El alcalde presentó como “Quinto Informe” el balance correspondiente al segundo año de la administración 2024-2027. La exposición acumuló obras, patrullas, árboles, apoyos y eventos, pero omitió tasas de resolución, rezagos, comparativos y mediciones que permitan saber si San Juan del Río realmente mejoró.
San Juan del Río, Qro. 1 de Octubre del 2026.— Roberto Cabrera Valencia llegó a su sesión solemne con una extensa colección de cifras. Contó calles, patrullas, árboles, escrituras, luminarias, asistentes, pláticas y apoyos. Lo que su informe no permitió contar con la misma claridad fue cuántos problemas se resolvieron, qué metas quedaron pendientes y cuánto mejoró la vida de los sanjuanenses después de cinco años consecutivos bajo su gobierno.
La contradicción comienza desde el nombre del ejercicio. El documento fue entregado como el informe correspondiente al segundo año constitucional de la administración 2024-2027, pero el aparato político y comunicacional del municipio lo presentó como el “Quinto Informe de Gobierno”.
Cabrera fue reelegido para el periodo 2024-2027, de modo que suma cinco años consecutivos al frente del Ayuntamiento. El IEEQ confirmó su elección para un segundo periodo. Llamarlo quinto informe no es necesariamente incorrecto, pero sí obliga a una evaluación acumulada: cómo estaba San Juan del Río en 2021, qué prometió entonces, cuánto gastó, qué problemas resolvió y cuáles sobrevivieron a dos administraciones.
Eso no aparece con suficiente claridad.
Atender no significa resolver
El gobierno municipal destacó más de cinco mil atenciones directas mediante las llamadas Jornadas en tu Comunidad. La palabra decisiva es “atenciones”.
El balance no establece cuántas solicitudes fueron resueltas, cuántas siguen pendientes, cuánto tardaron las dependencias en responder ni qué porcentaje terminó en una obra, servicio o solución verificable.
Si las cinco mil 70 atenciones difundidas por la administración correspondieran a personas distintas —algo que tampoco se acredita— representarían alrededor de 1.7 por ciento de los 297 mil 804 habitantes registrados por el INEGI en 2020. El municipio ha crecido desde entonces, por lo que la proporción real sería todavía menor. INEGI registró esa población municipal en el Censo 2020.
La cercanía gubernamental no se mide por el número de mesas instaladas ni por las fotografías del gabinete en las comunidades. Se mide por expedientes concluidos, tiempos de respuesta y problemas solucionados. Esos indicadores quedaron fuera.
Una “acción” puede ser casi cualquier cosa
El informe ampliado atribuye 118.9 millones de pesos a mil 68 acciones de obra pública y sostiene que 71 por ciento de la inversión fue dirigido a movilidad. Eso equivaldría a aproximadamente 84.4 millones de pesos, pero la sola suma no permite conocer la profundidad de las intervenciones.
Bajo la categoría de “acción” pueden convivir desde una obra vial integral hasta pintura, señalética, mantenimiento o trabajos menores. Presentarlas dentro de una sola cifra engorda el balance, pero dificulta conocer el costo, alcance, calidad y utilidad de cada intervención.
El gobierno enlistó trabajos en avenidas y calles como Universidad, Hidalgo Sur, Arrayanes, Mármol, Lomas del Pedregoso, Luis Donaldo Colosio, Patos y Águilas. Sin embargo, no presentó en su mensaje una relación pública que permita comparar presupuesto contratado, monto ejercido, empresa responsable, fecha de conclusión, garantías y estado actual de cada obra.
Existen resultados concretos que merecen reconocerse y revisarse, como la entrega de 731 escrituras. El problema no es afirmar que nada se hizo. El problema es pretender que enumerar acciones sustituye la evaluación de su calidad.
Comprar patrullas no demuestra que haya más seguridad
Cabrera destacó una inversión cercana a 40 millones de pesos en seguridad, destinada a 15 patrullas, 10 motocicletas, 10 bicicletas, chalecos, escudos, uniformes y tecnología. También informó un incremento salarial de 20 por ciento para policías y la recuperación de 128 vehículos.
