Una iniciativa plantea reconocer formalmente la Contraloría Social para que habitantes y beneficiarios conozcan costos, plazos y características de las obras, supervisen su avance y reporten posibles irregularidades.
La ciudadanía queretana podría adquirir facultades expresas para vigilar las obras públicas ejecutadas en sus colonias y comunidades, mediante comités reconocidos por la legislación estatal y no únicamente por decisión de cada administración.
El diputado local Homero Barrera McDonald presentó una iniciativa para incorporar la Contraloría Social en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. La propuesta busca que beneficiarios, usuarios y habitantes tengan acceso a información, documenten el avance de los proyectos, formulen observaciones y den seguimiento a posibles anomalías.
La modificación pretende convertir la supervisión comunitaria en un mecanismo permanente, con reglas de integración y funcionamiento definidas legalmente. De esta manera, su existencia dejaría de depender de la voluntad política del gobierno estatal o de los municipios en turno.
“Obra pública que se hace en tu comunidad, obra pública que tienes derecho a conocer y vigilar”, sostuvo Barrera durante la presentación.
Del anuncio oficial a la vigilancia comunitaria
Uno de los problemas identificados por la iniciativa es la falta de información que enfrentan los habitantes cuando comienza una obra cerca de sus viviendas. Con frecuencia, las comunidades desconocen el presupuesto asignado, la empresa responsable, los materiales contratados, la duración prevista o la autoridad encargada de supervisar los trabajos.
La Contraloría Social permitiría que la población acceda a esa información y acompañe el desarrollo de cada proyecto desde su entorno inmediato. Los integrantes de los comités podrían observar avances, efectuar visitas, presentar reportes y solicitar atención sobre posibles incumplimientos.
El planteamiento no busca reemplazar a ingenieros, supervisores, órganos internos de control ni autoridades fiscalizadoras. Su función sería añadir una capa de vigilancia desde la experiencia cotidiana de quienes utilizan las calles, drenajes, parques, escuelas y demás infraestructura construida con recursos públicos.
La iniciativa parte de una premisa sencilla: las personas que habitan una comunidad suelen ser las primeras en advertir retrasos, materiales defectuosos, trabajos inconclusos o diferencias entre una obra anunciada y aquella que finalmente se entrega.
Comités sin filiación partidista
Los Comités de Contraloría Social podrían integrarse mediante convocatorias públicas, asambleas comunitarias, mecanismos digitales u otros procedimientos que garanticen participación, transparencia y certeza.
La propuesta establece que sus integrantes sean preferentemente habitantes, usuarios o beneficiarios directos de las obras. También introduce criterios de pluralidad, representatividad, participación voluntaria, igualdad y equilibrio entre mujeres y hombres.
Un punto central consiste en mantener estos espacios alejados de partidos, organizaciones políticas y finalidades electorales. La restricción busca impedir que la vigilancia ciudadana sea utilizada como estructura territorial, instrumento de promoción personal o mecanismo de confrontación partidista.
El desafío será que esa independencia no permanezca solamente como una declaración legal. Para funcionar, los comités necesitarán acceso oportuno a expedientes, contratos y calendarios; canales claros para presentar observaciones, y autoridades obligadas a responder con plazos verificables.
Sin esos elementos, la participación podría limitarse a recibir información sin capacidad efectiva para incidir o corregir irregularidades.
Las leyes que serían modificadas
La iniciativa contempla reformar el artículo 4 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.
También propone cambios y adiciones a los artículos 1, 4, 9, 57 y 66 de la Ley de Obra Pública estatal, además de crear un nuevo capítulo dedicado específicamente a la Contraloría Social.
Ese apartado estaría integrado por los artículos 74 Bis al 74 Quindecies, donde quedarían regulados los principios, atribuciones, integración y funcionamiento de los comités ciudadanos.
La propuesta deberá pasar por el análisis de las comisiones legislativas correspondientes y, posteriormente, obtener la aprobación del Pleno del Congreso. Por ahora, se trata de una iniciativa y sus disposiciones todavía no son obligatorias.
Una herramienta contra la opacidad
Durante la presentación estuvieron los diputados Ulises Gómez de la Rosa, Arturo Maximiliano García Pérez, Sully Yanira Mauricio Sixtos y Edgar Inzunza Ballesteros. También acudieron Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y Gisela Sánchez Díaz de León, dirigente estatal de Morena.
Los impulsores sostuvieron que reconocer la Contraloría Social permitiría reducir la opacidad y fortalecer la participación de las comunidades en el seguimiento del dinero público.
La eficacia del modelo dependerá de que los comités puedan consultar información comprensible y suficientemente detallada; que las dependencias atiendan sus reportes, y que la vigilancia ciudadana tenga consecuencias cuando se documenten incumplimientos.
La propuesta abre así una discusión que va más allá de crear nuevos comités: si la ciudadanía tendrá herramientas reales para seguir el rastro del presupuesto, contrastar lo contratado con lo construido y exigir explicaciones antes de que una obra deficiente sea recibida y pagada.
“Queremos que las obras públicas de Querétaro no tengan solamente los ojos del gobierno: que tengan también los ojos de la ciudadanía”, expresó Barrera.