En el cuarto día de actividades de su Quinto Informe, el alcalde de San Juan del Río presentó la participación ciudadana como uno de los logros de su administración. Pero el propio balance deja un vacío central: ¿cuánto de lo que el gobierno presume como resultado fue realmente decidido por los ciudadanos?
Por: Rodrigo Vissuet | LYPmultimedios
La participación ciudadana se ha convertido en uno de los conceptos favoritos de la administración de Roberto Cabrera Valencia durante su Quinto Informe de Gobierno.
El discurso es atractivo: gobierno y ciudadanía trabajando juntos, decisiones compartidas, consejos ciudadanos, proyectos con respaldo social y una bolsa de recursos para que las comunidades participen.
Pero cuando se separa el discurso de los datos, aparece una pregunta incómoda:
¿participar significa ser escuchado o realmente tener capacidad para decidir qué hace el gobierno con el dinero público?
Durante una reunión con habitantes de Fundadores, el presidente municipal aseguró que su administración creó el Sistema Municipal de Participación Ciudadana, instaló órganos de participación y tomó protesta a 114 consejeras y consejeros ciudadanos. También anunció que se realizarán proyectos por cerca de 5 millones de pesos para promover lo que denominó una “Mejor Sociedad”.
El problema es que esos números, por sí solos, no permiten saber cuánto poder efectivo tiene hoy la ciudadanía sobre las decisiones municipales.
114 consejeros no equivalen a 114 decisiones
El Ayuntamiento presenta como uno de sus avances la instalación de órganos de participación y la toma de protesta de 114 personas.
Es un dato cuantificable.
Pero un sistema democrático no se mide únicamente por cuántas personas ocupan una silla en un consejo.
La pregunta importante es otra:
¿Qué decisiones tomaron?
El propio Sistema Municipal de Participación Ciudadana establece que su objetivo es permitir que los habitantes de San Juan del Río participen de manera directa, informada y efectiva en las decisiones públicas. Incluso señala como propósito que las personas puedan influir directamente en políticas, obras públicas y programas.
Por eso, el estándar para evaluar el sistema no debería quedarse en el número de consejeros instalados.
Habría que conocer, por ejemplo:
- cuántas propuestas presentaron;
- cuántas fueron aceptadas;
- cuántas fueron rechazadas y por qué;
- cuántas llegaron a convertirse en obras o programas;
- cuánto dinero público fue asignado a esas propuestas;
- qué dependencia tuvo que modificar su plan a partir de una decisión ciudadana;
- y cuántos acuerdos de los consejos terminaron efectivamente ejecutándose.
Sin esos datos, 114 consejeros son una estructura instalada; todavía no necesariamente son 114 espacios de poder ciudadano.
Los 5 millones tampoco son todavía un resultado
El segundo dato que destaca el alcalde es una bolsa cercana a 5 millones de pesos para proyectos de participación ciudadana.
Pero hay una diferencia fundamental entre anunciar recursos y demostrar cómo fueron ejercidos.
El informe no identifica los proyectos que serán financiados, las comunidades beneficiadas, las reglas de selección, los montos asignados a cada proyecto, el calendario de ejecución ni el porcentaje de recursos que, a la fecha del informe, ya haya sido ejercido.
La propia plataforma municipal ofrece un mecanismo de Presupuesto Participativo bajo una premisa mucho más exigente: que la ciudadanía pueda proponer, votar y decidir cómo invertir parte del presupuesto municipal.
Entonces la pregunta resulta inevitable:
¿Los cerca de 5 millones serán realmente decididos mediante un proceso ciudadano abierto, con reglas, votación y resultados verificables, o se tratará de proyectos definidos por el gobierno y posteriormente acompañados por los consejos?
La diferencia no es menor.
En el primer caso, estaríamos hablando de participación con capacidad de decisión.
En el segundo, de participación como acompañamiento de decisiones gubernamentales.
El informe no ofrece todavía la información suficiente para determinar cuál de los dos modelos está ocurriendo.
El gobierno presume mil acciones de obra, pero la participación no aparece en la cuenta
En el mismo balance, Cabrera informó que durante el periodo se invirtieron cerca de 120 millones de pesos en más de mil acciones de obra pública. También señaló que 71% de esa inversión se destinó a movilidad, calles, servicios e infraestructura.
La lista incluye:
1,440 acciones de alumbrado, 4,539 metros de nuevas tomas de agua, 900 metros de electrificación, 52 mil metros cuadrados de pavimento rehabilitado y 3,488 metros de drenaje.
Son cifras que permiten dimensionar actividad administrativa.
Pero aparece otra pregunta:
¿Cuántas de esas obras surgieron de mecanismos formales de participación ciudadana?
El informe no lo dice.
Y eso importa porque la participación ciudadana no debería confundirse con que el gobierno realice obras que la población necesita.
Que una colonia tenga una calle pavimentada no demuestra, por sí mismo, que los vecinos hayan participado en la decisión.
Que se instale alumbrado tampoco demuestra que haya existido deliberación ciudadana.
Que se construya drenaje no significa necesariamente que la obra haya surgido de un mecanismo participativo.
Una cosa es hacer obra pública.
Otra es hacer obra pública a partir de una decisión ciudadana documentada.
El propio municipio ya estableció indicadores más exigentes
Aquí existe un punto especialmente relevante.
El Cuarto Informe de Gobierno municipal había establecido indicadores específicos para evaluar el proyecto denominado “Sociedad Participativa: Una mejor sociedad se construye desde la familia”.
