprovechar esa inconsistencia para sostener que el PAN no defiende principios, sino integrantes de su propio círculo.
Llamarlo delincuente antes de la sentencia es un exceso
El posicionamiento de Ariadna Montiel contiene una afirmación jurídicamente problemática.
La dirigente describió a Ruffo como “delincuente” y “traficante de combustible” cuando todavía no existe una sentencia condenatoria.
El señalamiento puede ser eficaz dentro de una disputa partidista, pero adelanta una conclusión que corresponde exclusivamente a los tribunales.
Respaldar la actuación de la Fiscalía no obliga a abandonar la presunción de inocencia.
Morena puede afirmar que existen elementos suficientes para investigar. Puede cuestionar las contradicciones del PAN. Puede exigir que la red sea desmantelada y que el dinero público sea recuperado.
Lo que no debería hacer es utilizar una acusación como si ya fuera sentencia.
Un movimiento que sostiene que la justicia dejó de proteger privilegios debe ser especialmente cuidadoso con las garantías procesales.
La diferencia entre combatir la impunidad y utilizar políticamente una investigación se encuentra, en buena medida, en el lenguaje.
Defender no equivale a compartir la conducta del acusado
La crítica contra Gómez-Mont también necesita una frontera clara.
Los abogados no son responsables de los delitos atribuidos a sus clientes.
El derecho a contar con una defensa técnica existe precisamente para los casos más difíciles, impopulares o graves. Sin esa garantía, los procesos judiciales quedarían subordinados a la condena pública.
Cuestionar a un abogado únicamente por las personas que ha representado puede debilitar ese principio.
Sin embargo, eso no significa que su trayectoria deba quedar fuera del análisis periodístico.
Gómez-Mont no es un defensor desconocido contratado exclusivamente por su conocimiento técnico. Es un exfuncionario, antiguo dirigente político y miembro de una familia estrechamente vinculada con el PAN.
Su incorporación al caso tiene una dimensión jurídica y otra simbólica.
Representa la llegada de un abogado con experiencia, contactos, reconocimiento público y capacidad para llevar la defensa del expediente a los medios.
Morena no está cuestionando únicamente sus argumentos procesales.
Está utilizando su biografía para afirmar que los viejos grupos políticos conservan redes capaces de reagruparse cuando alguno de sus integrantes enfrenta a la justicia.
La tesis puede discutirse sin criminalizar el ejercicio profesional.
La defensa de las élites también es una cuestión de clase
El caso revela una desigualdad que trasciende a Ruffo y Gómez-Mont.
Las personas con poder pueden contratar a despachos especializados, promover múltiples recursos, construir estrategias de comunicación y convertir una audiencia penal en un debate nacional.
Quienes no tienen esa capacidad dependen de instituciones públicas frecuentemente rebasadas.
Esta brecha afecta el acceso real a la justicia.
La Constitución reconoce las mismas garantías para todas las personas, pero su ejercicio depende muchas veces de la cantidad de recursos, tiempo y relaciones disponibles.
La conversación no debería limitarse a preguntar por qué Gómez-Mont acepta representar a personajes controvertidos.
También tendría que preguntar:
- ¿Por qué la calidad de una defensa depende del patrimonio?
- ¿Cuántos defensores públicos atienden casos simultáneamente?
- ¿Cuánto tiempo pueden dedicar a cada expediente?
- ¿Quiénes pueden pagar peritajes independientes?
- ¿Quiénes tienen capacidad para impugnar cada irregularidad?
- ¿Por qué la justicia avanza a velocidades diferentes según el perfil del acusado?
Defender derechos no debe ser un privilegio exclusivo de quienes pueden pagar a los mejores abogados.
Morena también tendrá que aplicar el mismo estándar
El discurso de Ariadna Montiel adquiere fuerza cuando señala las contradicciones de la oposición.
Pero su legitimidad dependerá de que el criterio alcance también a figuras vinculadas con Morena.
La nueva presidenta del partido prometió, al asumir el cargo en mayo, que su dirigencia no toleraría actos de corrupción dentro de gobiernos o candidaturas morenistas.
