Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Querétaro, 21 de julio de 2026.— Una ley puede declarar que los primeros años de vida son prioritarios. Pero una familia necesita algo más concreto: consultas disponibles, vacunas, nutrición, espacios de cuidado, educación inicial, detección oportuna de alteraciones del desarrollo y tiempo suficiente para criar sin quedar fuera del mercado laboral.
La diputada panista Leonor Mejía Barraza presentó una iniciativa para fortalecer la atención integral a niñas y niños desde el embarazo hasta los seis años y promover la coordinación entre las instituciones estatales responsables de salud, educación, desarrollo social y protección de derechos.
La propuesta parte de una idea difícil de discutir: las experiencias de los primeros años influyen en el aprendizaje, la salud, el desarrollo emocional y la convivencia durante el resto de la vida.
El desafío es convertir ese consenso en obligaciones que puedan medirse.
El comunicado legislativo no informa todavía qué artículos serían modificados, cuánto dinero requeriría la implementación, qué dependencia coordinaría la política ni qué consecuencias existirían si las instituciones no cumplen.
El desarrollo comienza antes del salón de clases
La primera infancia suele comprender el periodo que va desde el nacimiento hasta los cinco o seis años, aunque algunas políticas incorporan también el embarazo por su relación con la salud materna, la nutrición y el desarrollo prenatal.
Durante esos años el cerebro se desarrolla a una velocidad excepcional. UNICEF señala que pueden formarse más de un millón de nuevas conexiones neuronales por segundo y que la calidad de las primeras experiencias puede fortalecer o debilitar las bases del aprendizaje, la salud y el comportamiento.
Esto no significa que el futuro de una persona quede definido de manera irreversible antes de cumplir seis años.
El cerebro continúa cambiando durante toda la vida. Pero la primera infancia representa una etapa de especial sensibilidad en la que la nutrición, el cuidado, la estimulación, la seguridad y las relaciones afectivas pueden tener efectos profundos.
Por ello, una política integral no puede reducirse a abrir guarderías ni comenzar antes la escolarización.
Debe articular:
- Salud prenatal y materna.
- Lactancia y nutrición.
- Vacunación.
- Detección del desarrollo.
- Educación inicial.
- Cuidado infantil.
- Protección contra la violencia.
- Apoyo a madres, padres y personas cuidadoras.
- Atención a discapacidad y neurodivergencia.
- Espacios públicos seguros.
- Registro de nacimiento e identidad.
La cifra del 90% necesita precisión
Leonor Mejía señaló que durante los primeros años se forma cerca de 90% de las conexiones neuronales.
La frase se utiliza con frecuencia en campañas sobre primera infancia, pero debe tratarse con prudencia periodística.
Las fuentes de UNICEF revisadas respaldan la velocidad extraordinaria del desarrollo cerebral y la formación de más de un millón de conexiones por segundo. No ofrecen, sin embargo, una regla científica universal que permita afirmar que exactamente 90% de todas las conexiones queda formado antes de los seis años.
La importancia de la etapa no depende de repetir una cifra redonda.
La evidencia disponible basta para sostener que los primeros años son fundamentales y que la falta de nutrición, protección, estimulación y cuidados puede profundizar desigualdades desde antes de que una niña o niño ingrese a la primaria.
Querétaro no empieza desde cero
El Gobierno estatal ya opera la estrategia Contigo en la Primera Infancia, lanzada en abril de 2023 por la Secretaría de Educación y SIPINNA para promover el desarrollo integral de niñas y niños de hasta seis años.
La estrategia cuenta con un micrositio que reúne información y convocatorias para familias y personas cuidadoras.
Este antecedente vuelve indispensable explicar qué cambiaría con la iniciativa.
Una reforma útil debería evitar duplicar estructuras o limitarse a incorporar una definición general en la ley. Tendría que establecer responsabilidades claras para las dependencias y garantizar continuidad más allá del gobierno en turno.
Entre las preguntas pendientes están:
- ¿La estrategia actual se convertirá en una obligación legal?
- ¿Habrá un programa estatal único?
- ¿Existirá un padrón de servicios?
- ¿Se crearán metas municipales?
- ¿Habrá presupuesto etiquetado?
- ¿Qué información deberá publicarse?
