El Gobierno de México formó un grupo interinstitucional para establecer obligaciones a las plataformas digitales en la detección, reporte y eliminación de publicaciones que inciten directamente a la violencia. La propuesta surge tras el ataque en una secundaria de Torreón, pero su contenido aún no es público y deberá fijar límites claros, supervisión independiente y mecanismos de apelación.
Ciudad de México 2 de Octubre 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo encargado de elaborar un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar contenidos que inciten a la violencia, el abuso o el acoso.
La medida fue presentada después del ataque ocurrido en la Escuela Secundaria General número 13 de Torreón, Coahuila, donde una persona integrante del personal directivo perdió la vida y otras cuatro resultaron heridas. Dos jóvenes mayores de edad, identificados como antiguos alumnos del plantel, fueron detenidos por su presunta participación.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal coordinará los trabajos con la participación de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como especialistas y representantes del ámbito académico.
El primer objetivo será construir una regulación que establezca obligaciones para las empresas tecnológicas cuando detecten publicaciones, mensajes o comunidades digitales vinculadas con amenazas o llamados directos a cometer actos violentos.
“Lo primero es que las plataformas no permitan y bajen de inmediato cualquier comunicación o acción que tienda a la violencia, al abuso o al acoso”, explicó Sheinbaum.
Un decreto todavía sin reglas públicas
El anuncio marca el tránsito de los acuerdos voluntarios con las grandes empresas tecnológicas hacia un esquema potencialmente obligatorio. En marzo de 2026, el Gobierno federal había firmado con Google, Meta y TikTok un acuerdo de colaboración para combatir la violencia digital contra las mujeres, particularmente la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
La nueva propuesta tendría un alcance mayor: obligaría a las plataformas a detectar contenidos, notificar riesgos, retirar publicaciones e intercambiar información con las autoridades.
Sin embargo, hasta ahora no se ha difundido un proyecto normativo que permita conocer las definiciones, procedimientos y sanciones contempladas. Tampoco se ha precisado qué autoridad determinará que una publicación representa una incitación directa, cuánto tiempo tendrán las empresas para eliminarla ni qué recursos podrán presentar los usuarios afectados.
Esas definiciones serán decisivas. El concepto de contenido que “tienda a la violencia” puede abarcar desde una amenaza verificable hasta expresiones agresivas, referencias artísticas, documentación periodística, denuncias ciudadanas o materiales utilizados para estudiar fenómenos extremistas.
La Suprema Corte ha sostenido que cualquier restricción a la libertad de expresión en internet debe estar prevista legalmente, perseguir un fin legítimo y ser necesaria y proporcional. También ha advertido que las medidas genéricas son incompatibles con la Constitución y que cualquier intervención debe dirigirse a contenidos concretos plenamente identificados.
El reto, por tanto, será separar con precisión una amenaza, el reclutamiento violento o la preparación de un ataque de aquellas expresiones que, aunque sean ofensivas, provocadoras o perturbadoras, permanecen protegidas por la libertad de expresión.
Más vigilancia de comunidades digitales
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se reforzará el monitoreo de redes sociales, servicios de mensajería y foros digitales para detectar comunidades extremistas y posibles riesgos de violencia.
Las autoridades también fortalecerán las investigaciones en fuentes abiertas para reconstruir actividades digitales, reconocer patrones de comportamiento e identificar relaciones entre usuarios. El Centro Nacional de Inteligencia incrementará el seguimiento de grupos en los que circulen amenazas o llamados violentos.
Este componente plantea otro desafío: impedir que la prevención derive en una vigilancia indiscriminada. La regulación deberá precisar bajo qué supuestos puede intervenir una autoridad, cómo se protegerán los datos personales, durante cuánto tiempo podrán conservarse y qué controles judiciales o institucionales impedirán abusos.
También será necesario establecer protocolos para preservar publicaciones potencialmente delictivas antes de eliminarlas. Retirar inmediatamente una amenaza puede disminuir su difusión, pero borrar la única evidencia disponible podría dificultar una investigación penal.
Protección de menores y acompañamiento emocional
La estrategia no estará limitada a la moderación de contenidos. La Secretaría de Educación Pública reforzará el programa “ABC de las emociones” mediante reuniones con madres, padres y personas cuidadoras, buzones confidenciales para detectar tempranamente situaciones de riesgo y mecanismos de acompañamiento para adolescentes.
Sheinbaum también llamó a las familias a observar los contenidos que consumen niñas, niños y jóvenes, así como los cambios de comportamiento que pudieran representar señales de alarma.
El Gobierno federal ya había abierto en agosto una discusión nacional sobre el acceso de menores de edad a las redes sociales, la verificación de edades y los mecanismos de diseño utilizados para prolongar la navegación, como la reproducción automática y el desplazamiento infinito.
La propia administración citó información interna de Meta según la cual una quinta parte de los adolescentes consultados manifestó sentirse peor respecto de su cuerpo después de utilizar plataformas; uno de cada ocho reportó acoso sexual y uno de cada once estuvo expuesto a contenido relacionado con suicidio o autolesiones. El objetivo anunciado entonces era construir una propuesta nacional de regulación.
Una eventual regulación deberá distinguir las responsabilidades de las plataformas, las familias, las escuelas y las instituciones públicas. Depositar toda la carga preventiva en madres y padres ignoraría que las empresas diseñan sistemas de recomendación capaces de amplificar contenido extremo y mantener cautivos a usuarios menores de edad.
La moderación tampoco puede quedar en manos opacas
Las plataformas ya retiran contenidos mediante reglas privadas y sistemas automatizados, pero pocas veces explican con claridad qué publicaciones eliminan, cómo funcionan sus algoritmos o por qué suspenden una cuenta.
La Suprema Corte ha descrito a estas empresas como actores que gobiernan buena parte de la conversación digital mediante decisiones de moderación frecuentemente opacas y discrecionales.
Por ello, el proyecto mexicano necesitará incorporar garantías mínimas: definiciones precisas, avisos fundamentados, posibilidad de impugnar una eliminación, revisión humana, protección del trabajo periodístico y académico, auditorías independientes e informes públicos sobre las órdenes gubernamentales y las decisiones de las compañías.
El éxito de la estrategia no debería medirse solamente por el número de publicaciones eliminadas. Deberá evaluarse por su capacidad para detectar amenazas reales, intervenir antes de que ocurra una agresión, atender a jóvenes en riesgo y construir espacios digitales más seguros sin convertir la prevención en una puerta trasera para la censura.
La violencia que germina en internet exige una respuesta institucional. Pero precisamente por la gravedad del problema, esa respuesta tendrá que ser precisa, transparente y compatible con los derechos que pretende proteger.
Las personas que necesiten acompañamiento emocional o atención ante una crisis pueden comunicarse gratuitamente y de manera confidencial a la Línea de la Vida, 800 911 2000, disponible las 24 horas.