La Comisión de Seguridad Pública aprobó una reforma para obligar a renovar cada seis meses la información sobre amenazas y zonas vulnerables. También avaló un exhorto para supervisar tarifas de arrastre, maniobras y depósito de vehículos, aunque este último acuerdo no crea sanciones ni obliga por sí mismo a las autoridades.
Pedro Escobedo, Qro., 12 de octubre de 2026.— La actualización semestral de los Atlas de Riesgos y una mayor supervisión sobre los cobros realizados por grúas y depósitos vehiculares avanzaron en el Congreso de Querétaro, después de que la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil aprobara dos dictámenes que ahora deberán continuar su trámite legislativo.
Las propuestas atienden problemas distintos, pero con un elemento común: la ausencia de información clara puede traducirse en afectaciones directas al patrimonio y la seguridad de las personas.
La primera medida pretende responder a las inconformidades por cobros de arrastre, salvamento, maniobras y resguardo de vehículos. La segunda busca impedir que los gobiernos tomen decisiones territoriales y preventivas con mapas de riesgo desactualizados frente al crecimiento urbano, los fenómenos naturales y las modificaciones en la infraestructura.
Sin embargo, los efectos jurídicos de ambos dictámenes son diferentes. La reforma sobre Atlas de Riesgos plantea una obligación legal, mientras que la intervención sobre grúas consiste únicamente en un exhorto: un llamado institucional que carece de fuerza coercitiva y cuyo cumplimiento dependerá de las autoridades destinatarias.
Cobros que pueden detener la economía de una familia
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) que fortalezcan la supervisión de los servicios auxiliares de autotransporte.
La iniciativa fue presentada por la diputada Sully Yanira Mauricio Sixtos, quien aseguró que habitantes de Pedro Escobedo le han reportado cobros excesivos o poco transparentes y dificultades para recuperar vehículos enviados a depósitos.
El problema adquiere una dimensión particular en un municipio con actividades agrícolas, comerciales y de transporte. Para una familia que depende de una camioneta, un automóvil o una unidad de carga, la retención del vehículo puede significar la pérdida temporal de su herramienta de trabajo, además del costo acumulado por arrastre, maniobras y estancia en el corralón.
“Las personas tienen derecho a conocer cuánto deben pagar, por qué concepto se está cobrando y ante qué autoridad pueden acudir cuando consideren que existe alguna irregularidad”, sostuvo Mauricio Sixtos.
El dictamen solicita verificar que las empresas cumplan las tarifas aplicables, transparenten los conceptos cobrados y atiendan las denuncias ciudadanas. No obstante, la información presentada durante la sesión no precisó cuántas quejas han sido documentadas, qué empresas fueron señaladas, cuáles fueron los montos cuestionados ni cuántas unidades permanecen retenidas por controversias tarifarias.
Estos datos serán indispensables para determinar si se trata de casos aislados o de una práctica extendida.
Las tarifas ya están reguladas; el problema es hacerlas cumplir
En las vías federales, los servicios de arrastre, salvamento y depósito están sujetos a un reglamento que contempla montos máximos calculados a partir de la Unidad de Medida y Actualización, el tipo de grúa, el banderazo, la distancia recorrida y las maniobras realizadas.
La regulación federal también creó el Sistema Informático de Registro de Servicios, que debe generar un folio por operación, registrar los recorridos y ofrecer una memoria descriptiva del servicio. El objetivo es que el usuario pueda conocer cómo fue calculado el cobro. La SICT explica aquí el funcionamiento de este mecanismo.
En las vías de competencia estatal, la legislación queretana establece que los servicios de salvamento y arrastre corresponden al Estado y pueden ser prestados directamente o mediante concesionarios. También dispone que el costo no debe superar la tarifa autorizada por la Agencia de Movilidad. La regulación estatal puede consultarse en la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público.
Por tanto, el vacío principal no parece encontrarse en la inexistencia absoluta de reglas, sino en su vigilancia y en la capacidad de los usuarios para exigirlas.
