La SCJN también revisará recursos promovidos por comunidades mayas para proteger los cenotes de Yucatán y fortalecer el reconocimiento jurídico de la naturaleza.
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta a uno de los debates jurídicos y ambientales más relevantes de los últimos años: determinar si las abejas, particularmente la abeja melipona, pueden ser reconocidas como sujetos de derechos dentro del orden constitucional mexicano.
El Pleno de la Corte acordó atraer el amparo en revisión 790/2025, un caso promovido por comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, que buscan obtener un reconocimiento jurídico que permita a sus integrantes actuar como guardianes legales de esta especie y acudir a los tribunales para exigir medidas de protección frente a las amenazas que ponen en riesgo su supervivencia.
La propuesta fue presentada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y el ministro Irving Espinosa Betanzo, obteniendo ocho votos a favor y uno en contra.
Un nuevo paradigma para la protección de la naturaleza
El proyecto plantea una discusión que trasciende la protección de una sola especie. La Corte deberá analizar si la relación histórica y cultural que los pueblos indígenas mantienen con determinados elementos de la naturaleza puede generar nuevas formas de tutela jurídica.
Durante la sesión, el ministro Irving Espinosa explicó que el asunto permitirá estudiar si las comunidades indígenas pueden ser reconocidas como guardianas de la naturaleza, con legitimidad para acudir ante los tribunales en representación de especies o ecosistemas cuya existencia resulta indispensable para su identidad cultural y para el equilibrio ambiental.
Asimismo, señaló que el análisis permitirá definir el estándar de actuación que corresponde al Estado mexicano frente a la actual crisis ecológica.
La abeja melipona: patrimonio biocultural del pueblo maya
Para las comunidades mayas, la abeja melipona representa mucho más que un insecto polinizador. Su crianza forma parte de una tradición ancestral vinculada con la alimentación, la medicina tradicional, la biodiversidad y la identidad cultural del territorio.
El ministro Arístides Guerrero García destacó que este caso ofrece la posibilidad de establecer un criterio constitucional que reconozca la importancia de la melipona como un elemento jurídico de especial protección, debido a la estrecha relación que mantiene con la vida económica, social y cultural de los pueblos originarios.
La discusión también podría fortalecer el reconocimiento de los llamados derechos bioculturales, una figura jurídica que entiende la protección del medio ambiente como parte inseparable de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
La Corte también revisará la protección de los cenotes en Yucatán
En la misma sesión, la SCJN decidió atraer otros dos recursos promovidos por comunidades mayas de Homún, Yucatán, relacionados con la defensa de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, una de las zonas hidrológicas más importantes del sureste mexicano.
El primero corresponde al amparo en revisión 138/2025, impulsado por el colectivo Guardianes de los Cenotes, que solicita reconocer personalidad jurídica a la reserva natural y validar la custodia indígena como mecanismo de protección frente a actividades potencialmente contaminantes.
El objetivo es fortalecer la defensa del derecho a un medio ambiente sano, la conservación del acuífero y la preservación del patrimonio biocultural del pueblo maya.
El caso de la megagranja porcícola regresa a la Suprema Corte
El Pleno también revisará el amparo en revisión 195/2025, relacionado con uno de los conflictos ambientales más emblemáticos del país.
El litigio fue iniciado en 2018 por niñas, niños y adolescentes del pueblo maya de Homún, quienes lograron suspender la operación de la megagranja porcícola PAPO (Producción Alimentaria Porcícola), argumentando el riesgo que representaba para los cenotes y los mantos acuíferos de la región.
Ahora, la Corte analizará si la autorización, instalación y funcionamiento del proyecto dentro del Anillo de Cenotes, área protegida y reconocida por la Convención Ramsar, vulnera derechos fundamentales como el acceso al agua, un medio ambiente sano, la salud, la protección de la infancia y la identidad cultural de las comunidades mayas.
Un precedente que podría redefinir la justicia ambiental en México
Los tres asuntos colocan a la Suprema Corte frente a una discusión que ha cobrado fuerza en distintos países: reconocer que ciertos elementos de la naturaleza poseen un valor jurídico propio y requieren mecanismos específicos para garantizar su protección.
Más allá del resultado de los casos, la decisión que adopte la SCJN podría convertirse en un precedente histórico para el desarrollo del derecho ambiental mexicano, al ampliar el alcance de la protección constitucional de la biodiversidad y fortalecer el papel de los pueblos indígenas como actores fundamentales en la conservación del patrimonio natural del país.