Por: Redacción de LYPmultimedios
Querétaro, 6 de julio de 2026.— La acusación es explosiva porque golpea el corazón de la narrativa antidrogas de Estados Unidos: la agencia que durante años advirtió que “una sola pastilla puede matar” habría permitido que cargamentos de fentanilo siguieran circulando en comunidades de Nuevo México para construir investigaciones más grandes contra redes de tráfico.
La denuncia no parte de una teoría anónima en redes sociales. Se sostiene en una investigación de Associated Press, basada en testimonios de agentes actuales y anteriores de la Drug Enforcement Administration, la DEA, así como en registros internos revisados por la agencia de noticias.
El señalamiento central es grave: entre 2023 y 2025, agentes federales habrían monitoreado cargamentos de fentanilo en Nuevo México, particularmente en Albuquerque, sin incautarlos de inmediato. La lógica investigativa habría sido permitir que la droga avanzara para identificar a mandos superiores, distribuidores y redes más amplias.
El problema es que no se trataba de cocaína, marihuana o heroína tradicional. Se trataba de fentanilo, una sustancia capaz de matar en dosis mínimas.
Por eso la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, elevó el caso a una acusación política y legal de gran escala. La mandataria afirmó que el gobierno federal incurrió en una “falla impresionante” y planteó que el estado podría buscar miles de millones de dólares en daños civiles por el impacto público de la crisis.
Pero hay una precisión indispensable: hasta ahora, lo verificado no prueba que la DEA haya fabricado, importado o “introducido” físicamente el fentanilo a Estados Unidos. Lo documentado es distinto, aunque igualmente delicado: agentes habrían sabido de cargamentos, los habrían vigilado y, en ciertos casos, no los habrían asegurado.
En otras palabras: la acusación no es que la DEA haya sido el proveedor directo, sino que habría dejado caminar la droga.
El caso Howell: el agente que rompió el silencio
El personaje clave es David Howell, agente especial de la DEA que presentó una queja interna como denunciante. Howell sostuvo que la estrategia de permitir que cargamentos siguieran su curso puso en riesgo a comunidades enteras.
Su frase más dura sintetiza el escándalo: la agencia habría “envenenado” a su propia comunidad para construir casos.
De acuerdo con la investigación de AP, Howell alertó desde 2023 que la táctica era peligrosa y posiblemente contraria a reglas internas del Departamento de Justicia diseñadas para proteger al público en investigaciones con fentanilo.
Uno de los episodios más citados ocurrió en junio de 2023, cuando agentes habrían descifrado comunicaciones codificadas, vigilado una transacción en un parque de casas móviles en Albuquerque y documentado la entrega de 74 mil pastillas. Aun así, según los reportes revisados por AP, el cargamento no fue incautado en ese momento.
También se reportó que días antes habría ocurrido otra entrega no asegurada. Howell lo resumió con una frase devastadora: los agentes se habrían sentado a mirar.
La pregunta que abre este caso es brutalmente sencilla: ¿hasta dónde puede llegar una investigación federal antes de convertirse en riesgo público?
El dilema de los “peces grandes”
La DEA y exfuncionarios federales han defendido, en términos generales, la lógica de perseguir a organizaciones mayores. La idea es conocida en investigaciones complejas: no detener de inmediato una transacción menor para llegar a jefes, coordinadores, financistas o redes completas.
Ese método puede tener sentido en ciertos delitos. Pero el fentanilo cambia la ecuación.
Un cargamento de fentanilo que entra a una ciudad no es una pieza pasiva de evidencia. Es una amenaza inmediata. Cada pastilla puede terminar en una bolsa, una esquina, una casa, una fiesta, una persona sin información real sobre lo que consume o una familia destruida por una sobredosis.
Con fentanilo, dejar pasar droga no es solo una táctica de vigilancia. Es apostar con vidas humanas.