El exhorto aprobado no modifica las tarifas, no crea un procedimiento nuevo para impugnar cobros ni establece sanciones adicionales. Pide a las instituciones competentes aplicar las herramientas que ya poseen.
La presidenta de la comisión, Teresita Calzada Rovirosa, afirmó que la medida podría beneficiar a comerciantes, productores y trabajadores de los 18 municipios y destacó que fue respaldada por todas las fuerzas representadas en ese órgano legislativo.
Atlas de Riesgos: actualizar para no construir sobre el peligro
El segundo dictamen reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para establecer que los Atlas de Riesgos sean actualizados cada seis meses.
Estos instrumentos concentran información sobre zonas expuestas a inundaciones, deslaves, incendios, fallas geológicas, accidentes industriales y otras amenazas de origen natural o humano. Sus datos resultan fundamentales para autorizar desarrollos, diseñar infraestructura, establecer rutas de evacuación y planear la respuesta ante emergencias.
Calzada Rovirosa explicó que la legislación no establecía una periodicidad definida, lo que impedía garantizar que la información reflejara la transformación acelerada de los municipios.
“Un Atlas de Riesgos no solo es un trámite o un documento, sino una plataforma vital para identificar zonas vulnerables, planificar nuestro territorio y prevenir desastres”, señaló.
La actualización semestral pretende obligar a que la nueva información sea incorporada y enviada a la Coordinación Estatal de Protección Civil. De aprobarse, la reforma podría evitar que los planes municipales y estatales se elaboren con diagnósticos que ya no corresponden a las condiciones físicas, urbanas o demográficas del territorio.
La actualización necesitará personal y presupuesto
La periodicidad de seis meses plantea también un desafío operativo. Actualizar un Atlas de Riesgos no consiste únicamente en cambiar una fecha o cargar nuevamente un archivo: exige recopilar información geográfica, verificar asentamientos, identificar obras nuevas, revisar cauces, registrar incidentes y coordinar datos entre dependencias.
El diputado Antonio Zapata reconoció que el cumplimiento será particularmente complejo para los municipios pequeños, que pueden tener poblaciones reducidas, territorios extensos y equipos limitados de Protección Civil.
La reforma deberá acompañarse de asistencia técnica, plataformas compatibles, personal capacitado y recursos suficientes. Sin estos elementos, la obligación corre el riesgo de producir actualizaciones meramente administrativas, sin el trabajo de campo necesario para mejorar la prevención.
Durante la sesión, Teresita Calzada recordó que existe un fondo estatal de 100 millones de pesos etiquetado para emergencias. Sin embargo, los recursos para responder a una contingencia no sustituyen necesariamente el financiamiento requerido para prevenirla y mantener actualizados los Atlas de Riesgos.
La legisladora también afirmó que se ha atendido 95 por ciento de las solicitudes derivadas de las lluvias de 2024 y 2025 en la Sierra Gorda y el Semidesierto, aunque no precisó el número total de peticiones, las acciones realizadas ni el monto ejercido.
Dos dictámenes, ninguna medida vigente todavía
La aprobación en comisión no significa que las modificaciones hayan entrado en vigor. La reforma sobre Atlas de Riesgos todavía deberá ser discutida y aprobada por el Pleno de la Legislatura y, posteriormente, publicada en el periódico oficial.
El exhorto sobre grúas también deberá completar su proceso, pero incluso después de su aprobación seguirá siendo una solicitud política y no una orden judicial o administrativa.
La sesión celebrada en Pedro Escobedo permitió llevar la discusión al territorio donde se originaron las quejas. Participaron legisladores, autoridades municipales, cuerpos de Bomberos, Cruz Roja y representantes de Protección Civil.
El avance legislativo coloca dos problemas sobre la mesa. El siguiente paso será comprobar si las autoridades convierten el exhorto en inspecciones y si los municipios reciben las herramientas necesarias para transformar la actualización semestral del Atlas de Riesgos en prevención real y no solamente en otro archivo subido a una plataforma.