Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 26 de junio de 2026.— La diputada Ginna Guzmán, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, presentó avances de la agenda legislativa que analiza dicho órgano, con iniciativas enfocadas en inclusión, seguridad alimentaria, vivienda digna, derechos de personas adultas mayores y protección de sectores en situación de vulnerabilidad.
La comisión concentra una de las agendas más sensibles del Congreso local: aquella que toca la vida cotidiana de quienes enfrentan mayores barreras para acceder a derechos. No se trata únicamente de dictaminar expedientes, sino de definir qué tan lejos puede llegar el poder público para corregir desigualdades, ampliar protección social y responder a necesidades urgentes.
Como parte de los asuntos turnados para su análisis y dictaminación, Guzmán informó que la comisión revisa diversas propuestas relacionadas con la Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Querétaro, entre ellas reformas a su artículo 4, modificaciones a distintas disposiciones y ajustes vinculados con el reconocimiento de derechos, accesibilidad e integración social.
El bloque de iniciativas sobre discapacidad revela una prioridad legislativa clara: actualizar el marco jurídico para que la inclusión no sea solo discurso, sino obligación institucional. En Querétaro, como en el resto del país, las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras físicas, administrativas, económicas y culturales que limitan su participación plena en la vida pública.
Entre los temas turnados también se encuentra una iniciativa de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal y al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a suscribir el convenio para la universalización de la pensión para personas con discapacidad permanente.
Esta propuesta coloca sobre la mesa una discusión de alto impacto social: la necesidad de coordinar recursos federales y estatales para que la protección económica llegue a más personas con discapacidad permanente. La universalización de apoyos no solo representa ingreso, sino autonomía, cuidados, movilidad y condiciones mínimas de dignidad.
La comisión también analiza iniciativas vinculadas con la donación de alimentos, entre ellas la propuesta para fomentar esta práctica y la creación de una ley específica para promover la donación altruista de alimentos en el estado.
El tema es especialmente relevante porque conecta dos problemas públicos que no deberían coexistir: familias con dificultades para alimentarse y alimentos aptos para consumo que terminan desperdiciados. La donación alimentaria, bien regulada, puede convertirse en una herramienta de justicia social, reducción de desperdicio y apoyo directo a comunidades en situación de vulnerabilidad.
Otro eje de trabajo está relacionado con los derechos de las personas adultas mayores. Entre los expedientes turnados se encuentra una iniciativa para reformar artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Querétaro, así como una modificación al Código Civil estatal en materia de alimentos de hijos a padres en la vejez.
Ese punto abre una conversación incómoda, pero necesaria: el envejecimiento de la población exige nuevas responsabilidades familiares, institucionales y comunitarias. La vejez no puede ser tratada como una etapa invisible ni como una carga privada; requiere políticas públicas, redes de cuidado y marcos legales que protejan derechos.
En materia de vivienda, la comisión recibió un exhorto dirigido a la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el objetivo de considerar la ampliación e incorporación de nuevos polígonos de actuación para el desarrollo de vivienda en Querétaro.
La vivienda aparece como uno de los temas estructurales para el futuro social del estado. En una entidad con crecimiento urbano acelerado, expansión industrial y presión inmobiliaria, garantizar vivienda digna implica discutir suelo, movilidad, servicios, accesibilidad, planeación territorial y derecho a la ciudad.
Guzmán señaló que cada propuesta se analiza con responsabilidad, diálogo y compromiso, privilegiando aquellas acciones orientadas a fortalecer el desarrollo social, la inclusión, el acceso a una vivienda digna y la protección de derechos de personas en situación de mayor vulnerabilidad.
“Seguimos impulsando un trabajo legislativo comprometido con el bienestar de Querétaro y con la construcción de mejores oportunidades para quienes más lo necesitan”, comentó la diputada.
La agenda presentada por la comisión tiene una lectura política de fondo: el desarrollo social no puede medirse únicamente en crecimiento económico, sino en la capacidad de proteger a quienes viven con mayor desigualdad.Personas con discapacidad, adultos mayores, familias sin vivienda adecuada y hogares con inseguridad alimentaria requieren respuestas concretas, no solo diagnósticos.
La revisión de estos expedientes legislativos marcará una parte importante de la discusión social en la LXI Legislatura. El reto será que las iniciativas no queden atrapadas en el archivo parlamentario y puedan traducirse en leyes, acuerdos y políticas públicas con impacto real en la vida de las personas.
En tiempos donde la desigualdad suele esconderse detrás de cifras generales, la comisión que preside Ginna Guzmán tiene frente a sí una tarea esencial: convertir el trabajo legislativo en una herramienta para ampliar derechos, cuidar la dignidad y construir un Querétaro menos indiferente ante sus sectores más vulnerables.
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