Ahí está el centro ético del caso. La DEA sostiene que sus decisiones fueron parte de investigaciones complejas, autorizadas judicialmente y coordinadas con fiscales federales. Sus críticos responden que ninguna investigación justifica que sustancias letales lleguen a la calle cuando podían ser incautadas.
El dilema no es menor: ¿conviene permitir que un cargamento avance para capturar a un líder más importante si ese cargamento puede matar antes de que el caso llegue a juicio?
La respuesta, para la gobernadora de Nuevo México, es no.
La reacción de Lujan Grisham: “alguien debe pagar”
Michelle Lujan Grisham no solo pidió explicaciones. También planteó una ruta de consecuencias.
La gobernadora afirmó que llevará su reclamo ante la Casa Blanca y el Congreso para exigir garantías de que esta estrategia no se siga utilizando en Nuevo México ni se replique en otros estados.
También sostuvo que el gobierno federal debe responder por el daño causado, no solo con disculpas o investigaciones internas, sino con medidas estructurales, reparaciones y posibles responsabilidades.
Su argumento político es contundente: mientras el estado pedía ayuda para enfrentar la crisis del fentanilo, la propia agencia federal encargada de combatirlo habría permitido que parte de esa droga circulara.
Si eso se confirma, no sería solo una falla operativa. Sería una traición institucional a comunidades ya golpeadas por la adicción, la pobreza y la violencia.
Lujan Grisham también ha criticado a administraciones federales de distinto signo por no haber respondido con suficiencia a las solicitudes de Nuevo México para recibir más agentes, recursos y coordinación contra el fentanilo.
Eso vuelve el caso más complejo: no cabe cómodamente en una lectura partidista. Los hechos investigados abarcan años que cruzan cambios políticos en Washington, y la denuncia apunta a una cultura operativa dentro de una agencia federal, no únicamente a un presidente o partido.
El fiscal Raúl Torrez abre investigación penal
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, abrió una investigación para determinar si agentes federales violaron leyes estatales al permitir que cargamentos de fentanilo llegaran a comunidades del estado.
Torrez ha sido cuidadoso en reconocer un límite jurídico importante: los agentes federales tienen protecciones constitucionales cuando actúan dentro del marco de su autoridad. Pero también advirtió que los funcionarios federales no están por encima de la ley.
El punto legal será difícil.
Para responsabilizar penalmente a agentes o supervisores, las autoridades estatales tendrían que demostrar no solo que existieron cargamentos no incautados, sino que hubo conducta ilegal conforme a leyes de Nuevo México, conocimiento del riesgo, decisiones específicas y posible vínculo con daños concretos.
No basta la indignación. Se necesitará reconstruir quién sabía qué, quién autorizó qué, quién pudo impedirlo y por qué no se actuó.
La investigación también deberá enfrentar un obstáculo mayor: la coordinación entre agencias federales, fiscales y operaciones autorizadas judicialmente puede estar protegida por reglas de confidencialidad y supremacía federal. Pero aun con esos límites, el anuncio de Torrez marca algo inusual: un estado investigando formalmente la conducta de una agencia federal antidrogas.
La DEA responde: revisión independiente, pero sin aceptar culpa
La DEA no ha aceptado la caracterización de que permitió deliberadamente que el fentanilo dañara comunidades. Por el contrario, ha señalado que las descripciones públicas que sugieren eso son falsas o distorsionan los hechos.
La agencia sostiene que los casos en cuestión fueron investigaciones complejas, autorizadas por tribunales y coordinadas con fiscalías federales, enfocadas en organizaciones de tráfico más grandes.
Pero ante la presión pública, el administrador de la DEA, Terry Cole, envió una carta al Inspector General del Departamento de Justicia para solicitar una revisión independiente sobre las decisiones operativas, la supervisión y la forma en que la agencia respondió a las preocupaciones planteadas por Howell.
