Ariadna Montiel sostuvo que los viajes del dirigente del PRI buscan presentar como persecución política las investigaciones abiertas en México. Moreno acudió por quinta ocasión a Washington durante el actual sexenio para denunciar a tres integrantes del INE. La controversia mezcla expedientes penales sin sentencia, libertad de expresión y una creciente internacionalización de la disputa partidista.
Por LYPmultimedios
Ciudad de México, 12 de agosto de 2026.— La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó al dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, de acudir reiteradamente a Estados Unidos para obtener protección política frente a las investigaciones que enfrenta en México por su gestión como gobernador de Campeche.
La declaración ocurrió después de que Moreno regresara a Washington para presentar ante el Departamento de Estado un documento contra tres integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), a quienes responsabiliza de limitar su libertad de expresión al ordenar el retiro de publicaciones en las que vinculó a Morena con expresiones como “narcopartido”, “narcogobierno” y “cártel”.
“Cada vez que una investigación alcanza a Alejandro Moreno o a su entorno intenta presentarse como perseguido político”, afirmó Montiel. Según la dirigente morenista, el priista pretende sustituir la defensa jurídica ante las instituciones mexicanas por una campaña internacional orientada a construir una narrativa de persecución.
La acusación de Morena, sin embargo, constituye una posición partidista y no una determinación judicial. Acudir ante autoridades, legisladores u organizaciones extranjeras no concede inmunidad frente a un proceso penal en México, pero tampoco representa por sí mismo una actividad ilegal.
Cinco viajes a Washington durante el actual sexenio
La visita no es un episodio aislado. Alejandro Moreno ha viajado cinco veces a Washington desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum: en febrero y agosto de 2025, así como en febrero, mayo y agosto de 2026.
En esos encuentros ha buscado colocar en la agenda estadounidense sus acusaciones sobre un supuesto deterioro democrático en México y presuntos vínculos entre figuras de Morena y grupos criminales. En mayo de 2026, incluso solicitó al gobierno estadounidense considerar al partido gobernante como una organización vinculada con el narcotráfico.
En su viaje más reciente, el dirigente priista denunció a los consejeros electorales Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Gómez, luego de que aprobaran medidas cautelares relacionadas con publicaciones difundidas en sus redes sociales y en las cuentas institucionales del PRI. Moreno calificó la determinación como censura y anunció su impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano que deberá resolver el fondo de la controversia.
La actuación del INE tampoco puede interpretarse todavía como una sentencia definitiva sobre la veracidad de las expresiones empleadas por Moreno. Las medidas cautelares son resoluciones preventivas, sujetas a revisión jurisdiccional, y no sustituyen el pronunciamiento final del Tribunal Electoral.
Una ofensiva internacional bajo presión judicial
La ofensiva de Moreno en Estados Unidos coincide con los procedimientos promovidos en México para retirarle el fuero constitucional.
La Fiscalía de Campeche lo ha señalado por un presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su administración estatal, entre 2015 y 2019. El expediente deriva de cuatro carpetas de investigación por supuestos actos de corrupción y se suma a una solicitud anterior, presentada en 2022, por posible enriquecimiento ilícito.
El procedimiento no ha concluido. Alejandro Moreno conserva el fuero como senador y no existe una sentencia que lo declare culpable de enriquecimiento ilícito, peculado o desvío de recursos. Incluso una solicitud inicial tuvo que ser retirada por errores relacionados con el cargo legislativo que ocupaba el priista al momento de su presentación.
También es falso que el Congreso ya hubiera aprobado su desafuero en abril de 2026, como circularon publicaciones en redes sociales.
Por ello, presentar a Moreno como responsable consumado de los delitos señalados excedería lo acreditado hasta ahora. Existen investigaciones, señalamientos fiscales y un procedimiento político-jurídico pendiente, pero no una condena.
Morena convierte la defensa jurídica en acusación de “traición”
Montiel fue más allá de cuestionar la estrategia internacional del dirigente priista. Afirmó que quienes solicitan respaldo extranjero para confrontar al gobierno mexicano incurren en una conducta de “traición a la patria” y buscan propiciar la intervención de otro país en asuntos internos.
La expresión tiene una carga política considerable, pero no debe confundirse con la configuración del delito de traición a la patria previsto en la legislación penal. Morena no informó que exista una resolución judicial que atribuya a Moreno esa conducta.
Tampoco toda denuncia formulada en el extranjero constituye injerencia. Partidos, organizaciones civiles, víctimas y opositores de distintos países recurren habitualmente a instancias internacionales cuando consideran agotadas o insuficientes las vías internas. El punto controvertido, en este caso, es que Moreno no acudió únicamente a un organismo multilateral de derechos humanos, sino al gobierno de Estados Unidos, en un contexto de tensión bilateral y de llamados para que Washington adopte medidas contra políticos mexicanos.
El dirigente del PRI tomó como referencia el caso del juez brasileño Alexandre de Moraes, sancionado por Estados Unidos después de imponer restricciones al expresidente Jair Bolsonaro. La comparación sugiere que Moreno no busca solamente denunciar una supuesta censura, sino convencer a Washington de ejercer presión sobre autoridades electorales mexicanas.
La detención mencionada por Morena requiere aclaraciones
Durante su conferencia, Ariadna Montiel aseguró que había sido detenido el contador de una empresa perteneciente al hermano de Alejandro Moreno, presuntamente por desvío de recursos.
El comunicado partidista no proporcionó el nombre completo del detenido, la fiscalía responsable, la causa penal, la empresa involucrada ni el monto presuntamente desviado. Tampoco fue localizado un comunicado público de la Fiscalía General de la República que permitiera corroborar de manera independiente esos datos.
En consecuencia, esa afirmación no debe presentarse como un hecho plenamente confirmado hasta que exista información oficial verificable. La relación laboral o profesional con un familiar de Moreno tampoco probaría, por sí misma, responsabilidad del dirigente priista.
Esta omisión resulta relevante porque Morena exige rigor a las acusaciones de su adversario mientras formula señalamientos que también requieren sustento documental.
Entre la rendición de cuentas y la victimización política
La disputa plantea dos problemas democráticos que pueden coexistir.
Por una parte, Alejandro Moreno tiene derecho a impugnar las decisiones del INE, denunciar lo que considere censura y buscar interlocución internacional. Ninguna investigación penal debería utilizarse para silenciar a un opositor ni anticipar una culpabilidad que únicamente puede determinar un tribunal.
Por otra, la denuncia de persecución política no elimina los expedientes abiertos ni sustituye la obligación de explicar el origen de su patrimonio y el destino de los recursos observados durante su administración. La condición de opositor tampoco otorga inmunidad automática frente a una investigación.
Ariadna Montiel acierta al señalar que una carta entregada en Washington no convierte una acusación en verdad. Ese mismo principio debe aplicarse a Morena: un comunicado partidista tampoco acredita delitos, encubrimiento o traición a la patria.
La discusión de fondo no debería resolverse mediante descalificaciones recíprocas ni con gestiones diplomáticas utilizadas como prolongación de la contienda electoral. Debe hacerlo la evidencia: carpetas de investigación sólidas, decisiones judiciales independientes y resoluciones electorales capaces de proteger simultáneamente el debate público y el derecho a no ser acusado falsamente de delitos.
Mientras eso no ocurra, Alejandro Moreno seguirá presentándose como perseguido y Morena continuará describiéndolo como un político que busca impunidad. Entre ambas narrativas permanece pendiente lo esencial: que las instituciones mexicanas determinen, con pruebas y sin cálculo partidista, si existe una responsabilidad penal.