Esa promesa será puesta a prueba cada vez que una investigación involucre a integrantes, aliados, gobernadores o empresarios cercanos al oficialismo.
No basta con identificar las redes del pasado cuando protegen a adversarios.
También es necesario reconocer las redes que pueden formarse alrededor del poder actual.
La corrupción no adquiere una naturaleza distinta cuando cambia el partido gobernante.
La justicia tampoco puede funcionar como herramienta para exhibir opositores y como mecanismo de prudencia cuando los señalamientos apuntan hacia dentro.
La mejor respuesta de Morena frente a las acusaciones de selectividad no es suspender la investigación contra Ruffo.
Es demostrar que el mismo rigor se aplicará sin importar el color partidista.
La investigación debe llegar a toda la estructura
El caso tampoco debería reducirse a un duelo entre una dirigente y un abogado.
Una operación capaz de mover millones de litros de combustible requiere una red extensa.
Necesita empresas importadoras, documentación aduanal, transporte, ferrocarriles, almacenamiento, compradores, operadores financieros y posibles omisiones o complicidades institucionales.
Si la Fiscalía concentra toda la atención en Ruffo por su relevancia política, podría producir un gran impacto mediático sin desmantelar el sistema completo.
La investigación debe identificar:
- Quiénes financiaron las operaciones.
- Qué empresas recibieron el combustible.
- Qué agentes tramitaron las importaciones.
- Qué funcionarios autorizaron o dejaron pasar los cargamentos.
- Dónde fue almacenado y comercializado.
- Cómo se movieron los recursos.
- Qué otros empresarios participaron.
- Si existieron servidores públicos beneficiados.
- Qué controles fallaron durante más de un año.
El huachicol fiscal no es únicamente un delito de empresarios.
Es una economía ilegal que aprovecha permisos, aduanas, infraestructura y vínculos institucionales.
La verdadera disputa es quién define la corrupción
Morena intenta convertir la defensa de Ruffo en evidencia de que PRI y PAN continúan unidos por relaciones construidas durante el viejo régimen.
La oposición responde que el oficialismo utiliza la justicia para perseguir adversarios y proteger a sus propios integrantes.
Ambas narrativas buscan apropiarse de una palabra: corrupción.
Pero la verdad jurídica no será definida por el comunicado más agresivo ni por el abogado con mayor prestigio.
Dependerá de la evidencia.
La Fiscalía deberá demostrar la participación de Ruffo. La defensa tendrá que confrontar los documentos, operaciones y relaciones empresariales presentadas. La jueza deberá resolver sin obedecer presiones partidistas.
Mientras tanto, el periodismo debe distinguir claramente entre acusación, defensa, vinculación y sentencia.
También debe reconocer algo más profundo.
Los gobiernos cambian, pero las estructuras de poder no desaparecen automáticamente.
Se transforman, contratan abogados, construyen nuevas alianzas y aprenden a presentarse como víctimas o salvadores según el momento político.
El expediente de Ruffo también examina al sistema
Fernando Gómez-Mont tiene derecho a defender a Ernesto Ruffo.
Ruffo tiene derecho a que la Fiscalía pruebe cada acusación.
Morena tiene derecho a señalar contradicciones políticas y exigir que el proceso continúe.
Pero ninguno de estos derechos elimina las responsabilidades públicas.
La defensa no puede sustituir explicaciones sobre las operaciones empresariales investigadas.
La pertenencia al PAN no demuestra culpabilidad, pero tampoco otorga inmunidad.
Y la bandera anticorrupción de Morena solo será creíble si se utiliza con la misma fuerza frente a opositores y aliados.
El caso Ruffo puede esclarecer una red de contrabando que habría causado miles de millones de pesos en pérdidas públicas.
También puede revelar otra estructura menos visible: la forma en que las élites políticas, económicas y jurídicas se reorganizan para sobrevivir a cada cambio de gobierno.
La justicia deberá decidir si existió delito.
La sociedad puede comenzar a discutir desde ahora por qué, después de tantos cambios políticos, los mismos nombres siguen apareciendo alrededor de los expedientes que explican el poder en México.