Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 7 de julio de 2026.— El proceso legislativo de la Ley de Identidad de Género en Querétaro entró en una nueva etapa. La Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, acompañada por colectivos defensores de los derechos LGBTQ+, informó que incorporó las observaciones enviadas por el Ejecutivo estatal al dictamen de la reforma, con el objetivo de dar mayor claridad jurídica al procedimiento sin modificar su propósito central.
El corazón de la iniciativa se mantiene: garantizar que las personas mayores de edad puedan rectificar sus datos de identidad de género en actas del Registro Civil mediante un procedimiento administrativo.
La reforma busca que una persona adulta pueda contar con documentos que correspondan a su identidad, sin tener que atravesar procesos judiciales largos, costosos o innecesariamente invasivos.
Para las personas trans, un acta no es solo un papel: puede ser la diferencia entre vivir con dignidad o ser expuestas a discriminación cada vez que deben identificarse.
Un nuevo dictamen para atender al Ejecutivo
De acuerdo con lo informado, el nuevo dictamen incorpora todas las observaciones enviadas por el Ejecutivo, privilegiando el diálogo institucional y buscando cerrar márgenes de interpretación que habían generado debate público.
Las y los integrantes de la comisión señalaron que los ajustes fortalecen la seguridad jurídica de la reforma, pero mantienen intacto el reconocimiento del derecho a la identidad de género para personas adultas.
El diputado Eric Silva destacó que, desde su origen, la iniciativa únicamente permitía la rectificación a personas mayores de edad.
Sin embargo, para evitar cualquier interpretación distinta, el nuevo dictamen incorpora el artículo 141 Quáter, donde se establece de manera expresa que las personas menores de edad no podrán solicitar la rectificación de sus datos de identidad de género, ni por sí mismas ni mediante representantes legales.
El cambio busca responder a una de las principales controversias políticas alrededor de la reforma: dejar claro que el procedimiento local aplicaría únicamente para personas adultas.
Derecho para personas adultas, con candados jurídicos
El dictamen también fortalece disposiciones que buscan dar certeza legal sobre los alcances del trámite.
Entre los puntos centrales, se establece que el reconocimiento de la identidad de género no modifica, extingue ni suspende obligaciones, procesos judiciales, investigaciones, responsabilidades penales o resoluciones previamente existentes.
Esto significa que la rectificación de datos en el Registro Civil no podrá utilizarse para evadir responsabilidades legales, procesos en curso o antecedentes jurídicos.
El mensaje legislativo es claro: reconocer identidad no significa borrar obligaciones. Significa garantizar derechos sin abrir espacios de simulación.
También se precisa que el procedimiento será estrictamente personalísimo, por lo que únicamente podrá ser promovido por la persona interesada.
Además, se aclara que la rectificación aplicará solo respecto de las actas en las que la persona solicitante sea titular, sin afectar documentos o actas de terceros.
Con estas precisiones, la comisión busca blindar el dictamen frente a críticas o temores de uso indebido, al mismo tiempo que conserva el objetivo de fondo: reconocer el derecho humano a la identidad de género.
Identidad, dignidad y vida cotidiana
La discusión sobre identidad de género suele quedar atrapada en lenguaje jurídico. Pero su impacto ocurre en la vida cotidiana.
Una persona trans que no cuenta con documentos acordes a su identidad puede enfrentar obstáculos al buscar empleo, inscribirse a una escuela, rentar una vivienda, abrir una cuenta bancaria, recibir atención médica, viajar o realizar cualquier trámite donde se le pida identificación oficial.
Cada documento incongruente puede convertirse en una puerta cerrada, una mirada de sospecha o un acto de humillación.
Por eso, para los colectivos LGBTQ+, la reforma no es un privilegio ni una concesión política. Es una herramienta mínima de reconocimiento legal.
La identidad no debería depender de litigios, diagnósticos, permisos o interpretaciones discrecionales. En una democracia constitucional, el Estado debe garantizar que las personas puedan vivir con documentos que reconozcan quiénes son.
La ruta política: proyecto alternativo y 13 votos
La comisión informó que, una vez aprobado el dictamen, buscará que sea presentado como proyecto alternativo.
De ser reconocido bajo esa figura, solo se necesitarían 13 votos para su aprobación en el Pleno, conforme al artículo 88 de la Ley Orgánica.