- ¿Cómo se evaluará el desarrollo infantil?
- ¿Qué autoridad rendirá cuentas al Congreso?
La coordinación es necesaria, pero puede convertirse en una palabra vacía cuando ninguna institución asume la responsabilidad final.
Menos de una de cada seis: ¿de qué edad?
El comunicado sostiene que menos de una de cada seis niñas y niños tiene acceso a servicios de educación inicial o cuidado infantil.
La afirmación describe una brecha real, pero requiere especificar la población.
Un análisis de Early Institute basado en la Ensanut 2023 reportó que únicamente 5.3% de las niñas y niños de cero a 23 meses asistía a servicios de cuidado o educación inicial. Para el conjunto de cero a cinco años, incluyendo preescolar, la proporción alcanzaba 30.4%. La diferencia importa.
No es lo mismo hablar de bebés menores de dos años que de toda la población hasta los cinco. Tampoco es equivalente educación inicial, preescolar y cuidado infantil, aunque los tres servicios pueden formar parte de una política integral.
CONEVAL ha advertido que el acceso a la educación inicial es limitado y que la oferta institucional es baja: en el país existen alrededor de 1.1 planteles para cada mil niñas y niños de cero a dos años, muy por debajo de la disponibilidad observada en el conjunto de la educación básica.
La desigualdad no se explica únicamente porque las familias no soliciten los servicios.
También intervienen:
- Falta de centros cercanos.
- Horarios incompatibles con el trabajo.
- Costos.
- Transporte.
- Desconfianza.
- Falta de personal.
- Percepción de que bebés y niñas o niños pequeños “todavía no necesitan educación”.
- Distribución desigual entre zonas urbanas y rurales.
Cuidar también es una política económica
La iniciativa presenta la atención a la primera infancia como una inversión social de largo plazo. Esa lectura es correcta, pero incompleta si ignora a quienes realizan diariamente el trabajo de cuidado.
En México, el acompañamiento de bebés y niñas y niños pequeños recae de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Cuando no existen servicios públicos suficientes, muchas madres reducen su jornada, rechazan empleos, abandonan estudios o dependen económicamente de otras personas.
CONEVAL ha recomendado integrar los servicios de cuidado y educación inicial, ampliar horarios y flexibilizar condiciones laborales para mejorar tanto el desarrollo infantil como la participación de las mujeres en el empleo.
Por ello, una reforma integral debería incluir perspectiva de cuidados.
No basta con señalar que la familia es responsable de acompañar el desarrollo. El Estado debe crear condiciones para que cuidar no signifique empobrecimiento, agotamiento o salida forzada del mercado laboral.
La educación inicial ya es un derecho
Desde la reforma constitucional de 2019, la educación inicial forma parte del derecho a la educación en México. La Ley General de Educación establece que el Estado debe generar progresivamente las condiciones para ofrecerla de manera universal.
La existencia de ese reconocimiento federal significa que Querétaro no necesita descubrir un derecho nuevo.
Necesita establecer cómo lo hará efectivo.
La distancia entre reconocimiento y acceso sigue siendo amplia. Muchas familias no encuentran una institución pública cercana o no saben que la educación inicial incluye acompañamiento al desarrollo, orientación para la crianza y experiencias de aprendizaje, no solo custodia durante la jornada laboral.
La reforma estatal podría ser relevante si traduce el derecho nacional en:
- Cobertura territorial.
- Plantillas suficientes.
- Estándares de calidad.
- Formación del personal.
- Atención incluyente.
- Supervisión.
- Participación familiar.
- Recursos por municipio.
- Mecanismos de queja.
Un derecho que no puede localizarse en el presupuesto continúa siendo una promesa.
Salud, educación y desarrollo social no pueden trabajar por separado
La propuesta de Leonor Mejía busca coordinar dependencias que suelen atender fragmentos distintos de una misma vida.
Una niña puede recibir vacunas en una clínica, evaluación en una escuela, apoyo alimentario en otra oficina y protección jurídica mediante una cuarta institución.
Cuando esos sistemas no intercambian información, las familias deben repetir historias, trasladar documentos y convertirse en gestoras de servicios que deberían estar conectados.
La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia ya reconoce la necesidad de intervenciones integrales y multisectoriales. La política federal en la materia busca articular salud, nutrición, educación, cuidado y protección.
