Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 29 de junio de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la convocatoria para someter a diálogo y consulta la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proceso que busca involucrar a 16 mil 728 comunidades, pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano del país.
La dimensión histórica de la convocatoria no está solo en el trámite legislativo, sino en la pregunta política de fondo: si México se reconoce como nación pluricultural, ¿está dispuesto a construir leyes desde la voz de los pueblos que dieron origen a su identidad?
La iniciativa tiene como objetivo promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, reconociéndolos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, libre determinación y autonomía.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que, por primera vez en la historia del México independiente, existe un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos.
“Por primera vez en la historia del México independiente hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos. Ese es el primer punto”, expresó la mandataria.
La frase marca una ruptura institucional de alto calado. Durante siglos, los pueblos indígenas y afromexicanos fueron tratados por el Estado mexicano como población vulnerable, folclor cultural o destinatarios de programas públicos, pero no necesariamente como sujetos colectivos con capacidad plena para decidir sobre su vida comunitaria, territorio, autonomía y desarrollo.
Sheinbaum señaló que la iniciativa también aborda la discriminación, al garantizar derechos colectivos e individuales. Además, vinculó el proyecto con el Humanismo Mexicano, al señalar que uno de sus pilares está en las grandes civilizaciones que existían antes de la llegada de los españoles y que persisten hasta la actualidad.
El momento político no puede separarse del debate histórico reciente entre México y España. La presidenta recordó la visita del rey Felipe VI y el debate sobre el perdón por los abusos de la Conquista, al sostener que, más allá del gesto diplomático, lo fundamental para México es reconocer la identidad que representan los pueblos originarios.
“Lo más importante para México es la identidad que representa para todas y todos los mexicanos el reconocimiento de los pueblos”, puntualizó.
Ahí está el giro más profundo de la nota: el reconocimiento indígena y afromexicano no se presenta solo como reparación histórica, sino como una redefinición de la identidad nacional. México no puede hablar de futuro sin mirar de frente a quienes han sostenido lengua, territorio, memoria, organización comunitaria, trabajo, cultura y resistencia.
La convocatoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación y, tras el proceso de consulta, la iniciativa se prevé presentar ante la Cámara de Diputados el 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural.
“Es un ejercicio único en la historia de México y es un reconocimiento de lo que significa para México reconocer la grandeza cultural de México, que viene de hace miles de años”, agregó Sheinbaum.
La consulta tendrá un componente lingüístico central: la propuesta será traducida a las 68 lenguas indígenas que se hablan en el país, con apoyo de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Este punto no es menor. Una consulta sin lengua propia puede convertirse en simulación. Traducir la iniciativa implica reconocer que el derecho a participar también depende del derecho a comprender, deliberar y decidir desde la propia lengua, cultura y organización comunitaria.
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, explicó que la iniciativa reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que puedan ejercer su libre determinación, autonomía y participación en la vida pública nacional.
La propuesta se estructura en ocho libros y un régimen transitorio, que abarcan desde el reconocimiento de comunidades como sujetos de derecho público hasta procedimientos, sanciones y un juicio de amparo indígena y afromexicano.
El primer eje establece las bases para que pueblos y comunidades ejerzan su personalidad jurídica y mantengan una relación de respeto y coordinación con las autoridades del Estado mexicano.
El segundo desarrolla la libre determinación y autonomía, incluyendo temas como restitución de tierras, propiedad intelectual colectiva, Planes de Justicia y caminos artesanales.
Ese punto puede convertirse en uno de los más relevantes y también en uno de los más debatidos. Hablar de autonomía no significa una frase ceremonial: implica revisar territorio, recursos, representación, formas propias de gobierno, consulta previa y relación con proyectos públicos o privados que puedan afectar a las comunidades.
El tercer libro desarrolla derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, con enfoque de inclusión y combate a la discriminación y el racismo.
El reconocimiento afromexicano es indispensable en un país que durante demasiado tiempo invisibilizó su raíz negra. Nombrar al pueblo afromexicano en una ley general no solo corrige una omisión jurídica, también combate una exclusión cultural e histórica.
La iniciativa también contempla derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y juventudes indígenas y afromexicanas, con acciones afirmativas y reparatorias para fortalecer participación política, propiedad y posesión de la tierra, así como una vida libre de violencias.
Aquí la ley toca una tensión interna y estructural: no puede haber autonomía plena si dentro de las comunidades persisten violencias, exclusiones o barreras contra mujeres y juventudes. El reto será construir derechos colectivos sin borrar derechos individuales.
Otro bloque aborda a personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad indígenas y afromexicanas, con el objetivo de garantizar inclusión, desarrollo integral, justicia y dignidad.
La propuesta también incluye un apartado sobre consulta y consentimiento libre, previo e informado, para establecer bases, metodologías y procedimientos ante medidas administrativas o legislativas que puedan afectarles.
Este puede ser el corazón operativo de la ley. Durante años, comunidades indígenas han denunciado consultas tardías, incompletas o meramente formales. Una ley que pretenda reconocer derechos deberá garantizar que la consulta no sea una firma al final del camino, sino una deliberación real desde el inicio.
La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que el proceso se divide en cinco etapas: publicación de la convocatoria en el DOF; etapa informativa hasta el 6 de agosto; deliberación comunitaria del 7 de agosto al 13 de septiembre mediante 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo; estudio y adecuación de la iniciativa del 21 de septiembre al 11 de octubre; y presentación formal al Congreso de la Unión el 12 de octubre.
La ruta será amplia, pero su legitimidad dependerá de algo más que la cantidad de asambleas: deberá garantizar participación efectiva, tiempos suficientes, materiales comprensibles, respeto a sistemas normativos internos y capacidad real para incorporar observaciones de las comunidades.
Sheinbaum también destacó que en los gobiernos de la Cuarta Transformación se ha asignado por primera vez un presupuesto directo a pueblos indígenas y afromexicanos a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
El presupuesto directo es otro punto de transformación institucional. Reconocer derechos sin recursos puede quedarse en promesa; entregar presupuesto sin autonomía puede quedarse en administración centralizada. La clave estará en que los pueblos puedan decidir, ejecutar y vigilar desde sus propias formas organizativas.
La propuesta también contempla responsabilidades, procedimientos, delitos, sanciones y un juicio de amparo indígena y afromexicano, con el propósito de que los agravios cometidos en su contra sean sancionados y sus derechos inalienables sean tutelados.
Ese apartado lleva el reconocimiento al terreno de la defensa jurídica. Porque no basta declarar derechos si no existen mecanismos efectivos para reclamarlos cuando sean violados.
La convocatoria firmada por Sheinbaum abre uno de los procesos legislativos más relevantes del sexenio en materia de justicia histórica, derechos colectivos y pluralidad nacional.
La discusión que viene no será sencilla. Habrá tensiones entre autonomía y Estado, entre territorio y megaproyectos, entre derechos colectivos e individuales, entre consulta real y velocidad legislativa, entre reconocimiento cultural y redistribución de poder.
Pero precisamente ahí está su importancia. México no está discutiendo una ley más: está discutiendo si sus pueblos originarios y afromexicanos serán vistos como pasado decorativo o como presente político con derechos plenos.
La pregunta que deja esta convocatoria es profunda y urgente: ¿puede una nación llamarse pluricultural si sus pueblos no tienen poder real para decidir sobre su futuro?