Martín Arango afirmó que la propuesta no busca cancelar las conferencias de Claudia Sheinbaum, sino obligar al gobierno a sustentar acusaciones, corregir información falsa y permitir la réplica. La legislación vigente, sin embargo, dirige esas obligaciones principalmente a concesionarios de radio y televisión.
Querétaro, Qro.— El presidente estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango, propuso que las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum estén sujetas a reglas similares a las previstas para los medios de comunicación en materia de derechos de las audiencias.
El dirigente sostuvo que el gobierno federal no debería exigir mecanismos de supervisión, rectificación y protección de audiencias para periodistas y concesionarios sin aceptar obligaciones equivalentes respecto de las afirmaciones difundidas desde Palacio Nacional.
“Desde Acción Nacional planteamos que las mismas reglas que Morena pretende imponer a los demás también se apliquen al gobierno”, declaró Arango.
De acuerdo con el panista, las mañaneras pueden utilizarse para formular acusaciones contra ciudadanos, periodistas, empresarios, organizaciones y dirigentes opositores sin que las personas señaladas tengan una posibilidad equivalente de responder dentro del mismo espacio.
Arango precisó que su partido no plantea cancelar las conferencias presidenciales ni limitar la libertad de expresión de Sheinbaum. La propuesta, aseguró, consiste en exigir que las acusaciones sean sustentadas, que la información falsa sea corregida y que las personas aludidas puedan ejercer el derecho de réplica.
Los lineamientos todavía están en consulta
La declaración surge mientras la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene abierta la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
El proceso comenzó el 27 de julio y concluirá el 21 de agosto de 2026. Su objetivo formal es recibir opiniones sobre los mecanismos mediante los cuales televidentes y radioescuchas podrán presentar observaciones, quejas y reclamaciones ante los medios de comunicación.
La consulta no significa que los lineamientos propuestos ya sean definitivos. Personas, organizaciones, empresas y sectores interesados pueden presentar observaciones antes de que la autoridad apruebe su versión final.
El PAN ha advertido que las disposiciones podrían permitir intervenciones gubernamentales en contenidos periodísticos y decisiones editoriales. Morena y el gobierno federal, por su parte, sostienen que buscan proteger a la población frente a información falsa, publicidad presentada como noticia y otras afectaciones a los derechos de las audiencias.
La ley regula concesionarios, no directamente conferencias
La propuesta de Arango enfrenta una distinción jurídica relevante.
La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en julio de 2025, establece obligaciones para los concesionarios que prestan servicios de radiodifusión. Entre ellas se encuentra contar con una defensoría de audiencias responsable de recibir, documentar, procesar y responder las quejas relacionadas con contenidos y programación.
Una conferencia de prensa organizada por el Poder Ejecutivo no es, por sí misma, un concesionario de radio o televisión. Por esa razón, los lineamientos dirigidos a las empresas y organismos de radiodifusión no serían aplicables automáticamente a la mañanera como evento gubernamental.
La situación puede ser diferente cuando el contenido de la conferencia es retransmitido por medios públicos. En ese caso, los canales o estaciones responsables de la transmisión sí forman parte del sistema de radiodifusión y deben cumplir las obligaciones establecidas para sus audiencias.
Precisamente, una de las posiciones expresadas por legisladores del PAN ha sido que la consulta determine si las reglas también deben abarcar a los medios públicos que retransmiten las conferencias federales y locales.
Arango no explicó qué reforma legal sería necesaria para sujetar directamente a la Presidencia a estos lineamientos, qué autoridad resolvería las reclamaciones ni cómo se garantizaría una réplica dentro de una conferencia administrada por el propio Ejecutivo.
Derecho de réplica y derechos de las audiencias no son idénticos
El dirigente panista justificó su propuesta en el artículo 6 de la Constitución, que reconoce el derecho de réplica y ordena que sea ejercido en los términos establecidos por la ley.
No obstante, el derecho de réplica cuenta con una legislación específica y no es exactamente equivalente a los derechos de las audiencias.
La ley reglamentaria del artículo 6 constitucional define la réplica como el derecho de una persona a solicitar la publicación o difusión de aclaraciones respecto de datos falsos o inexactos que le causen un agravio y hayan sido difundidos por medios, agencias de noticias o productores independientes.
Las defensorías de audiencias tienen un campo más amplio: reciben quejas sobre programación, accesibilidad, discriminación, publicidad, distinción entre opinión e información y otros contenidos transmitidos mediante radio y televisión.
Por tanto, afirmar que ambos mecanismos deben trasladarse de manera idéntica a las mañaneras requeriría una definición legal más precisa. La propuesta política del PAN plantea un principio de igualdad, pero todavía no desarrolla el procedimiento para convertirlo en una obligación exigible.
Morena sostiene que el PAN quiere silenciar al gobierno
El posicionamiento de Arango también responde a la acusación de Morena de que la oposición pretende cerrar el espacio desde el cual el gobierno contesta a sus críticos.
En un comunicado nacional, Morena defendió la mañanera como un ejercicio de información directa, transparencia y rendición de cuentas. El partido acusó al PAN y al PRI de intentar hablar y formular acusaciones sin permitir que el gobierno contraste sus versiones.
La declaración del dirigente queretano introduce una precisión frente a esa narrativa: Acción Nacional afirma que no propone cancelar las conferencias, sino someterlas a mecanismos de corrección y réplica.
La confrontación se concentra así en dos interpretaciones. Para Morena, imponer reglas a la mañanera puede convertirse en una forma de limitar la capacidad de respuesta del Ejecutivo. Para el PAN, excluirla de cualquier mecanismo de supervisión genera una ventaja para el gobierno frente a los medios regulados.
El poder también está sujeto a responsabilidades
La posibilidad de que el Ejecutivo mantenga mecanismos de comunicación directa con la población está protegida por la libertad de expresión y el derecho a difundir información de interés público. Sin embargo, el uso de recursos públicos y la capacidad institucional de la Presidencia también imponen responsabilidades.
Una tesis judicial publicada en 2025 determinó que la antigua sección “Quién es quién en las mentiras”, utilizada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vulneró derechos al operar sin reglas objetivas ni límites previamente establecidos.
El criterio judicial se refiere a aquella sección específica y no declara ilegales las conferencias matutinas. Sin embargo, sostiene que los mecanismos de comunicación del Ejecutivo deben respetar la libertad de prensa, el derecho de réplica, la legalidad y parámetros transparentes.
La propuesta de Arango abre una discusión pertinente sobre la responsabilidad de las autoridades cuando utilizan plataformas institucionales para señalar a personas. Pero también requiere mayor precisión jurídica para no confundir las obligaciones de un concesionario, los derechos de sus audiencias y las reglas aplicables a una conferencia gubernamental.
La igualdad que reclama el PAN no puede resolverse únicamente mediante una consigna. Necesita establecer quién vigilaría a la Presidencia, qué información podría dar lugar a una corrección, cómo se protegería la libertad política de la mandataria y qué procedimiento garantizaría a los señalados una respuesta efectiva sin convertir al Estado en censor de contenidos.