El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado pidió a los partidos no presionar ni desacreditar anticipadamente al árbitro electoral. Su mensaje adquiere peso porque proviene de uno de los principales operadores de Morena, cuando comienza una elección que renovará más de 20 mil cargos y también definirá la gubernatura de Querétaro.
Ciudad de México, 20 de septiembre de 2026.— El senador Ignacio Mier Velazco dio un respaldo político explícito al Instituto Nacional Electoral en el arranque del proceso de 2027: lo calificó como un organismo autónomo y confiable, pidió evitar su descalificación anticipada y llamó a los partidos a colaborar con la autoridad sin someterla a presiones.
La declaración va más allá de una cortesía institucional. Proviene del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y de uno de los principales operadores legislativos de Morena, partido que durante los últimos años ha mantenido una relación marcada por desacuerdos, reformas y cuestionamientos hacia el organismo electoral.
Por ello, el alcance de sus palabras no dependerá solamente de haberlas pronunciado. El verdadero indicador será si el oficialismo, la oposición y sus dirigentes sostienen ese reconocimiento cuando el INE emita decisiones que afecten candidaturas, sancionen gastos, retiren promocionales o contradigan los intereses de alguna fuerza política.
“Al árbitro está funcionando”, afirmó Mier al pedir un voto de confianza para una institución cuya construcción, recordó, le ha costado décadas al país.
Una elección que pondrá a prueba al sistema
El proceso de 2027 tendrá una dimensión suficiente para tensionar cualquier estructura electoral.
Además de renovar las 500 diputaciones federales, se disputarán 19 mil 609 cargos locales: 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones estatales, 18 mil 57 posiciones en ayuntamientos y 437 cargos auxiliares. Al incorporar la Cámara de Diputados, el total asciende a 20 mil 109 puestos de elección popular.
El INE proyecta instalar 176 mil 741 casillas para una Lista Nominal que rondará los 102 millones de electores. La autoridad deberá reclutar y capacitar hasta a 1.59 millones de ciudadanos para recibir y contar los votos, según la planeación oficial del proceso electoral.
La escala explica por qué la confianza pública no es un asunto decorativo. Si los partidos desacreditan anticipadamente al INE y sólo reconocen sus decisiones cuando los benefician, cualquier resultado cerrado puede convertirse en una crisis política.
La colaboración solicitada por Mier tendría que traducirse en conductas concretas: respetar los calendarios, transparentar el financiamiento, evitar actos anticipados, entregar información para la fiscalización y aceptar que una autoridad autónoma puede tomar decisiones incómodas para el gobierno y para sus adversarios.
Querétaro también se juega en las urnas
Entre las 17 gubernaturas que serán renovadas se encuentra Querétaro. También habrá elecciones estatales y municipales, de modo que el INE y el Instituto Electoral del Estado tendrán que coordinar padrón, casillas, capacitación, fiscalización y operación territorial.
La entidad llegará al proceso con una competencia política anticipada. Los partidos ya organizan estructuras, posicionan coordinadores y promueven figuras que buscan aparecer como aspirantes, aunque las etapas formales de precampaña y campaña todavía tienen plazos definidos.
De acuerdo con el calendario del INE, las precampañas federales comenzarán el 4 de enero de 2027; el registro de candidaturas será entre el 22 de marzo y el 3 de abril; las campañas se desarrollarán del 4 de abril al 2 de junio, y la jornada electoral se celebrará el 6 de junio. El organismo realizará más de 500 actividades antes de concluir el proceso en agosto de 2027.
En ese escenario, el llamado de Mier también interpela a los actores queretanos. No se puede exigir imparcialidad al árbitro mientras se intentan estirar las reglas mediante procesos internos, informes, giras, espectaculares o figuras partidistas diseñadas para posicionar aspirantes antes de los tiempos legales.
La precisión necesaria sobre los consejeros
Mier sostuvo que los integrantes del Consejo General del INE no fueron designados mediante cuotas políticas, sino a través de un proceso riguroso de selección e insaculación.
La afirmación requiere una precisión.
En 2023, cuatro integrantes —Guadalupe Taddei Zavala, Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza— fueron elegidos mediante insaculación después de un procedimiento que incluyó revisión de requisitos, examen, evaluación de perfiles y entrevistas.
La tómbola se utilizó porque la Cámara de Diputados no alcanzó el consenso necesario para realizar las designaciones por mayoría calificada. Así lo documentó la propia Cámara de Diputados al explicar el proceso de selección.
Ese método correspondió a cuatro posiciones, no a la totalidad del Consejo General. Los demás integrantes fueron nombrados en procesos anteriores mediante votaciones legislativas.
La insaculación evitó que la falta de acuerdo paralizara la renovación, pero no elimina por sí misma todos los cuestionamientos sobre independencia, afinidades o desempeño. La confianza en el INE no debe descansar en la biografía política atribuida a cada consejero, sino en la transparencia de sus decisiones, la deliberación pública y el cumplimiento de la ley.
Confianza no significa ausencia de vigilancia
Respaldar la autonomía del INE no implica otorgarle un cheque en blanco.
El Instituto debe explicar sus decisiones, resolver sus desacuerdos internos, mantener estabilidad en sus áreas ejecutivas y garantizar que la presidencia no concentre facultades que corresponden al órgano colegiado. También deberá responder ante posibles omisiones en materia de fiscalización, actos anticipados, violencia política e infiltración criminal en las candidaturas.
Desde el propio Consejo General se ha advertido que algunos partidos adelantan actividades electorales y después trasladan al árbitro la responsabilidad por el incumplimiento de normas que ellos mismos aprobaron.
Esa práctica encierra una contradicción: las fuerzas políticas redactan las reglas, buscan la manera de bordearlas y finalmente culpan al INE por aplicarlas o por no detener a sus adversarios.
Mier sostuvo que la relación de los partidos con el Instituto debe ser de colaboración, no de ataques o presión. La definición es correcta, siempre que colaboración no se convierta en subordinación ni en negociación de las decisiones que deberían resolverse con criterios jurídicos.
Un compromiso que debe alcanzar a todos
El respaldo de Ignacio Mier puede ayudar a reducir la confrontación alrededor de la elección, pero también establece un compromiso político para Morena.
Si el INE es autónomo y confiable antes de la jornada, deberá seguir siéndolo cuando fiscalice al partido gobernante, sancione alguna de sus campañas o rechace una interpretación favorable a sus candidaturas.
La misma regla corresponde a la oposición. Defender al INE cuando limita al oficialismo y descalificarlo cuando sus resoluciones afectan al PAN, PRI o Movimiento Ciudadano no fortalece la democracia: convierte la autonomía en un argumento de conveniencia.
El árbitro electoral no necesita elogios permanentes ni inmunidad frente a la crítica. Necesita presupuesto suficiente, reglas claras, vigilancia pública y la libertad de decidir sin recibir instrucciones del gobierno, los partidos o los poderes económicos.
La declaración de Mier coloca una base razonable para el proceso de 2027. Ahora falta la parte más difícil: que todos los actores acepten que confiar en el árbitro significa respetarlo incluso cuando su decisión no les guste.