Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 30 de junio de 2026.— El Congreso de Querétaro vivió una sesión donde se mezclaron asuntos de alto voltaje político con temas que tocan directamente la vida diaria de la ciudadanía: elecciones, justicia, estacionamientos, alimentos y vivienda.
La LXI Legislatura aprobó diversos dictámenes en una jornada que dejó clara una cosa: el Congreso no solo discute grandes reformas constitucionales; también decide reglas que afectan desde cómo se vota hasta cuánto se paga en una plaza comercial.
Uno de los temas principales fue la reforma vinculada al Poder Judicial, aprobada con 18 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. El dictamen plantea ajustar reglas del modelo de elección judicial, luego de que el proceso electoral judicial de 2025 mostrara tanto su viabilidad como sus complicaciones operativas.
La reforma busca establecer tiempos más claros, reducir el número de candidaturas, simplificar el voto ciudadano y mejorar el funcionamiento de los Comités de Evaluación para garantizar perfiles con competencia técnica y profesional.
En palabras simples: después de una primera experiencia compleja, se busca que la elección judicial sea más entendible para la ciudadanía y más operable para las instituciones.
El diputado Homero Barrera señaló que esta reforma reconoce complicaciones de la reforma original de 2024, pero sostuvo que también genera reglas más claras para su implementación.
El segundo debate fuerte fue la reforma constitucional sobre nulidad de elecciones por intervención extranjera, aprobada con 14 votos a favor y 9 en contra.
La medida incorpora como causal de nulidad electoral los actos graves de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados de una elección. El argumento de quienes la respaldan es que México necesita proteger la voluntad popular frente a financiamiento externo, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas.
El corazón del debate es delicado: cómo proteger la soberanía nacional sin abrir una puerta a interpretaciones políticas ambiguas.
La diputada Claudia Díaz defendió la reforma al considerar que fortalece la soberanía popular y la independencia de los procesos democráticos.
En la misma línea, Homero Barrera afirmó que la nueva causal elimina una laguna técnica que dificultaba al Tribunal Electoral actuar ante intervenciones externas graves.
Arturo Maximiliano García puntualizó que la reforma ya es vigente a nivel federal y subrayó un elemento clave: la “determinancia”. Es decir, que para anular una elección no bastaría señalar una intervención, sino acreditar que esta influyó de manera determinante en el resultado.
La oposición expresó reservas. Adriana Meza consideró que la reforma no define con precisión la nueva causal ni establece criterios claros. Teresita Calzada advirtió que la redacción es ambigua y podría generar condiciones para que, en 2027, se utilice como herramienta política si los resultados no favorecen al partido en el poder.
Guillermo Vega sostuvo que su voto en contra responde a que el decreto no incluye como causal de nulidad el uso de dinero del narcotráfico, mientras que Juliana Hernández alertó sobre una posible tendencia autoritaria y riesgo de incertidumbre jurídica.
Del otro lado, Laura Andrea Tovar defendió que soberanía significa que en México decidan las y los mexicanos, sin intervención de otro país. Eric Silva llevó el debate a una crítica más amplia sobre intereses extranjeros en Querétaro, al señalar casos de explotación de recursos y empleos mal remunerados.
La discusión dejó ver dos miedos distintos: el miedo a que intereses extranjeros intervengan en elecciones mexicanas y el miedo a que una regla mal definida pueda usarse para anular resultados incómodos.
Fuera de las reformas electorales, el Pleno también aprobó el dictamen que elimina la condición de validar boletos para acceder a la exención de pago en estacionamientos de plazas comerciales.
La medida busca que las dos horas gratuitas se ejerzan como un derecho real, sin obligar a las personas consumidoras a buscar módulos, sellos o validaciones innecesarias.
El diputado Enrique Correa explicó que la gratuidad ya es una obligación y debe ejercerse sin complicaciones.
Para la ciudadanía, este cambio es fácil de entender: si el beneficio existe, no debería depender de una fila, una validación escondida o un trámite confuso dentro de la plaza.
También fue aprobado un exhorto para fomentar la donación de alimentos aptos para consumo humano. La Legislatura pidió al Poder Ejecutivo implementar y coordinar acciones con sectores sociales, privados y de asistencia social para recuperar alimentos y distribuirlos entre personas y grupos en situación vulnerable.
La diputada Teresita Calzada sostuvo que garantizar alimentos sigue siendo un reto constante, mientras que Homero Barrera señaló que no se trata solo de promover donaciones, sino de construir mecanismos de solidaridad para familias que enfrentan carencias alimentarias todos los días.
El tema tiene una doble lectura: ayudar a quienes tienen hambre y reducir el desperdicio de alimentos que todavía podrían aprovecharse.
En contraste, el Pleno rechazó, con 8 votos a favor y 12 en contra, un exhorto dirigido a la Comisión Nacional de Vivienda, Sedatu e Infonavit para considerar la ampliación e incorporación de nuevos polígonos de actuación para vivienda en Querétaro.
El argumento del exhorto era que la falta de suelo apto y reglas actualizadas limita la construcción de vivienda accesible para personas de menores ingresos.
Enrique Correa advirtió que hay más de 40 mil créditos Infonavit congelados en Querétaro porque no pueden ejercerse ante la falta de vivienda social accesible.
Sin embargo, Andrea Tovar afirmó que ya existen proyectos de vivienda social en coordinación con el gobierno federal y señaló que los polígonos mencionados corresponden únicamente al municipio de Peñamiller.
La sesión dejó un mapa claro del momento político queretano: las reformas nacionales aterrizan en el Congreso local con lecturas divididas, mientras los temas cotidianos —estacionamiento, comida y vivienda— siguen mostrando dónde se cruza la política con la vida real.
Porque al final, una sesión legislativa no se mide solo por los votos del tablero. Se mide por lo que cambia fuera del Congreso: en la urna, en el bolsillo, en la mesa y en la posibilidad de tener una vivienda digna.