Enrique Correa y Andrea Domínguez entregaron al Congreso estatal una propuesta que contempla atención especializada, capacitación médica, un registro de pacientes y medidas para evitar afectaciones académicas y laborales. El proyecto apenas inicia su ruta legislativa.
Santiago de Querétaro, Qro.— El diputado local Enrique Correa Sada y la activista Andrea Domínguez Castro presentaron ante la Legislatura de Querétaro una iniciativa para crear una ley estatal de atención integral de la endometriosis, enfermedad crónica cuyo diagnóstico puede demorarse hasta 12 años debido, entre otros factores, a la normalización del dolor menstrual.
La propuesta fue entregada en la Oficialía de Partes después del foro “Endometriosis: construyendo una respuesta legislativa”. Su contenido plantea garantizar el diagnóstico temprano, la atención especializada y el tratamiento integral, además de capacitar al personal sanitario y desarrollar campañas de información sobre salud menstrual.
También contempla la creación de un Registro Estatal de Endometriosis, medidas para proteger la continuidad académica de las estudiantes y mecanismos de apoyo laboral, entre ellos incapacidades y ajustes que eviten actos de discriminación.
La presentación formal no significa que las medidas hayan entrado en vigor. La iniciativa deberá ser turnada a las comisiones correspondientes, analizada, eventualmente modificada y sometida a votación. En caso de aprobarse, todavía requerirá disposiciones operativas, recursos presupuestales y coordinación entre autoridades sanitarias, educativas y laborales.
Una enfermedad frecuentemente invisibilizada
La endometriosis es una enfermedad crónica en la que crece tejido similar al revestimiento interno del útero fuera de ese órgano. Se presenta principalmente en la pelvis, aunque también puede afectar ovarios, intestinos, abdomen y, en casos menos frecuentes, otras partes del cuerpo.
Entre sus manifestaciones se encuentran dolor menstrual intenso, dolor pélvico crónico, sangrado abundante, molestias durante las relaciones sexuales, fatiga y problemas de fertilidad. Los síntomas varían entre pacientes y su intensidad no siempre corresponde con la extensión de las lesiones.
La Organización Mundial de la Salud calcula que afecta aproximadamente a 190 millones de mujeres en edad reproductiva, alrededor de 10 por ciento de esa población mundial. También puede presentarse en hombres trans y personas no binarias que menstrúan.
El organismo internacional advierte que el diagnóstico puede tardar entre cuatro y 12 años. La demora se relaciona con síntomas diversos, acceso desigual a especialistas y la creencia social de que el dolor incapacitante durante la menstruación debe soportarse como algo normal.
Actualmente no existe una cura definitiva. Los tratamientos se determinan de acuerdo con los síntomas, la gravedad, la disponibilidad de servicios, los efectos secundarios y las decisiones reproductivas de cada paciente. Pueden incluir medicamentos para controlar el dolor, tratamientos hormonales y, en determinados casos, cirugía especializada.
Del testimonio personal a la iniciativa
Durante el foro, Andrea Domínguez relató que durante años vivió con dolor y alteraciones menstruales que llegó a considerar normales. Su experiencia, explicó, la llevó a promover una respuesta legislativa para otras niñas, adolescentes y mujeres que enfrentan síntomas semejantes.
“Que algo suceda todos los meses no significa que tengamos que normalizar vivir con ello”, expresó. Domínguez sostuvo que la discusión no se limita a una enfermedad, sino que involucra la dignidad, la educación, el trabajo y el derecho de las pacientes a ser escuchadas.
El médico Fernando Paredes señaló que uno de los principales síntomas es el dolor incapacitante y advirtió sobre la insuficiencia de especialistas para diagnosticar y atender casos complejos. Añadió que algunas pacientes necesitan cirugía, pero esos procedimientos deben ser valorados y realizados por personal con experiencia debido a los riesgos involucrados.
México cuenta con una Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis, dirigida al personal de los tres niveles de atención. El documento busca estandarizar la detección, la referencia oportuna y las intervenciones terapéuticas.
La existencia de lineamientos nacionales, sin embargo, no garantiza por sí sola que todas las pacientes accedan a estudios, especialistas o tratamientos. La Secretaría de Salud federal estima que en México más de siete millones de mujeres podrían vivir con endometriosis, muchas de ellas sin diagnóstico.
Registro, educación y derechos laborales
Uno de los componentes centrales de la iniciativa es la creación de un registro estatal. Un instrumento de esta naturaleza podría permitir conocer la cantidad de diagnósticos, distribución territorial, necesidades médicas y demanda de atención especializada.
Su funcionamiento deberá acompañarse de reglas estrictas de confidencialidad. La información ginecológica y reproductiva constituye un conjunto de datos personales sensibles, por lo que el eventual registro tendría que precisar quién podrá consultarlo, con qué finalidad y bajo qué mecanismos de protección.
En el ámbito educativo, la propuesta busca evitar que las ausencias provocadas por dolor, consultas o tratamientos deriven automáticamente en rezago o abandono escolar. Para ello plantea mecanismos que protejan la continuidad académica de las estudiantes.
En materia laboral se proponen incapacidades y ajustes razonables sin discriminación. Su aplicación tendrá que armonizarse con la legislación laboral y de seguridad social, así como definir criterios médicos que impidan que el acceso dependa de decisiones discrecionales de empleadores o autoridades.
El planteamiento responde a un problema documentado: la OMS reconoce que el dolor provocado por la endometriosis puede impedir asistir a la escuela o al trabajo, reducir ingresos y generar costos adicionales para las familias.
Los aspectos que deberá precisar el Congreso
El proyecto abre una discusión necesaria, pero su eficacia dependerá de los detalles que se incorporen durante el análisis legislativo.
Entre los asuntos pendientes de precisar se encuentran el presupuesto requerido, la dependencia que administraría el registro, la disponibilidad de médicos especializados, los protocolos de referencia entre centros de salud y hospitales, los plazos de implementación y los mecanismos para evaluar resultados.
También será necesario determinar qué instituciones estarán obligadas a brindar atención, cómo se garantizará el acceso fuera de la zona metropolitana y de qué manera se coordinarán los sistemas estatal y federal de salud.
La distancia entre una ley declarativa y una política pública efectiva suele encontrarse precisamente en esos elementos. Reconocer el derecho constituye un primer paso; garantizar personal, medicamentos, estudios diagnósticos y atención continua es lo que puede modificar la experiencia de las pacientes.
Correa afirmó que la propuesta fue construida con la participación de pacientes, especialistas y organizaciones civiles. Al entregar el documento, señaló que reconocer el dolor es una condición indispensable para comenzar a garantizar derechos.
La iniciativa queda ahora en manos del Congreso. Su avance dependerá de que el testimonio recogido en el foro se traduzca en obligaciones verificables, recursos suficientes y servicios accesibles, no únicamente en una nueva declaración legislativa.