Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México / Culiacán, Sinaloa, 13 de julio de 2026.— Rubén Rocha Moya reapareció, pero no regresó al gobierno. Tampoco fue declarado inocente, detenido, extraditado ni públicamente exonerado. Después de 69 días de ausencia, el gobernador con licencia de Sinaloa volvió a hablar y bastó ese mensaje para reactivar una de las disputas políticas más delicadas del país: si podrá recuperar el cargo mientras continúa bajo acusación judicial en Estados Unidos.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró este domingo que el Gobierno federal estaría construyendo las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para devolverle el poder.
La acusación es grave. También es, hasta ahora, una acusación sin pruebas públicas que demuestren la existencia de esa operación.
En su comunicado, Acción Nacional no presentó documentos gubernamentales, resoluciones legislativas, negociaciones conocidas, comunicaciones institucionales ni una fecha prevista para la reincorporación. La idea de un regreso preparado desde Palacio Nacional es la interpretación política del PAN, no un hecho confirmado.
Rocha Moya no está exonerado, pero tampoco condenado
El caso comenzó formalmente el 29 de abril, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, los acusados presuntamente colaboraron con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos, protección institucional y apoyo político. Rocha ha rechazado categóricamente los señalamientos.
La existencia de una acusación formal vuelve el asunto mucho más serio que un rumor, una columna periodística o una confrontación partidista. Pero tampoco permite presentar a Rocha como culpable antes de que las pruebas sean evaluadas en un proceso judicial.
Por esa razón, LYPmultimedios no adopta la expresión “narcogobernador” utilizada por el PAN como si fuera una condición acreditada. Se trata de una etiqueta partidista que anticipa una sentencia inexistente.
La presunción de inocencia, sin embargo, tampoco puede convertirse en sinónimo de silencio institucional. Rocha no ha sido declarado culpable, pero el Gobierno mexicano tampoco ha demostrado públicamente que las imputaciones estadounidenses sean falsas.
Entre ambas posiciones existe un espacio que las autoridades tienen la obligación de llenar con pruebas, transparencia y debido proceso.
La licencia suspendió el ejercicio del poder, no terminó el mandato
Rocha solicitó licencia el 1 de mayo. En su mensaje afirmó que se separaría del cargo mientras duraran las investigaciones de la FGR, con el propósito de facilitar su actuación y evitar dudas relacionadas con el fuero constitucional.
Un día después, el Congreso de Sinaloa autorizó por mayoría su separación temporal por más de 30 días y designó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde. El acuerdo no declaró una ausencia definitiva ni extinguió el mandato obtenido por Rocha en las elecciones de 2021.
La Constitución de Sinaloa establece que las faltas temporales superiores a 30 días serán cubiertas por una persona nombrada como gobernadora o gobernador interino por el Congreso. El artículo citado regula la suplencia, pero no desarrolla por sí mismo un procedimiento detallado para una reincorporación después de una licencia sin fecha determinada.
Por ello, el PAN tiene razón en un punto esencial: la licencia no fue una destitución ni una renuncia.
Pero su afirmación de que Rocha solamente tendría que comunicar su retorno para desplazar automáticamente a la gobernadora interina necesita una explicación jurídica oficial. El Congreso estatal debe aclarar si bastaría una notificación, si se requiere un nuevo acuerdo legislativo y qué ocurriría con la licencia que el propio gobernador vinculó a la duración de una investigación todavía inconclusa.
La reaparición ocurrió sin una resolución de fondo
Rocha rompió el silencio el 9 de julio a través de su cuenta en X. Aseguró que permanecía en su casa en Culiacán, negó estar oculto o bajo custodia federal y afirmó que había sido víctima de una campaña política y mediática.
También sostuvo que la acusación estadounidense busca perjudicar la soberanía mexicana y estigmatizar al movimiento político al que pertenece.
Su reaparición respondió preguntas sobre su paradero, pero no resolvió ninguna de las interrogantes judiciales.
No explicó si ya compareció nuevamente ante la FGR, qué diligencias se han practicado, si el Ministerio Público mexicano recibió nuevas pruebas de Estados Unidos, cuándo concluiría la investigación ni si contempla volver a la gubernatura.
La ausencia de respuestas permitió que el PAN construyera la narrativa de un retorno inminente.
Jorge Romero afirmó que Rocha reapareció “envalentonado” porque se siente protegido por Morena. También acusó al Gobierno federal de preparar el camino para regresarlo al poder. Sin embargo, el comunicado panista no demuestra que exista ya una decisión, acuerdo o instrucción oficial en ese sentido.
La FGR dejó el caso en un limbo que alimenta todas las sospechas
Al conocerse la solicitud estadounidense, la Fiscalía General de la República sostuvo que no había pruebas suficientes para justificar una detención provisional con fines de extradición.
La institución señaló que abriría una investigación mexicana para revisar las imputaciones y determinar si existían datos que pudieran sostener una acción penal conforme a las leyes nacionales.
Esa decisión podía ser jurídicamente razonable: una petición extranjera no debe ejecutarse automáticamente sin comprobar que cumple con el tratado de extradición, los derechos humanos y los estándares probatorios mexicanos.
El problema es lo que ocurrió después.
Más de dos meses después de la acusación, la FGR no había presentado públicamente un balance suficiente sobre sus avances, diligencias, cooperación con Estados Unidos o situación jurídica de Rocha. Ese hermetismo ha creado un limbo donde el gobernador con licencia no está formalmente exonerado ni sujeto a una orden de detención en México.
La opacidad beneficia simultáneamente a todas las narrativas.
