El alcalde de San Juan del Río enlistó vehículos, uniformes y computadoras como prueba de fortalecimiento policial, pero la información presentada omite costos unitarios, proveedores, contratos, distribución territorial y resultados operativos que permitan evaluar la inversión.
Roberto Cabrera Valencia convirtió la compra de equipo policial en la nueva escala de su prolongado Quinto Informe de Gobierno: 13 días de encuentros sectoriales en los que las cifras aparecen cuidadosamente seleccionadas, pero rara vez acompañadas por los documentos necesarios para someterlas al escrutinio público.
Ante titulares de delegaciones y subdelegaciones municipales, el alcalde de San Juan del Río aseguró que su administración destinó cerca de 40 millones de pesos al fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
La inversión, dijo, permitió adquirir 15 patrullas tipo pick up, una camioneta para trasladar elementos, diez motocicletas, diez bicicletas, 46 chalecos, tres escudos balísticos, uniformes, equipo de protección y 78 dispositivos tecnológicos.
El inventario luce amplio cuando se presenta desde un templete. El problema aparece al buscar las cuentas detrás de la escenografía.
En la información difundida no se precisa cuánto costó cada vehículo, qué empresas resultaron contratadas, qué procedimientos de compra fueron utilizados, cuánto se pagó por los chalecos y uniformes ni cuál fue el valor de los supuestos instrumentos tecnológicos.
Tampoco se aclara qué parte de los casi 40 millones corresponde al equipamiento enlistado, si existen contratos de mantenimiento o cuánto costará mantener en operación las nuevas unidades.
Computadoras presentadas como tecnología para la seguridad
La administración agrupó bajo la expresión “equipos tecnológicos” un conjunto de 78 computadoras de escritorio, portátiles, escáneres y una impresora multifuncional.
Se trata de herramientas administrativas necesarias para cualquier dependencia, pero su presentación como una inversión tecnológica en seguridad exige una explicación adicional: ¿qué capacidades operativas mejoran?, ¿están destinadas a inteligencia, análisis delictivo o atención de emergencias?, ¿cuentan con sistemas especializados o son únicamente equipos de oficina?
El gobierno municipal no informó si la inversión incluyó cámaras, programas de análisis, sistemas de geolocalización, licencias informáticas, conectividad para patrullas o mecanismos de interoperabilidad con otras corporaciones.
El uso de una etiqueta ambiciosa no convierte automáticamente una computadora en inteligencia policial. Para acreditar su utilidad sería necesario explicar dónde fue instalada, quién la utiliza y qué proceso de seguridad mejorará.
Porcentajes sin números para dimensionarlos
Cabrera también presentó reducciones en algunas denuncias registradas entre julio de 2025 y mayo de 2026. Según las cifras atribuidas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión disminuyó 28.4 por ciento; el robo de vehículo, 20.6 por ciento; el homicidio doloso, 8.7 por ciento, y el robo a transeúnte, 8.2 por ciento.
La administración no acompañó esos porcentajes con las cifras absolutas del periodo anterior y del actual. Sin conocer cuántas carpetas de investigación había y cuántas se registraron después, resulta imposible dimensionar la magnitud real de las variaciones.
Además, una reducción en las denuncias no demuestra por sí misma una disminución equivalente de los delitos. Los registros ministeriales dependen también de que las víctimas acudan ante la autoridad, confíen en las instituciones y consigan formalizar una denuncia.
Para sostener que San Juan del Río es más seguro harían falta otros indicadores: percepción ciudadana, prevalencia delictiva, llamadas de emergencia, tiempos de respuesta, detenciones, esclarecimiento de casos, judicializaciones y distribución territorial de los incidentes.
Nada de eso formó parte del balance presentado.
Reuniones no equivalen a resultados
El alcalde informó que se celebraron 229 sesiones regionales de Coordinación para la Construcción de la Paz y que se recuperaron 128 vehículos.
La recuperación de unidades constituye un resultado verificable, aunque falta conocer cuántas fueron devueltas a sus propietarios, en qué condiciones se localizaron y cuántas personas fueron detenidas o vinculadas con esos robos.
En contraste, contabilizar reuniones gubernamentales no permite evaluar la eficacia de una política de seguridad. Una sesión de coordinación es una actividad administrativa; no constituye por sí sola un delito evitado, una investigación resuelta ni una víctima atendida.
Lo mismo ocurre con las 20 mil 306 “participaciones” en pláticas preventivas. La cifra no aclara cuántas personas únicas fueron atendidas, cuánto duraron las actividades, cómo se seleccionaron las comunidades ni si se midió algún cambio posterior.
Los 417 convenios de mediación tampoco fueron acompañados por información sobre su cumplimiento, reincidencia o impacto en los conflictos atendidos.
Seguridad sin diagnóstico público
La adquisición de patrullas y equipo puede ser necesaria, pero el gobierno municipal no presentó un diagnóstico que permita conocer por qué se eligieron esas cantidades.
No se informó cuántas patrullas tenía la corporación antes de la compra, cuántas estaban fuera de servicio, cuántos elementos integran la Secretaría, qué porcentaje cuenta con equipamiento completo ni cómo se distribuirán las nuevas unidades entre la cabecera municipal y las comunidades.
También se desconoce si las bicicletas responden a un programa específico de proximidad, si las motocicletas tendrán cobertura permanente o si los 46 chalecos son suficientes frente al número total de policías operativos.
La seguridad pública no se mide por el brillo de las patrullas recién entregadas ni por la cantidad de funcionarios sentados en una reunión. Se mide en la capacidad de prevenir delitos, responder con rapidez, investigar, detener responsables y ofrecer condiciones de tranquilidad a la población.
Un informe convertido en gira de autopromoción
El encuentro ocurrió en el décimo tercer día de actividades del Quinto Informe de Gobierno. En lugar de concentrar la rendición de cuentas en un documento verificable, con anexos presupuestales, contratos y series comparables, Cabrera ha fragmentado su balance en reuniones con cámaras empresariales, organizaciones y representantes comunitarios.
Ese formato permite repetir logros ante públicos distintos, prolongar la exposición del alcalde y administrar diariamente nuevos titulares. Lo que no garantiza es una rendición de cuentas más profunda.
Los delegados y subdelegados escucharon una relación de compras y porcentajes, pero la ciudadanía todavía no dispone —al menos en la información presentada— del desglose necesario para seguir el dinero y medir los resultados.
Los casi 40 millones de pesos no pertenecen al alcalde ni a su gabinete. Son recursos públicos y, por tanto, su explicación no puede agotarse en decir cuántas patrullas llegaron o cuántas computadoras fueron encendidas.
Después de cinco años de gobierno, San Juan del Río merece algo más que un inventario recitado durante una gira. Merece saber quién vendió el equipo, cuánto costó, dónde opera y si realmente está haciendo más segura la vida cotidiana.