Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 7 de julio de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo elevó el tono frente a Estados Unidos y rechazó cualquier señalamiento que pretenda vincular a su gobierno con pactos con la delincuencia organizada, al tiempo que exigió claridad sobre las versiones contradictorias en torno al traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense.
Desde su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que su administración no hace acuerdos con criminales y sostuvo que la política de seguridad federal se basa en detenciones, inteligencia, coordinación institucional y combate tanto a la delincuencia organizada como a la de “cuello blanco”.
“Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada. Jamás”, puntualizó.
La declaración llega en medio de una tensión renovada por el caso Zambada, después de que se difundiera que la avioneta utilizada para trasladar al líder histórico del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos fue puesta en exhibición en Nuevo México, con participación o promoción del FBI, lo que reabrió preguntas sobre el papel real de agencias estadounidenses en el operativo.
La pregunta política que colocó Sheinbaum fue directa: si antes Estados Unidos dijo que no participó, pero ahora el FBI aparece vinculado al caso, entonces alguien no está diciendo la verdad.
“¿Quién miente?”: la contradicción que incomoda la relación bilateral
Sheinbaum recordó que, cuando ocurrió el traslado de “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, el entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, sostuvo que ninguna agencia de Estados Unidos había participado en la operación.
Sin embargo, la presidenta señaló que ahora el FBI aparece atribuyéndose o vinculándose al operativo mediante la exhibición de la aeronave.
“No se puede decir una cosa un día y después otra cuando tiene que ver con una injerencia en México; por eso decimos: ¿quién miente?, ¿quién mintió?”, cuestionó.
El señalamiento no es menor. Para México, el caso no solo involucra la captura de un capo. Involucra una posible operación realizada en territorio nacional sin conocimiento ni autorización del gobierno mexicano.
Y cuando una agencia extranjera opera o parece operar dentro de México sin claridad, el tema deja de ser solo seguridad: se vuelve soberanía.
La presidenta insistió en que la relación bilateral requiere transparencia, especialmente cuando se trata de operaciones que podrían implicar injerencia.
El caso Zambada: una captura que dejó más preguntas que respuestas
Ismael “El Mayo” Zambada fue trasladado a Estados Unidos en julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Desde entonces, el caso ha estado rodeado de versiones encontradas: por un lado, Estados Unidos presentó el hecho como una captura relevante contra el Cártel de Sinaloa; por otro, Zambada ha sostenido que fue engañado, sometido y llevado contra su voluntad.
La operación también tuvo consecuencias inmediatas en Sinaloa, donde se desató una nueva fase de violencia interna entre facciones criminales.
La captura de “El Mayo” no cerró una historia criminal; abrió una crisis de seguridad, diplomacia y confianza institucional.
Para el gobierno mexicano, todavía quedan preguntas sin responder: quién organizó el traslado, quién autorizó el vuelo, qué agencias sabían, qué información tenía Estados Unidos y por qué México no fue informado si el operativo involucraba hechos ocurridos en territorio nacional.
Sheinbaum responde con cifras de Sinaloa
Frente a los señalamientos sobre posibles acuerdos con grupos criminales, Sheinbaum defendió los resultados de su gobierno en materia de seguridad, particularmente en Sinaloa.
De acuerdo con los datos expuestos por la Presidencia, en esa entidad se han detenido 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto y los homicidios dolosos han disminuido 44 por ciento.
Para Sheinbaum, esas cifras muestran que su administración no protege a grupos criminales, sino que actúa contra ellos.
“Actuamos todos los días”, sostuvo la mandataria.
El mensaje busca desmontar una narrativa que desde Estados Unidos ha insistido en presentar a México como un país capturado por el crimen organizado.
La presidenta respondió desde una lógica distinta: si hay resultados, detenciones y reducción de homicidios, dijo, no puede sostenerse que exista pacto con organizaciones criminales.
“Ni criminales organizados ni de cuello blanco”
Sheinbaum amplió su postura al señalar que su gobierno tampoco pacta con criminales de cuello blanco.
“Nosotros no hacemos pactos con criminales, nunca. Actuamos todos los días, ni con criminales de la delincuencia organizada ni de cuello blanco, nunca”, afirmó.
