El coordinador del PAN en el Congreso pidió inspeccionar los aprovechamientos vinculados con seis operadores autorizados durante el gobierno municipal de Juan Guzmán. La solicitud abre una nueva línea en el debate sobre el llamado “huachicol del agua”, aunque la competencia federal no elimina las responsabilidades estatales y municipales sobre la prestación del servicio.
Santiago de Querétaro, Qro., 8 de octubre de 2026.— La confrontación política por el manejo del agua en Querétaro llegó a la Comisión Nacional del Agua. El diputado Guillermo Vega Guerrero presentó una solicitud formal para revisar los títulos, volúmenes de extracción y fuentes de abastecimiento vinculados con seis organismos operadores autorizados en Huimilpan entre 2021 y 2024.
El coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional sostuvo que corresponde a Conagua determinar si los aprovechamientos de aguas nacionales se encuentran en regla y sancionar cualquier extracción contraria a los títulos federales.
“Queremos conocer quiénes son los titulares de los derechos de agua, qué volúmenes tienen autorizados, cuánto extraen, de qué fuentes se abastecen y si cumplen con todas las disposiciones legales”, explicó.
Vega pidió que los resultados de la revisión sean públicos. Si los operadores cumplen con la normatividad, planteó, la autoridad deberá informarlo para evitar acusaciones sin sustento; si encuentra anomalías, tendrá que iniciar los procedimientos correspondientes.
La solicitud no acredita por sí misma la existencia de extracción ilegal. El legislador aclaró que no está acusando a las empresas de cometer irregularidades ni prejuzgando la legalidad de las autorizaciones municipales.
Una competencia dividida entre tres órdenes de gobierno
El planteamiento de Vega parte de una precisión jurídica válida, aunque incompleta si se interpreta como una exclusión absoluta de responsabilidades locales.
El artículo 27 constitucional establece el dominio de la Nación sobre las aguas nacionales. La Ley de Aguas Nacionales faculta a Conagua para administrarlas, regular su aprovechamiento, otorgar títulos y verificar que las personas concesionarias respeten los volúmenes, usos y condiciones autorizadas.
Por tanto, corresponde a la autoridad federal revisar si un pozo cuenta con título, cuánto volumen puede extraer y si el agua se utiliza para el fin autorizado.
Pero la gestión hídrica no termina en la concesión federal. El artículo 115 constitucional asigna a los municipios responsabilidades sobre los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. En Querétaro, la legislación estatal establece que los municipios o la Comisión Estatal de Aguas pueden otorgar concesiones para la prestación del servicio y deben supervisar su cumplimiento.
El artículo 128 de la ley queretana señala expresamente que corresponde a los municipios o a la Comisión otorgar esas concesiones y ejercer funciones de vigilancia.
En términos sencillos, Conagua controla el derecho para extraer o aprovechar aguas nacionales; los gobiernos locales intervienen en la organización y supervisión del servicio que lleva el líquido hasta las personas usuarias.
Por ello, establecer que toda la responsabilidad pertenece a Conagua simplifica un sistema donde las competencias se encuentran distribuidas. La Federación debe revisar la extracción; el estado y los municipios deben responder por las decisiones administrativas tomadas alrededor de la operación y prestación del servicio.
Huimilpan entra al centro de la confrontación
La solicitud se dirige a los aprovechamientos relacionados con operadores autorizados durante la administración municipal de Juan Guzmán Cabrera, quien gobernó Huimilpan de 2021 a 2024 postulado por el Partido Verde y posteriormente se acercó a Morena.
Vega utilizó esa trayectoria para devolver a la Cuarta Transformación los señalamientos sobre la presunta privatización y extracción irregular del agua en Querétaro.
“Si Morena quiere hablar del agua, hablemos de toda el agua. Si exige investigaciones, que se investigue a todos”, expresó.
El panista aseguró que existen fechas, polígonos y publicaciones municipales que documentan las autorizaciones. Al menos uno de esos acuerdos fue publicado el 16 de agosto de 2024 en el periódico oficial La Sombra de Arteaga: concedió a Distribuidora de Agua Q76220 la posibilidad de constituirse como organismo operador dentro de un polígono de aproximadamente mil 88 hectáreas en la zona norponiente de Huimilpan.
El número exacto y la situación jurídica de todos los operadores todavía requieren aclaración. Mientras Vega sostiene que fueron seis, el actual presidente municipal, Jairo Morales, declaró recientemente que la administración anterior autorizó cinco y dejó algunos procedimientos pendientes que su gobierno debió concluir debido a derechos previamente adquiridos.
La discrepancia refuerza la necesidad de publicar los expedientes completos y distinguir entre tres figuras que suelen confundirse en el debate: el título federal para aprovechar agua, la autorización para constituirse como operador y la concesión local para prestar el servicio.
Del señalamiento político a la revisión técnica
Durante las últimas semanas, representantes de Morena han insistido en investigar el denominado “huachicol del agua”, expresión utilizada para describir extracciones clandestinas, aprovechamientos por encima de los volúmenes autorizados o cambios irregulares en el uso concesionado.
La respuesta del PAN consiste ahora en ampliar el universo de la revisión hacia municipios gobernados por aliados de la Cuarta Transformación.
Vega acusó a Morena de impulsar investigaciones selectivas y preguntó a sus legisladores si respaldarán la inspección de los aprovechamientos relacionados con Huimilpan.
“La legalidad del agua no puede depender del color del partido que gobierna”, afirmó.
La expresión es correcta como principio, pero deberá aplicarse en ambos sentidos. La revisión de Huimilpan no sustituye las investigaciones sobre otros aprovechamientos cuestionados en Querétaro, del mismo modo que las posibles irregularidades de una empresa no pueden utilizarse para atribuir responsabilidad automática a todas las personas concesionarias.
Transparencia antes que condenas anticipadas
La solicitud presentada ante Conagua puede ayudar a trasladar la discusión del terreno de las acusaciones partidistas al de los títulos, medidores, volúmenes y visitas de inspección.
Para que eso ocurra, la autoridad federal deberá informar si los operadores cuentan con derechos vigentes, cuáles son sus fuentes de abastecimiento, qué volumen tienen autorizado y si existen procedimientos administrativos o sanciones.
Los gobiernos estatal y municipal, por su parte, tendrían que publicar las autorizaciones, estudios técnicos, polígonos, condiciones de operación y mecanismos de vigilancia relacionados con la prestación del servicio.
La discusión sobre el agua no se resolverá determinando qué partido autorizó primero a una empresa. El asunto central es si el líquido se extrae legalmente, si los volúmenes son sustentables, si el servicio cumple con la ley y si las decisiones adoptadas protegen el derecho humano al agua.
Memo Vega abrió una nueva línea de investigación al llevar el caso de Huimilpan ante Conagua. La respuesta de la autoridad permitirá saber si se trata de una irregularidad hídrica, una controversia administrativa o una pieza más dentro de la confrontación política por el recurso más disputado de Querétaro.