Ese movimiento es relevante. La DEA no está aceptando responsabilidad, pero sí reconoce que las acusaciones generaron suficiente atención pública y dudas como para ameritar una revisión externa.
La agencia quiere defender su integridad institucional; Nuevo México quiere saber si esa integridad costó vidas.
El precedente incómodo: “dejar caminar” evidencia peligrosa
La controversia recuerda otras tácticas fallidas en la historia de la guerra contra las drogas y las armas, donde autoridades permitieron que bienes ilegales siguieran circulando con el objetivo de rastrear redes criminales mayores.
El caso más citado es Rápido y Furioso, operación estadounidense en la que armas fueron dejadas “caminar” hacia México con la intención de seguirlas hasta organizaciones criminales. Aquella operación terminó convertida en símbolo de fracaso, opacidad y daño transfronterizo.
La comparación no es perfecta, pero sí revela una lógica común: cuando el Estado permite que un instrumento letal circule para intentar construir un caso más grande, el riesgo puede salirse de control.
Con fentanilo, el riesgo es todavía más inmediato. Una pastilla no necesita dispararse para matar. Basta con que sea consumida.
La estrategia de “dejar caminar” puede sonar sofisticada en una sala de operaciones. En una comunidad con sobredosis, suena a abandono.
Nuevo México: un estado ya herido por el fentanilo
La gravedad política del caso se entiende mejor al mirar dónde ocurrió.
Nuevo México ha sido uno de los estados más golpeados por la crisis de sobredosis. Mientras a nivel nacional las muertes por sobredosis han mostrado descensos recientes, Nuevo México registró un aumento importante, según datos gubernamentales retomados por AP.
La zona de Albuquerque y regiones del norte del estado, como el valle de Española y condados cercanos, arrastran una larga historia de adicción, pobreza, rutas de distribución y vulnerabilidad social.
Por eso las acusaciones duelen más. No se trata de un experimento táctico en un lugar sin daño previo. Se trata de comunidades donde el fentanilo ya era una emergencia humana.
En un territorio donde muchas familias ya entierran a sus hijos, cada cargamento no incautado se vuelve una pregunta moral.
Lujan Grisham ha puesto rostro a esa crisis al recordar casos de niñas, niños y familias destruidas por el consumo accidental o indirecto de drogas. AP subrayó, además, un punto central: hasta ahora no está claro si alguna muerte específica puede atribuirse directamente a esta estrategia de la DEA.
Esa precisión importa. El caso debe investigarse con rigor, no con conclusiones anticipadas. Pero la ausencia de una atribución directa no elimina la pregunta pública: si una agencia permitió que circulara fentanilo que pudo haber sido asegurado, ¿qué responsabilidad tiene por aumentar el riesgo?
México en el espejo de la denuncia
Para México, este caso tiene una relevancia especial.
Durante años, el debate estadounidense ha colocado el fentanilo casi exclusivamente como un problema que llega desde México: laboratorios clandestinos, cárteles, precursores, rutas fronterizas y organizaciones criminales mexicanas.
Nada de eso debe minimizarse. El tráfico de fentanilo es real, transnacional y letal.
Pero la denuncia en Nuevo México introduce una capa que incomoda a Washington: también hay decisiones internas de agencias estadounidenses que pueden agravar la crisis.
Si la DEA permitió cargamentos no incautados para construir casos mayores, entonces la conversación no puede reducirse a “México produce y Estados Unidos padece”. También debe analizarse cómo operan las agencias estadounidenses, qué prioridades tienen, qué tácticas usan, qué daños toleran y quién supervisa sus decisiones.
La crisis del fentanilo no puede explicarse con una sola frontera ni con un solo culpable. Es una cadena: precursores químicos, producción, tráfico, corrupción, distribución, consumo, armas, lavado de dinero, fallas de salud pública y decisiones policiales.
El caso Nuevo México obliga a mirar el lado estadounidense de la crisis con la misma dureza con la que se exige mirar el lado mexicano.
