Claudia Díaz Gayou presentó tres iniciativas para modificar la distribución de participaciones en Querétaro. El paquete busca reducir la discrecionalidad del Ejecutivo y favorecer a municipios serranos, indígenas y del semidesierto, aunque las cifras anunciadas todavía requieren precisión.
La distribución del dinero público entre los 18 municipios de Querétaro podría cambiar a partir del presupuesto de 2027 si prospera el paquete de reformas fiscales presentado por la diputada Claudia Díaz Gayou.
La legisladora dio a conocer las primeras tres iniciativas de un conjunto de diez propuestas orientadas a fortalecer las haciendas municipales, automatizar las transferencias y otorgar mayor peso al rezago social dentro de la fórmula utilizada para repartir los recursos.
El planteamiento parte de una crítica al modelo vigente: el crecimiento acelerado de la zona metropolitana, particularmente de El Marqués, puede concentrar una proporción cada vez mayor del presupuesto debido al peso que tiene el número de habitantes en la distribución.
Díaz Gayou advirtió que 14 de los 18 ayuntamientos podrían recibir una participación menor si continúa utilizándose la población como criterio dominante. Esto afectaría especialmente a demarcaciones rurales que conservan grandes extensiones territoriales, comunidades dispersas y mayores niveles de pobreza, pero cuentan con menos habitantes.
Más recursos estatales para los municipios
La primera iniciativa plantea reformar la Ley de Coordinación Fiscal del Estado para que una proporción obligatoria de los ingresos estatales sea transferida a los ayuntamientos.
Díaz Gayou propuso que el 22.5 por ciento de la recaudación estatal se entregue automáticamente a los municipios. De acuerdo con su exposición, si Querétaro obtiene alrededor de siete mil millones de pesos, las administraciones municipales recibirían aproximadamente mil 675 millones.
El cálculo deberá precisarse durante el análisis legislativo: el 22.5 por ciento de siete mil millones equivale a mil 575 millones de pesos, cien millones menos que la cantidad mencionada en la presentación. La diferencia podría explicarse si la estimación real de ingresos es superior, pero la base financiera exacta no fue detallada.
Más allá de la corrección aritmética, la iniciativa busca impedir que la entrega de recursos dependa de negociaciones políticas, decisiones administrativas o acuerdos particulares con el Poder Ejecutivo.
Aumentar la bolsa de participaciones federales
La segunda propuesta pretende incrementar la proporción de los recursos federales que el gobierno estatal distribuye entre los municipios.
Durante la presentación se señaló que el porcentaje pasaría de 22.5 a 27.5 por ciento. Sin embargo, también se afirmó que el incremento sería de “0.5 por ciento”, por lo que el texto requiere una aclaración: para pasar de 22.5 a 27.5 serían necesarios cinco puntos porcentuales, no medio punto.
La diferencia no es menor. Dependiendo de cuál sea el porcentaje correcto, el impacto presupuestario para los municipios y para las finanzas estatales cambiaría sustancialmente.
La iniciativa busca que el aumento se traduzca en infraestructura, servicios públicos y programas sociales administrados directamente por los ayuntamientos. Para evaluar su viabilidad será indispensable conocer la fuente de financiamiento, el monto estimado y las obligaciones estatales que podrían verse afectadas por la redistribución.
Una nueva fórmula contra la desigualdad territorial
El tercer cambio se concentra en la fórmula utilizada para determinar cuánto recibe cada municipio.
Díaz Gayou explicó que actualmente el reparto considera en un 40 por ciento el número de habitantes; 30 por ciento, los ingresos propios; 20 por ciento, la superficie territorial, y 10 por ciento, criterios relacionados con la zonificación o marginalidad.
La propuesta busca disminuir el peso de la población e incrementar el correspondiente al rezago social. No obstante, durante la presentación no se dieron a conocer los porcentajes definitivos que tendría cada variable.
El cambio podría favorecer a municipios con comunidades indígenas, localidades dispersas, baja recaudación y carencias sociales, pero también modificaría los ingresos de demarcaciones con mayor crecimiento demográfico y demanda de servicios.
Por ello, antes de aprobar la reforma será necesario publicar simulaciones para los 18 municipios: cuánto recibiría cada uno con la fórmula vigente, cuánto obtendría con el nuevo esquema y qué reglas de transición impedirían reducciones abruptas.
Sin ese ejercicio, la discusión corre el riesgo de quedarse en una confrontación entre municipios metropolitanos y rurales, cuando el objetivo debería ser construir un reparto que reconozca tanto la población atendida como el costo real de llevar servicios a territorios extensos y marginados.
Reclaman recursos prometidos a Sierra y Semidesierto
El diputado Eric Silva Hernández sostuvo que durante la discusión presupuestal anterior se anunciaron 465 millones de pesos adicionales para municipios de la Sierra Gorda y el Semidesierto, pero afirmó que esos recursos no llegaron.
También cuestionó el destino del presupuesto que habría sido comprometido para comunidades indígenas y advirtió que no respaldará el próximo paquete económico si no existen beneficios verificables para las regiones con mayores necesidades.
“Querétaro no solamente son los municipios de la zona metropolitana”, remarcó.
La diputada Blanca Benítez Estrada señaló que el criterio de pobreza representa apenas 10 por ciento dentro de la fórmula actual. En términos ilustrativos, dijo, de cada diez pesos considerados para el reparto, solamente uno responde a las condiciones de pobreza.
Benítez sostuvo que elevar ese componente permitiría combatir las desigualdades desde los gobiernos municipales y reducir la dependencia de decisiones discrecionales tomadas desde la capital del estado.
La legisladora se refirió a las comunidades serranas y rurales como “el otro Querétaro”: territorios que forman parte del estado, pero que no reciben recursos en proporción a sus necesidades.
La prueba estará en los números finales
A la presentación acudieron los diputados Arturo Maximiliano García Pérez, Rosalba Vázquez Munguía, Sully Yanira Mauricio Sixtos y Ulises Gómez de la Rosa; la presidenta estatal de Morena, Gisela Sánchez Díaz de León; así como los alcaldes de Tolimán, Alejo Sánchez de Santiago, y de Pedro Escobedo, Juan Alberto Nava Cruz.
Las iniciativas todavía deberán ser turnadas a comisiones, discutidas y eventualmente votadas por el Pleno. No representan, por ahora, una modificación vigente ni garantizan recursos adicionales en el presupuesto de 2027.
El debate de fondo será definir qué entiende Querétaro por una distribución justa: repartir principalmente por número de habitantes, premiar la capacidad recaudatoria o compensar a los territorios donde la pobreza, la dispersión poblacional y la falta de infraestructura encarecen la prestación de servicios.
Para que el paquete avance con credibilidad, sus promotores tendrán que corregir las inconsistencias numéricas, publicar la fórmula completa y mostrar municipio por municipio quién ganaría, quién recibiría menos y de dónde saldría el dinero adicional.
La justicia presupuestaria no puede sostenerse solamente en buenas intenciones. Debe poder comprobarse en una hoja de cálculo, en el decreto correspondiente y, finalmente, en servicios públicos que lleguen a las comunidades históricamente relegadas.
