Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 29 de junio de 2026.— Diputados locales de Morena denunciaron presunta presión contra directores de escuelas de educación básica en Querétaro, luego de que autoridades educativas habrían solicitado explicaciones sobre las visitas realizadas por legisladores de ese partido a planteles públicos.
La discusión abre una pregunta incómoda en medio del calendario político: ¿dónde termina la vigilancia institucional para evitar proselitismo y dónde empieza la intimidación contra directivos escolares que permiten actividades de gestión social, lectura o información pública?
En rueda de prensa, el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz llamó a las autoridades educativas a dejar de presionar a directores de escuelas cada vez que un diputado de Morena visita a la comunidad estudiantil.
El legislador sostuvo que, como representantes populares, las y los diputados tienen la responsabilidad de mantenerse en contacto con la ciudadanía, conocer problemáticas y apoyar en gestiones que ayuden a resolver necesidades concretas.
Piedragil aclaró que las visitas a escuelas se realizan con autorización de los directivos y negó que se utilicen para actos de proselitismo. De acuerdo con su explicación, algunas visitas han tenido como objetivo informar sobre programas de becas escolares como política pública, sin colores partidistas ni promoción personal.
“En ningún caso se realiza proselitismo”, sostuvo el diputado al defender que su presencia en planteles se enmarca en tareas de gestión y acercamiento institucional.
El caso que puso sobre la mesa fue el de una escuela en la comunidad de Montenegro, en Santa Rosa Jáuregui, donde acudió, dijo, a invitación de directivos para hablar sobre becas educativas. Según explicó, en esa institución detectó una problemática grave: la falta de agua potable.
Piedragil relató que ni autoridades estatales ni municipales habían acudido a esa escuela en muchos años, al grado de que madres y padres de familia tenían que pagar pipas de agua. Afirmó que, tras realizar una gestión ante la Comisión Estatal de Aguas, el problema se resolvió en menos de dos meses.
Ese ejemplo es el corazón de su defensa política: no se trataba de campaña, sino de gestión social derivada de una visita escolar. Para el legislador, cada recorrido permite detectar necesidades reales y buscar salidas institucionales.
Sin embargo, señaló que ahora las autoridades escolares investigan los motivos de esas visitas, lo que interpretó como un intento de presión en un contexto político cada vez más sensible.
“No somos ingenuos, se acercan momentos electorales, y nosotros estamos haciendo nuestro quehacer como representantes populares de estar cerca de la sociedad”, manifestó.
La frase revela el trasfondo del conflicto. La escuela pública se convierte otra vez en territorio delicado: un espacio que debe protegerse de usos partidistas, pero que tampoco puede aislarse de gestiones legítimas cuando existen necesidades de infraestructura, agua, libros, orientación o apoyos.
Por su parte, el diputado Homero Barrera McDonald informó que lleva a cabo un programa cultural orientado a promover la lectura, inspirado en una estrategia que ya implementa el Gobierno Federal.
El legislador explicó que desde enero ha entregado a escuelas de educación básica torres con aproximadamente 150 libros, entre cuentos, historias, relatos y novelas, con el objetivo de despertar el hábito de la lectura en niñas, niños y adolescentes.
Barrera sostuvo que la lectura puede convertirse en una herramienta preventiva frente a problemas sociales como la violencia familiar o las adicciones, al ofrecer a las infancias y juventudes una dinámica distinta de formación y convivencia.
El diputado denunció que, meses después de iniciar estas visitas, comenzaron a llegar oficios a directivos de las escuelas que había visitado, presuntamente por parte de autoridades de la USEBEQ, para que explicaran el motivo de su presencia en los planteles.
Para Barrera, esa práctica representa un amedrentamiento contra maestras, maestros y directores, pues, afirmó, el objetivo de las visitas es únicamente promover la lectura y apoyar actividades extracurriculares.
“Esto es un secuestro sistemático por parte de la autoridad educativa; les preocupa, ya que se viene el tiempo electoral y se ve la mano de quienes quieren decidir quién entra y quién no, a las escuelas”, señaló.
El legislador también acusó que funcionarios y representantes populares del partido en el gobierno realizan promoción personal no solo en escuelas, sino en colonias, mercados y eventos públicos, por lo que pidió que las reglas se apliquen sin sesgo político.
El señalamiento abre una discusión de doble filo. Por un lado, las autoridades educativas tienen la obligación de proteger a niñas, niños y adolescentes de cualquier uso partidista de las escuelas. Por otro, si esa vigilancia solo se activa frente a ciertos actores políticos, puede convertirse en un mecanismo de control selectivo.
Barrera hizo un llamado a la autoridad educativa local para dejar de acosar a directivos escolares, al considerar que las actividades impulsadas buscan ampliar oportunidades culturales y fortalecer la convivencia comunitaria.
El debate no es menor: las escuelas públicas no deben ser botín electoral, pero tampoco pueden ser espacios cerrados a toda forma de gestión, lectura, acompañamiento o respuesta institucional. La clave está en la transparencia, reglas claras y trato parejo para todos los actores públicos.
La denuncia de los legisladores morenistas coloca a la USEBEQ y a las autoridades educativas ante la necesidad de explicar con claridad cuáles son los criterios para permitir o revisar visitas de representantes populares a planteles.
Si hay riesgo de proselitismo, debe investigarse con seriedad. Pero si hay presión política contra directivos por recibir actividades de lectura o gestión social, también debe corregirse.
En el fondo, esta controversia revela una tensión creciente rumbo al próximo ciclo electoral: las escuelas son territorio sensible porque concentran comunidad, familias, necesidades y legitimidad social. Por eso mismo, cualquier intervención pública debe cuidar dos principios al mismo tiempo: proteger la neutralidad educativa y no castigar la gestión legítima.
La pregunta queda abierta para Querétaro: ¿la autoridad educativa está cuidando la escuela pública o está decidiendo políticamente quién puede tocar su puerta?