El equipamiento es necesario, pero comprar unidades no equivale automáticamente a reducir delitos.
Para demostrar que la inversión produjo resultados, el gobierno tendría que informar cómo evolucionaron los delitos por cada 100 mil habitantes, cuánto disminuyeron los tiempos de respuesta, cuántos vehículos fueron robados durante el mismo periodo, qué porcentaje se recuperó y cuál es el nivel de cobertura policial en colonias y comunidades.
Informar 128 vehículos recuperados sin precisar cuántos fueron robados es presentar el numerador y esconder el denominador. Sin tasa de recuperación no existe una medida seria de eficacia.
Algo similar ocurre con los 40 operativos de alcoholimetría y las más de mil pruebas aplicadas. El dato adquiere sentido únicamente si se acompaña con el número de accidentes, lesiones y muertes viales antes y después de la intervención.
Árboles plantados no son árboles sobrevivientes
El programa Raíces del Agua reportó 129 hectáreas intervenidas y más de 38 mil árboles plantados. La cantidad es llamativa, pero falta el indicador ambiental indispensable: la tasa de supervivencia.
No se informó cuántos ejemplares permanecen vivos, cuántos requirieron reposición, qué especies fueron utilizadas, quién garantiza su mantenimiento ni cuánto aumentó efectivamente la infiltración de agua.
Plantar es una actividad. Restaurar un ecosistema es un resultado.
La misma debilidad aparece en las más de 20 mil “participaciones” en pláticas preventivas. El concepto no aclara cuántas personas diferentes asistieron, si algunas fueron contabilizadas varias veces ni qué conducta o riesgo se modificó después de las sesiones.
También se agruparon más de dos mil recorridos y atenciones de Protección Civil, aunque un recorrido preventivo y una emergencia son operaciones distintas y deberían reportarse por separado.
Festivales multitudinarios, pero sin factura completa
La administración atribuyó más de 71 mil asistentes al programa Festivaleando. No explicó la metodología utilizada para contar personas, el costo total de los eventos, la derrama económica generada, el número de visitantes únicos ni cuánto se pagó a proveedores, artistas, logística y difusión.
Sin esos datos, la asistencia se convierte en una cifra promocional: grande para el discurso, insuficiente para evaluar el uso del dinero público.
Lo mismo ocurre con los más de 13 millones de pesos entregados mediante apoyos para salud, educación y proyectos productivos. Faltan padrones depurados, criterios de selección, montos promedio, seguimiento de beneficiarios y resultados posteriores.
La rendición de cuentas apenas comienza
La Constitución queretana establece que el presidente municipal debe entregar anualmente su informe, pero también ordena que el Ayuntamiento lo analice en sesiones posteriores y que las fuerzas políticas representadas respondan a su contenido. Así lo dispone el artículo 89 constitucional.
Por tanto, la ceremonia, los invitados y el mensaje del alcalde no concluyen la rendición de cuentas. Apenas la abren.
Los integrantes del Cabildo deberán revisar el documento completo y exigir una matriz sencilla: programa, presupuesto aprobado, monto ejercido, meta, resultado, población beneficiada, rezago y evidencia documental.
La conclusión más severa no es que el gobierno no haya trabajado. Es que intenta convertir cada actividad en un resultado autosuficiente: una patrulla significa seguridad; una plática, prevención; un árbol, restauración; una atención, solución; un asistente, éxito cultural.
Esa es la contabilidad de la propaganda: contar insumos y evitar medir impactos.
Incluso el archivo entregado a medios fue nombrado como “31 de septiembre de 2026”, una fecha inexistente, aunque el contenido interior está fechado correctamente el día 30. El error no invalida las obras reportadas, pero sí retrata la falta de control editorial en el documento con el que una administración pretende acreditar precisión y responsabilidad.
Después de cinco años consecutivos en el poder, Roberto Cabrera ya no puede conformarse con informar cuánto hizo. Debe demostrar cuánto funcionó, cuánto costó, qué permanece sin resolver y por qué los sanjuanenses deberían considerar suficiente el resultado.
San Juan del Río no necesita otra colección de cifras. Necesita cuentas completas.