No obstante, el propio grupo legislativo reconoció que este punto dependerá de la interpretación que realice la presidencia del Poder Legislativo, ya que será esa instancia la facultada para determinar si el dictamen puede ser valorado como proyecto alternativo durante el desarrollo de la sesión.
En otras palabras: la reforma no solo enfrenta una discusión de derechos, también una batalla procedimental.
La manera en que la presidencia del Congreso interprete la ruta legislativa podría ser determinante para saber si el dictamen avanza con mayoría simple o enfrenta un umbral político más complejo.
Colectivos acompañan el proceso
La presencia de colectivos LGBTQ+ en la rueda de prensa refuerza el componente social de la reforma.
Durante años, las organizaciones de la diversidad sexual y de género han empujado el reconocimiento de derechos desde el territorio, los tribunales, las calles y los espacios legislativos. Su acompañamiento es clave porque esta agenda no nació en oficinas públicas, sino en experiencias de discriminación, exclusión y lucha por dignidad.
Las leyes de derechos humanos rara vez avanzan solas; avanzan porque hay personas organizadas recordándole al Estado lo que todavía debe reconocer.
En Querétaro, la identidad de género ha sido un tema políticamente sensible. La discusión ha enfrentado resistencias, lecturas conservadoras y preocupaciones jurídicas. El nuevo dictamen intenta responder a esas objeciones sin renunciar al centro de la reforma.
Mayor claridad para evitar desinformación
Uno de los puntos más relevantes del nuevo dictamen es su intento de reducir la desinformación alrededor de la iniciativa.
La comisión insistió en que la reforma no incluía originalmente a niñas, niños o adolescentes. Aun así, decidió incorporar una redacción expresa para eliminar dudas.
También dejó claro que la rectificación de identidad no afecta procesos judiciales, investigaciones, responsabilidades ni actos jurídicos previos.
Estas aclaraciones buscan desactivar dos narrativas frecuentes: que la reforma aplicaría a menores de edad y que podría usarse para evadir obligaciones legales.
El debate público sobre derechos exige precisión. Cuando falta claridad, la desinformación ocupa el espacio.
Por eso, el nuevo dictamen parece moverse en dos direcciones: proteger el derecho de personas adultas a la identidad y, al mismo tiempo, cerrar vacíos de interpretación para hacer viable su aprobación.
Un avance que todavía debe pasar por el Pleno
Aunque la comisión presentó el nuevo dictamen como un paso significativo, la reforma aún debe superar la votación en el Pleno del Congreso.
Ahí se medirá la voluntad política de las fuerzas legislativas.
El tema plantea una pregunta sencilla para las y los diputados: si el procedimiento se limita a personas adultas, es personalísimo, no afecta a terceros y no borra obligaciones legales, ¿cuál sería el argumento para negar el derecho a la rectificación administrativa?
La identidad jurídica no debería ser una carrera de obstáculos. Mucho menos cuando se trata de personas que históricamente han enfrentado exclusión.
El Congreso de Querétaro está ante una decisión de derechos humanos, pero también de modernización institucional. Reconocer la identidad de género mediante trámite administrativo significaría alinear al Registro Civil con una realidad que ya existe en la sociedad.
El sentido de la reforma
La Ley de Identidad de Género no resolverá por sí sola la discriminación que viven las personas trans. No terminará automáticamente con la violencia, el rechazo familiar, la exclusión laboral o los prejuicios sociales.
Pero sí puede eliminar una barrera concreta: la falta de documentos acordes a la identidad de una persona.
Y en derechos humanos, quitar una barrera importa.
Importa para quien busca empleo sin ser cuestionado.
Importa para quien acude a una consulta médica sin ser expuesto.
Importa para quien quiere estudiar sin que su identidad sea discutida frente a terceros.
Importa para quien solo quiere hacer un trámite sin miedo a ser humillado.
El nuevo dictamen intenta construir un punto de equilibrio: reconocer derechos, atender observaciones institucionales y ofrecer certeza jurídica.
Ahora el Congreso tendrá que decidir si Querétaro avanza hacia una ley que reconozca a las personas adultas trans con dignidad jurídica, o si vuelve a postergar una discusión que para muchas personas no es ideológica.
Es profundamente cotidiana.