La iniciativa queretana tendría que explicar cómo resolverá esa fragmentación.
Podría contemplar una ruta única de atención, expedientes interoperables con protección de datos, mecanismos de canalización y seguimiento para niñas y niños con factores de riesgo.
También debería evitar que la coordinación se limite a reuniones entre titulares sin cambios en las ventanillas donde las familias buscan ayuda.
El embarazo requiere atención, no vigilancia sobre las mujeres
El proyecto incorpora el periodo del embarazo dentro de la atención integral.
Esta decisión puede fortalecer la salud prenatal, la nutrición y la detección de riesgos, pero debe implementarse desde los derechos y no desde el control sobre las mujeres.
Una política respetuosa debería garantizar:
- Atención prenatal accesible.
- Información científica.
- Salud mental.
- Prevención de violencia obstétrica.
- Nutrición.
- Licencias y protección laboral.
- Decisiones informadas.
- Acompañamiento sin discriminación.
- Atención a embarazos de alto riesgo.
- Protección de adolescentes embarazadas.
El interés superior de la niñez no puede utilizarse para restringir la autonomía, criminalizar decisiones reproductivas o responsabilizar exclusivamente a las madres de condiciones que también dependen de pobreza, servicios públicos y entorno.
Early Institute acompañó la iniciativa
Leonor Mejía reconoció el apoyo técnico de Early Institute, organización que desarrolla estudios e indicadores sobre derechos, cuidados y políticas de primera infancia.
Su participación puede aportar evidencia y comparaciones nacionales. Sin embargo, el Congreso deberá hacer público el documento técnico, la metodología utilizada y las recomendaciones incorporadas.
También será necesario escuchar a otras voces:
- Familias.
- Personas cuidadoras.
- Educadoras.
- Personal de salud.
- Organizaciones de discapacidad.
- Comunidades indígenas.
- Municipios.
- Academias.
- Niñas y niños, mediante mecanismos adecuados a su edad.
Una política integral no puede construirse exclusivamente entre legisladores, dependencias y especialistas.
Las familias conocen de manera directa dónde se rompe la atención.
Sin presupuesto, la prioridad puede quedar en el papel
El comunicado llama a colocar la primera infancia en el centro de las políticas públicas.
Para comprobarlo, el Congreso deberá mirar el presupuesto.
Una iniciativa sólida tendría que responder cuánto costará:
- Ampliar la educación inicial.
- Formar personal.
- Habilitar centros.
- Mejorar horarios.
- Crear sistemas de información.
- Fortalecer detección del desarrollo.
- Atender zonas rurales.
- Apoyar a personas cuidadoras.
- Supervisar servicios privados.
- Garantizar inclusión.
También debería establecer metas anuales.
Por ejemplo:
- Cobertura de educación inicial.
- Consultas prenatales.
- Lactancia.
- Vacunación.
- Evaluaciones de desarrollo.
- Nutrición.
- Acceso de niñas y niños con discapacidad.
- Reducción de violencia.
- Tiempo de espera para atención especializada.
- Cobertura municipal de servicios.
Sin indicadores, cualquier gobierno podrá afirmar que atiende a la primera infancia porque realiza talleres, campañas o reuniones, aunque las familias continúen sin servicios.
La iniciativa puede abrir una discusión más grande
El planteamiento de Leonor Mejía llega en un momento en que México debate la construcción de sistemas de cuidados, la ampliación de la educación inicial y la necesidad de reducir desigualdades desde los primeros años.
Querétaro tiene la oportunidad de convertir ese debate en una política estatal con continuidad.
Pero para lograrlo tendrá que ir más allá del lenguaje.
La primera infancia no necesita únicamente reconocimiento legislativo. Necesita instituciones capaces de trabajar juntas, servicios cercanos, personal preparado, familias acompañadas y recursos públicos suficientes.
La iniciativa afirma que cuidar a niñas y niños es invertir en el futuro.
La frase es cierta.
Aunque existe una formulación todavía más exigente: las niñas y los niños no son únicamente el futuro de Querétaro. Son personas con derechos en el presente.
Y el presente no puede esperar a que una reforma bien intencionada encuentre presupuesto dentro de varios años.