Lo que está probado, lo que está en disputa y lo que falta saber
En una investigación de esta sensibilidad, separar niveles de certeza es indispensable.
Lo que está probado públicamente es que AP documentó, mediante testimonios y registros, operaciones en las que agentes monitorearon cargamentos de fentanilo que no fueron incautados de inmediato. También está probado que la gobernadora Lujan Grisham pidió investigaciones y posibles daños civiles, que el fiscal Raúl Torrez abrió una pesquisa estatal y que la DEA solicitó revisión del Inspector General.
Lo que está en disputa es la interpretación de esas acciones. Para Howell, la gobernadora y críticos locales, se trató de una estrategia peligrosa que dejó que el fentanilo llegara a comunidades vulnerables. Para la DEA, la caracterización pública exagera o distorsiona investigaciones complejas que buscaban desarticular organizaciones mayores.
Lo que falta saber es aún más importante:
¿Quién autorizó cada decisión?
¿Cuántos cargamentos fueron vigilados sin incautación?
¿Cuántas pastillas llegaron efectivamente a las calles?
¿Hubo coordinación con fiscales?
¿Se notificó a autoridades estatales o locales?
¿Se violaron protocolos del Departamento de Justicia?
¿Se puede rastrear algún daño directo?
¿Hubo represalias contra el denunciante?
¿Qué cambios hará la DEA si el Inspector General confirma fallas?
La historia apenas entra en su fase más importante: la de los documentos, responsabilidades y consecuencias.
Una crisis de confianza
Más allá de la investigación penal o administrativa, el daño institucional ya ocurrió.
La DEA necesita confianza pública para operar. Esa confianza se sostiene en una promesa básica: que la agencia está ahí para quitar drogas peligrosas de la calle, no para permitir que sigan circulando con fines estratégicos.
Cuando esa promesa se rompe o incluso parece romperse, las comunidades empiezan a preguntarse si fueron usadas como campo de prueba.
Albuquerque no es una abstracción. Nuevo México no es un mapa operativo. Son familias, barrios, hospitales, morgues, centros de tratamiento, madres, padres, niñas, niños y personas atrapadas en una epidemia que ya ha cobrado demasiado.
La guerra contra las drogas suele hablar de grandes organizaciones. Pero quienes mueren casi siempre son personas comunes.
Por eso este caso no puede cerrarse con una revisión interna discreta ni con una frase burocrática sobre “mejoras operativas”. Necesita una rendición de cuentas clara, pública y verificable.
Si las acusaciones son falsas o están distorsionadas, la DEA debe demostrarlo con documentos. Si son ciertas, debe haber consecuencias reales.
La pregunta que Estados Unidos debe responder
El escándalo de Nuevo México no solo habla de fentanilo. Habla de poder.
¿Quién vigila a las agencias que vigilan?
¿Quién decide cuánto riesgo puede imponerse a una comunidad?
¿Quién responde cuando una táctica federal se convierte en daño local?
¿Quién escucha a los denunciantes antes de que la prensa revele el escándalo?
La gobernadora Lujan Grisham ha convertido esas preguntas en una batalla política. El fiscal Torrez intenta llevarlas al terreno jurídico. La DEA busca que el Inspector General determine si sus decisiones fueron correctas o si deben corregirse.
Mientras tanto, el país enfrenta una contradicción dolorosa: la misma agencia que advierte que el fentanilo mata con una sola pastilla ahora debe explicar por qué, según registros y testimonios, permitió que cargamentos enteros no fueran asegurados de inmediato.
El fentanilo no permite errores cómodos. Cada decisión puede tener consecuencias irreversibles.
Y esa es la razón por la que Nuevo México no está pidiendo solo una explicación.
Está pidiendo que Estados Unidos mire hacia adentro y responda si, en nombre de atrapar a los grandes traficantes, terminó dejando solas a las comunidades que decía proteger.