La deliberación se realizará el 24 y 25 de agosto en los Consejos Técnicos Escolares. El Gobierno federal busca construir una regulación nacional, aunque todavía no ha presentado el proyecto normativo ni la metodología para procesar las opiniones del magisterio.
Ciudad de México, 17 de agosto de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una consulta nacional a más de un millón de maestras y maestros de educación básica para conocer su postura sobre una eventual regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas mexicanas.
El ejercicio se desarrollará los días 24 y 25 de agosto, durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares, y abarcará más de 200 mil planteles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en las 32 entidades federativas, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Ya 16 estados de la República lo tienen regulado y el objetivo es poderlo regular en todo el país, pero vamos a preguntarle primero a las maestras y a los maestros cuál es su opinión”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina.
El anuncio no supone, por ahora, una prohibición nacional de los teléfonos dentro de los planteles. Se trata de una etapa consultiva cuyo resultado podría alimentar una propuesta de lineamientos administrativos o una iniciativa legislativa. El comunicado oficial, sin embargo, no precisa cuál será la vía jurídica elegida.
Tampoco se ha detallado si las respuestas se recabarán mediante cuestionarios individuales, acuerdos colectivos de cada Consejo Técnico o relatorías escolares; cómo serán sistematizadas; qué peso tendrá cada plantel ni si los resultados serán públicos y vinculantes.
Regulaciones distintas en los estados
El Gobierno federal sostiene que 16 entidades ya cuentan con alguna regulación sobre dispositivos móviles en las escuelas. No obstante, las medidas locales no son uniformes: algunas restringen su utilización durante las clases, otras durante toda la jornada y varias mantienen excepciones para actividades pedagógicas, emergencias, condiciones médicas o necesidades específicas de accesibilidad.
La diversidad de modelos obliga a distinguir entre regular, restringir y prohibir. Una política nacional deberá resolver quién resguarda los dispositivos, qué responsabilidad tendría la escuela frente a pérdidas o daños y cómo podrán comunicarse las familias con el alumnado durante una emergencia.
También deberá evitar que la aplicación dependa exclusivamente de los recursos de cada plantel. Sin protocolos claros, una misma norma podría operar de manera estricta en algunas escuelas y quedar reducida a una recomendación en otras.
La UNESCO reportó en marzo de 2026 que 114 sistemas educativos —58 por ciento de los países monitoreados— ya aplicaban restricciones nacionales al uso de celulares en las escuelas. Sin embargo, el organismo advierte que las prohibiciones, por sí solas, no resuelven los desafíos digitales: también se necesita enseñar a evaluar información, administrar el tiempo de pantalla y comprender el funcionamiento y los riesgos de las plataformas.
Los celulares y las plataformas no son el mismo problema
Sheinbaum vinculó la consulta escolar con un debate más amplio sobre la protección de niñas, niños y adolescentes frente a redes sociales y plataformas digitales. Entre los asuntos señalados se encuentran el desplazamiento infinito de contenido, las recomendaciones algorítmicas, los contactos no solicitados y la exposición a materiales sexuales o violentos.
Aunque están relacionados, se trata de dos ámbitos regulatorios diferentes. Las autoridades educativas pueden establecer reglas para el uso de dispositivos dentro de los planteles; intervenir sobre algoritmos, sistemas de recomendación o diseños digitales requiere legislación federal, atribuciones regulatorias específicas y obligaciones dirigidas directamente a las empresas tecnológicas.
La SEP ha planteado que los foros regionales servirán para reunir evidencia y opiniones de docentes, familias, jóvenes, especialistas e instituciones académicas. El primer encuentro se realizará el 19 de agosto en la Universidad Autónoma de Nuevo León y será transmitido por los canales digitales de la dependencia.
Evidencia internacional con beneficios y riesgos
Durante la presentación oficial, Ravi Iyer, director del Instituto de Psicología de Tecnología y del Centro Neely de la Universidad del Sur de California, citó una investigación de Pew Research Center según la cual 45 por ciento de los adolescentes estadounidenses considera que pasa demasiado tiempo en redes sociales; el mismo porcentaje afirma que estas perjudican su sueño y 40 por ciento señala afectaciones en su productividad.
El estudio, realizado entre adolescentes de 13 a 17 años en Estados Unidos, también ofrece una lectura menos unilateral: 74 por ciento dijo que las plataformas lo ayudan a mantenerse conectado con sus amistades y 63 por ciento las identificó como un espacio para expresar su creatividad. Los resultados muestran que el debate no se reduce a eliminar tecnología, sino a establecer condiciones de uso, protección y alfabetización digital.
La conferencia también recuperó una encuesta de la Comisión de Seguridad Digital de Australia aplicada a 3 mil 454 menores de entre 10 y 17 años. El estudio encontró que 47 por ciento había visto comentarios ofensivos o sexistas contra mujeres y niñas, otro 47 por ciento videos de peleas y 46 por ciento retos peligrosos. Además, 69 por ciento de quienes describieron su exposición más reciente señaló que el contenido apareció accidentalmente en una ventana emergente o en su flujo de publicaciones.
Estos datos documentan riesgos reales, pero proceden de poblaciones estadounidenses y australianas. Para construir una regulación ajustada a México será necesario disponer también de evidencia nacional desagregada por edad, región, condición socioeconómica, tipo de escuela y acceso digital.
Las preguntas que deberá responder la consulta
Una eventual regulación tendrá que precisar si los teléfonos podrán permanecer apagados en las mochilas, si deberán entregarse al ingresar al aula o si su utilización quedará sujeta a la autorización del personal docente.
También tendrá que incorporar excepciones para emergencias, necesidades médicas, discapacidad, herramientas de accesibilidad y actividades educativas. La protección de la concentración y la convivencia escolar no debería convertirse en una barrera para estudiantes que dependen de determinadas tecnologías para comunicarse o participar en clase.
Otro punto pendiente es la intervención directa de estudiantes, madres, padres y personas cuidadoras. La consulta anunciada para el 24 y 25 de agosto estará concentrada en el magisterio, aunque el Gobierno asegura que esos sectores serán escuchados durante los foros regionales.
El caso judicial de Nuevo México contra Meta fue presentado por la administración federal como referencia internacional. Un tribunal de esa entidad estadounidense ordenó a la compañía adoptar medidas sobre verificación de edad, funciones adictivas, interacción de chatbots con menores y protección frente a contactos potencialmente peligrosos. Meta anunció que apelará la resolución, cuya aplicación corresponde a aquella jurisdicción.
La consulta docente abre una discusión pertinente, pero todavía no constituye una política pública terminada. Su legitimidad dependerá de la transparencia de la metodología, la publicación de los resultados y la capacidad del Gobierno para convertir las opiniones recogidas en reglas claras, proporcionales y aplicables, sin confundir la reducción de distracciones con la renuncia a formar ciudadanía digital.