La frase tiene una carga política amplia. No solo responde al debate sobre narcotráfico, sino que conecta con la narrativa de honestidad, combate a la corrupción y diferenciación ética que el gobierno federal busca sostener como sello de identidad.
Para Sheinbaum, la autoridad moral del gobierno depende de no negociar con poderes criminales, sean armados, económicos o políticos.
Ese mensaje también funciona hacia dentro del país, en un momento donde la seguridad y la corrupción siguen siendo dos de los temas que más preocupan a la ciudadanía.
Seguridad, soberanía y narrativa pública
El caso Zambada se ha convertido en una disputa de narrativas.
Estados Unidos suele presionar a México con acusaciones sobre el poder del crimen organizado, la producción de drogas sintéticas y la capacidad de los cárteles. México, en respuesta, exige revisar también el papel de las agencias estadounidenses, los acuerdos judiciales con narcotraficantes, el tráfico de armas y las operaciones que podrían cruzar límites legales y diplomáticos.
La pregunta no es solo quién captura criminales. La pregunta es bajo qué reglas, con qué transparencia y con qué respeto a la soberanía.
Sheinbaum colocó el caso en ese terreno: si una agencia estadounidense participó en una operación en México y luego lo negó, el problema no es únicamente operativo. Es diplomático.
Y si hubo contradicciones entre lo dicho por Ken Salazar y lo que ahora se atribuye al FBI, México tiene derecho a exigir una explicación formal.
La tensión con Estados Unidos entra en una nueva fase
La relación México–Estados Unidos siempre ha tenido la seguridad como uno de sus puntos más delicados. La cooperación es necesaria, pero históricamente también ha estado marcada por desconfianza, intervenciones, operaciones encubiertas y diferencias sobre hasta dónde pueden actuar las agencias estadounidenses.
El caso de “El Mayo” Zambada reabre esa herida.
Para México, la cooperación no puede significar subordinación. Para Estados Unidos, el combate a cárteles suele justificarse como prioridad de seguridad nacional. Entre ambas posturas, la línea puede volverse peligrosa.
Sheinbaum intenta marcar un límite: colaboración sí, injerencia no.
La presidenta busca sostener una posición firme sin romper la relación bilateral. Pero el caso puede tensar más la conversación si Washington no entrega información clara sobre lo ocurrido.
El fondo humano: Sinaloa paga las consecuencias
Más allá del choque diplomático, hay una realidad que no puede perderse: Sinaloa ha pagado el costo de las fracturas criminales.
Cada movimiento en la cúpula del Cártel de Sinaloa suele traducirse en violencia para la población: balaceras, desapariciones, miedo, negocios cerrados, clases suspendidas, familias encerradas y comunidades enteras atrapadas entre grupos armados.
Cuando una operación se diseña en silencio, pero sus consecuencias se viven en las calles, la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió.
Por eso el caso Zambada importa más allá del nombre del capo. Importa porque después de su traslado se desató una ola de violencia que afectó a personas que no forman parte del crimen, pero sí padecen sus consecuencias.
El gobierno mexicano afirma que ha respondido con detenciones y reducción de homicidios. La ciudadanía, sin embargo, necesitará sentir esos resultados en su vida diaria.
Una exigencia de claridad
La postura de Sheinbaum deja dos mensajes centrales.
El primero, hacia dentro: su gobierno rechaza pactos con la delincuencia organizada y se presenta como una administración que combate tanto al crimen armado como a la corrupción de cuello blanco.
El segundo, hacia Estados Unidos: México exige congruencia y claridad. No puede haber una versión diplomática un día y otra narrativa pública después, menos cuando el asunto involucra una posible operación en territorio mexicano.
La confianza bilateral no se construye con silencios, sino con información verificable.
El caso “El Mayo” Zambada seguirá siendo una prueba para ambos países. Para México, porque deberá demostrar que puede investigar lo ocurrido y sostener resultados de seguridad. Para Estados Unidos, porque deberá aclarar hasta dónde participaron sus agencias y bajo qué marco legal.
Sheinbaum ya puso la pregunta sobre la mesa:
¿Quién miente?
Ahora falta que alguien responda.