Rocha puede decir que no hay pruebas en su contra. Morena puede denunciar injerencia extranjera. El PAN puede hablar de impunidad y protección. Estados Unidos puede sostener su acusación sin someter todavía sus pruebas al escrutinio de un juicio.
La ciudadanía, en cambio, continúa sin saber qué parte de todo esto está acreditada.
El asesinato de Cuén no puede utilizarse sin precisión
Jorge Romero incorporó en su pronunciamiento otros expedientes y controversias: la posible intervención del crimen organizado en las elecciones de 2021, el asesinato de Héctor Melesio Cuén, presuntos contratos vinculados con el entorno familiar de Rocha y la supuesta entrega de áreas gubernamentales a operadores criminales.
Son señalamientos de enorme gravedad, pero no todos pertenecen al mismo expediente ni han sido probados judicialmente.
La FGR ha confirmado que la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén continúa abierta y que la versión inicial presentada por la Fiscalía de Sinaloa tuvo inconsistencias importantes. Sin embargo, la propia institución ha señalado que ese caso no debe confundirse automáticamente con la acusación estadounidense contra Rocha.
También se ha informado sobre investigaciones relacionadas con una posible intervención criminal en el proceso electoral sinaloense de 2021, pero no existe hasta ahora una sentencia que determine responsabilidad penal de Rocha Moya por esos hechos.
La oposición tiene derecho a exigir investigaciones. Lo que no debe hacer es presentar todos los indicios, sospechas y expedientes inconclusos como una sola condena política anticipada.
El Gobierno federal tampoco puede responder solamente con “soberanía”
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que no protegerá a ninguna persona funcionaria si existen pruebas y ha cuestionado que Estados Unidos formule acusaciones sin entregar elementos suficientes a las autoridades mexicanas.
Ese reclamo es legítimo. México no puede renunciar a su soberanía judicial ni permitir que una fiscalía extranjera determine unilateralmente la culpabilidad de sus autoridades.
Pero la defensa de la soberanía no sustituye la obligación de investigar.
El Gobierno federal debe evitar dos extremos: aceptar sin revisión todo lo que acusa Washington o descalificar automáticamente cualquier expediente estadounidense como una maniobra política.
Si las pruebas son insuficientes, la FGR debe explicarlo con argumentos verificables. Si existen elementos contra Rocha, debe actuar sin importar su militancia. Lo que resulta insostenible es prolongar un silencio que termina pareciéndose a protección, incluso cuando esa protección no haya sido probada.
Morena enfrenta un dilema político mayor que un solo gobernador
El caso toca una de las zonas más sensibles para Morena: la instalación de la palabra “narcopolítica” en la conversación nacional.
Para la oposición, Rocha representa la oportunidad de convertir las acusaciones de Estados Unidos en una impugnación contra todo el movimiento. El PAN no cuestiona únicamente a un gobernador; intenta asociar a Morena con la captura criminal de las instituciones.
Para Morena, defender a Rocha sin una investigación transparente implica asumir un costo colectivo. Pero abandonarlo antes de conocer las pruebas podría validar la intervención política de una autoridad extranjera sobre un gobierno electo en México.
La salida democrática no consiste en blindarlo ni en condenarlo desde una conferencia partidista.
Consiste en investigar con autonomía, publicar lo que legalmente pueda transparentarse y permitir que las instituciones determinen responsabilidades.
Si Rocha regresara al cargo antes de que la FGR explique con claridad el estado de su expediente, la decisión sería jurídicamente discutible y políticamente explosiva. No porque su culpabilidad esté demostrada, sino porque recuperaría el poder sin que la causa que justificó su licencia haya sido públicamente resuelta.
Mientras se disputa su regreso, Sinaloa sigue enfrentando la violencia
La discusión no ocurre en un estado políticamente estable.
Sinaloa continúa bajo tensión por los enfrentamientos entre grupos criminales y las operaciones federales. El 6 de julio, una emboscada contra fuerzas federales dejó un elemento de la Marina muerto y otros tres heridos; posteriormente se registró otro enfrentamiento en el sur del estado.
Para quienes viven en Sinaloa, el debate sobre Rocha no es solamente una disputa entre Morena y el PAN.
Está relacionado con la capacidad del gobierno para garantizar seguridad, esclarecer homicidios, proteger comercios, evitar desplazamientos y demostrar que las instituciones no se encuentran subordinadas a intereses criminales.
La pregunta ciudadana no es únicamente quién ocupará la oficina del gobernador. Es si esa oficina puede gobernar con legitimidad mientras permanecen dudas tan graves sobre el funcionamiento del Estado.
Las preguntas que deben responderse antes de cualquier regreso
La FGR debe informar, dentro de los límites legales, qué diligencias ha practicado y en qué etapa se encuentra la investigación.
El Gobierno federal debe decir claramente si existe o no alguna conversación política sobre la reincorporación de Rocha.
El Congreso de Sinaloa debe explicar el procedimiento constitucional aplicable y si la gobernadora interina permanecerá hasta que exista una resolución sobre el expediente.
Rocha Moya debe aclarar si pretende volver al cargo y por qué consideraría concluida la causa que él mismo invocó para separarse.
El PAN, por su parte, debe presentar las pruebas con las que sostiene que el regreso ya está siendo preparado desde el Gobierno federal.
Sin esas respuestas, México queda atrapado entre dos formas de propaganda: la que convierte una acusación en condena automática y la que convierte la falta de una orden de aprehensión en certificado de inocencia.
Rocha Moya reapareció, pero la verdad todavía no.
Y antes de discutir si puede volver a sentarse en la oficina del gobernador, las instituciones deberían explicar qué hicieron durante los 69 días en que esa silla permaneció ocupada por una mandataria interina y rodeada por un silencio que nadie ha logrado justificar.