Entre las metas planteadas para 2026 se encontraban alcanzar al menos 30 instrumentos de participación ciudadana activados, capacitar a por lo menos 2,500 personas, instalar correctamente los órganos de participación y generar al menos 30 proyectos comunitarios impulsados con participación ciudadana directa. También se contempló medir la confianza ciudadana mediante encuestas.
Esto cambia la vara de medición.
Porque si la propia administración estableció indicadores para medir participación, entonces el Quinto Informe debería permitir saber qué porcentaje de esas metas se cumplió.
No basta con decir que existen consejos.
No basta con informar que 114 personas rindieron protesta.
No basta con anunciar 5 millones de pesos.
La verdadera rendición de cuentas sería presentar los resultados de esos indicadores.
¿Cuántos instrumentos se activaron?
¿Cuántos ciudadanos fueron capacitados?
¿Cuántos proyectos comunitarios se ejecutaron?
¿Cuál fue el nivel de confianza obtenido?
¿Y qué decisiones concretas cambiaron gracias a la participación?
El informe no presenta esas respuestas.
Participación ciudadana: ¿derecho o escenografía institucional?
San Juan del Río sí ha construido durante los últimos años un andamiaje institucional más amplio para la participación.
En 2025 se publicó el Reglamento de Participación Ciudadana municipal, que establece mecanismos como iniciativa ciudadana, cabildo abierto, observatorios ciudadanos, consejos de participación e intervenciones con gestión ciudadana. La convocatoria de 2026 para los consejos también señala que estos órganos tienen funciones de consulta para el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas, programas y acciones gubernamentales.
Además, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro firmó en junio de 2026 un convenio con el municipio para promover los mecanismos de participación previstos en la normatividad. El IEEQ señaló entonces que San Juan del Río era el primer municipio con el que celebraba un convenio de esa naturaleza.
Eso demuestra que existe una arquitectura institucional.
Pero una arquitectura institucional no garantiza por sí misma incidencia ciudadana.
Un consejo puede reunirse.
Una plataforma puede recibir propuestas.
Una consulta puede realizarse.
Un presupuesto puede etiquetarse.
La pregunta democrática es qué ocurre después.
¿Quién decide?
El problema de las cifras bonitas
El Quinto Informe está construyendo su narrativa alrededor de cifras que suenan contundentes: 114 consejeros, 5 millones de pesos, más de mil acciones de obra, 120 millones de pesos, 730 escrituras, miles de metros de infraestructura.
El problema no es que las cifras sean falsas.
El problema periodístico es que una cifra de actividad no necesariamente es una cifra de resultado.
Mil acciones pueden significar mucho trabajo administrativo, pero no indican por sí mismas cuánto mejoraron los servicios.
114 consejeros pueden representar una red ciudadana importante, pero no demuestran cuánta influencia tuvieron.
5 millones de pesos pueden representar una inversión relevante, pero mientras no se conozcan los proyectos, beneficiarios, criterios de selección y resultados, siguen siendo fundamentalmente una promesa presupuestaria.
Y 120 millones de pesos invertidos en obra pública dicen cuánto se gastó, pero no necesariamente cuánto se transformó la vida cotidiana de quienes recibieron esas obras.
El gasto es un dato. El impacto es otra cosa.
La participación se prueba cuando el gobierno acepta perder el control
La participación ciudadana auténtica tiene una característica incómoda para cualquier gobierno:
no siempre gana el gobierno.
Si una consulta ciudadana puede modificar una decisión previamente tomada, existe incidencia.
Si un presupuesto participativo puede llevar recursos hacia una colonia que no estaba contemplada originalmente, existe incidencia.
Si un consejo ciudadano puede cuestionar una política pública y la administración debe responder públicamente, existe incidencia.
Si un observatorio puede señalar fallas y obligar a corregirlas, existe incidencia.
Pero si la ciudadanía solamente es convocada para escuchar, acompañar, validar o inaugurar decisiones que ya fueron tomadas, el concepto de participación comienza a perder contenido.
Y precisamente por eso el Ayuntamiento debería publicar los resultados completos de sus mecanismos.
No solamente quiénes participan.
También qué lograron cambiar.
El reto para el último tramo de la administración
Roberto Cabrera está presentando su quinto informe y, por tanto, el tiempo para convertir promesas institucionales en resultados comprobables es cada vez más reducido.
El Sistema Municipal de Participación Ciudadana ya tiene reglamento, portal, consejos, mecanismos y una estructura administrativa.
Ahora corresponde demostrar que todo eso produce decisiones públicas diferentes a las que habría tomado el gobierno sin participación ciudadana.
Porque ahí está la prueba.
No en la fotografía de la toma de protesta.
No en el número de consejeros.
No en la cantidad de reuniones.
Ni siquiera en los millones anunciados.
La prueba está en los expedientes.
En las propuestas.
En las votaciones.
En los proyectos seleccionados.
En los recursos ejercidos.
En las respuestas de la autoridad.
Y, sobre todo, en aquello que la ciudadanía consiguió modificar.
Por ahora, el informe ofrece un relato de fortalecimiento institucional, pero deja abierta une pregunta central.
¿San Juan del Río está construyendo una ciudadanía que participa en las decisiones o simplemente un gobierno que puede presumir que la ciudadanía participa?
Esa diferencia puede parecer semántica.
No lo es.
Porque la primera transforma el ejercicio del poder.
La segunda solamente transforma la manera de comunicarlo.
