Las iniciativas vinculadas con Paul Ospital fueron aprobadas en comisiones del Congreso de Querétaro, pero todavía deben pasar por el pleno; la propuesta animal permite crear áreas especializadas, aunque no obliga a los ayuntamientos.
Querétaro, Qro., 14 de agosto de 2026.— Dos iniciativas promovidas por el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, avanzaron en comisiones del Congreso de Querétaro: una amplía las obligaciones de madres, padres y tutores en el proceso educativo, mientras que la segunda incorpora la posibilidad de que los municipios cuenten con un área o mecanismo especializado en atención y bienestar animal.
Los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Educación y de Medio Ambiente y Cambio Climático, respectivamente. Este avance no significa que las modificaciones ya se encuentren vigentes: ambas deberán ser discutidas y votadas por el pleno de la LXI Legislatura.
Si reciben la aprobación correspondiente, serán remitidas al Poder Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.
Más deberes concretos para las familias
La primera iniciativa reforma el artículo 59 de la Ley de Educación del Estado de Querétaro. Fue elaborada junto con 14 estudiantes y docentes de la Maestría en Educación de la Universidad de Excelencia Educativa México, campus San Joaquín, y presentada el 16 de mayo, según informó la oficina del legislador.
El dictamen establece como deberes de quienes ejercen la patria potestad o tutela asistir a reuniones escolares, participar en actividades extracurriculares y mantener comunicación con docentes y directivos sobre el desempeño académico, la conducta y el desarrollo socioemocional de niñas, niños y adolescentes.
También contempla promover un uso seguro y responsable de internet, redes sociales y tecnologías de la información, así como atender oportunamente cambios de comportamiento o señales que puedan afectar el bienestar emocional del alumnado.
“La educación empieza en casa y se fortalece en las aulas; por eso necesitamos familias presentes, escuelas acompañadas y autoridades que faciliten esa coordinación”, sostuvo Ospital.
La corresponsabilidad ya estaba reconocida
La legislación vigente no deposita toda la responsabilidad educativa en las escuelas. El artículo 59 ya obliga a madres, padres y tutores a colaborar con las autoridades educativas, participar en la atención de dificultades escolares y apoyar a docentes y directivos ante problemas de conducta, aprendizaje o violencia.
También establece que deben contribuir a la adopción de estilos de vida saludables. El cambio propuesto, por tanto, no crea desde cero la corresponsabilidad familiar, sino que incorpora obligaciones más específicas relacionadas con reuniones, comunicación escolar, actividades extracurriculares y entorno digital.
El boletín no señala si el dictamen establece sanciones por incumplimiento, mecanismos para verificar la asistencia de las familias o excepciones para quienes, por motivos laborales, migratorios, económicos, de salud o cuidado, no puedan acudir regularmente a los planteles.
Esa definición será relevante durante la discusión plenaria. Una obligación redactada sin criterios de aplicación podría terminar afectando de manera desigual a hogares monoparentales, personas con jornadas laborales extensas o familias que viven lejos de las escuelas.
La corresponsabilidad también exige compromisos institucionales. Para mantener una comunicación permanente, los planteles necesitan horarios accesibles, personal suficiente, protocolos de atención y canales que no dependan exclusivamente de dispositivos electrónicos o conectividad.
Área de bienestar animal sería opcional
La segunda iniciativa reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal para establecer que los ayuntamientos podrán contar con una dependencia, unidad administrativa o mecanismo institucional dedicado a la atención, control, protección y bienestar animal.
La redacción anunciada condiciona esta posibilidad a las necesidades y suficiencia presupuestal de cada municipio. En consecuencia, la reforma no ordena abrir una nueva oficina en los 18 ayuntamientos ni establece una estructura administrativa uniforme.
El artículo 44 ya permite que cada municipio determine buena parte de su organización mediante sus reglamentos, además de las dependencias mínimas señaladas por la ley. La modificación propuesta haría explícita la posibilidad de incorporar un área animal, pero no elimina la autonomía municipal ni garantiza que esta sea creada.
Ospital afirmó que la reforma no generará una carga presupuestal adicional porque los ayuntamientos también podrán utilizar unidades o mecanismos existentes. Sin embargo, una atención efectiva requiere recursos para personal veterinario, vehículos, instalaciones, recepción de denuncias, inspecciones, esterilización, resguardo y seguimiento de casos.
Por ello, que la ley no obligue a crear plazas nuevas no significa que mejorar el servicio carezca de costos operativos.
Los municipios ya tienen responsabilidades animales
La propuesta tampoco crea las atribuciones municipales en materia de protección animal. El Código Ambiental del Estado ya establece que los ayuntamientos deben recibir denuncias por maltrato, realizar inspecciones, imponer sanciones, promover campañas y coordinarse con autoridades estatales y federales.
Asimismo, permite celebrar convenios para establecer centros de resguardo destinados a animales domésticos abandonados, extraviados, enfermos, lastimados o en peligro.
La reforma organizativa podría ofrecer a la ciudadanía una ventanilla institucional más clara y evitar que las responsabilidades queden dispersas entre servicios públicos, ecología, salud y seguridad. No obstante, al utilizar el verbo “podrán”, deja en manos de cada ayuntamiento decidir si crea esa estructura.
El resultado podría ser distinto entre municipios con mayor capacidad presupuestal y demarcaciones pequeñas que ya enfrentan limitaciones para prestar servicios básicos.
Iniciativa recuperada después de cuatro años
Paul Ospital recordó que la propuesta sobre atención animal fue presentada por primera vez en 2022 y retomada en 2024. Celebró que el proyecto finalmente haya sido dictaminado en comisión.
La discusión en el pleno deberá precisar si la reforma establecerá obligaciones mínimas para los mecanismos municipales, indicadores de desempeño, coordinación con organizaciones protectoras y plazos para adecuar reglamentos.
Hasta entonces, los dos proyectos representan avances dentro del procedimiento legislativo, no nuevas normas aplicables. La reforma educativa busca detallar la participación familiar; la animal pretende reconocer una estructura municipal posible. Su impacto dependerá de la redacción definitiva, los recursos disponibles y la capacidad de convertir los cambios legales en servicios verificables.