La decisión fue tomada a petición de representantes de los pueblos originarios y afromexicano, quienes advirtieron que permanecen asuntos sin resolver. El proyecto deberá incorporar recursos directos, propiedad comunal, Planes de Justicia y caminos artesanales; el Gobierno federal no anunció una nueva fecha para presentarlo.
Ciudad de México, 12 de octubre de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum aplazó el envío al Congreso de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y ordenó ampliar su periodo de consulta, después de que representantes comunitarios solicitaran más tiempo para discutir el contenido de una legislación que determinará cómo ejercerán su autonomía, administrarán recursos y defenderán sus territorios.
El proyecto estaba previsto para ser presentado este 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. Sin embargo, durante una reunión en Palacio Nacional, Yaneth Cruz Gómez, representante del pueblo tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, pidió prolongar la deliberación y entregó una propuesta elaborada desde las comunidades.
Sheinbaum aceptó la petición y aseguró que la iniciativa no llegará al Poder Legislativo hasta que los pueblos participantes consideren concluido el proceso.
“Ustedes llevan la mano, llevan la palabra, llevan la decisión, y hasta que ustedes no nos digan ‘ya está’, entonces no la presentamos al Congreso de la Unión”, declaró ante representantes de 69 pueblos originarios y del pueblo afromexicano.
La determinación evita imponer un calendario gubernamental sobre una consulta que debe ser efectiva. Al mismo tiempo, deja sin fecha una legislación indispensable para convertir en procedimientos concretos los derechos reconocidos en la Constitución.
Una ley que no puede escribirse sin sus destinatarios
La ampliación no constituye una simple concesión política. La consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos deriva del artículo segundo constitucional y debe permitir que las comunidades intervengan en las decisiones susceptibles de afectar sus derechos, territorios, recursos y formas de organización.
En septiembre de 2024 fue publicada la reforma constitucional que los reconoció como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El decreto también ordenó a las autoridades realizar las adecuaciones normativas necesarias dentro de los 180 días siguientes. La reforma puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación.
Más de dos años después, la Ley General continúa en construcción.
La demora tiene dos lecturas que no necesariamente se contradicen. Por una parte, una legislación de esta magnitud no debería aprobarse mediante una consulta apresurada o meramente ceremonial. Por otra, la falta de un calendario definido puede prolongar la distancia entre el reconocimiento constitucional y la posibilidad de ejercer plenamente esos derechos.
El desafío será demostrar que el tiempo adicional se utilizará para incorporar las propuestas comunitarias y no para posponer indefinidamente la reglamentación.
Los asuntos que siguen abiertos
Sheinbaum adelantó que la iniciativa deberá incorporar al menos cuatro componentes: el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), los Planes de Justicia, los caminos artesanales y la protección de la propiedad comunal tradicional.
No son aspectos secundarios.
El reconocimiento de la propiedad comunal puede incidir en disputas territoriales, desplazamientos, explotación de recursos naturales y proyectos de infraestructura. Los Planes de Justicia involucran restitución de tierras, agua, servicios básicos, educación, salud y reparación de agravios históricos.
El FAISPIAM, por su parte, permite que las comunidades reciban y administren directamente recursos para infraestructura social mediante decisiones tomadas en asamblea.
En 2025, la Secretaría de Bienestar identificó a más de 20 mil comunidades como destinatarias de este esquema y asignó 12 mil 374 millones de pesos para obras de agua potable, drenaje, electrificación, vivienda, salud y educación. La dependencia publicó la distribución y las reglas generales del fondo.
Para 2026, el Gobierno federal anunció un incremento hasta 13 mil 500 millones de pesos. El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, informó ahora que entre ambos ejercicios han sido ejercidos 25 mil 424 millones de pesos en 52 mil 547 obras.
La futura ley deberá definir si ese mecanismo conservará continuidad, qué obligaciones tendrán los comités comunitarios, cómo se fiscalizarán los recursos sin sustituir la autonomía y qué garantías existirán para impedir que decisiones externas capturen el presupuesto.
Setenta y siete asambleas y más de dos mil propuestas
Regino Montes reportó la realización de 77 asambleas regionales y 19 mesas de trabajo, de las cuales surgieron dos mil 287 aportaciones para el diseño de la legislación.
La magnitud del ejercicio no puede evaluarse solamente por el número de reuniones. La legitimidad dependerá de que exista trazabilidad: que las comunidades puedan conocer cuáles de sus propuestas fueron incorporadas, cuáles fueron descartadas y bajo qué argumentos.
También será necesario publicar una versión consolidada del proyecto antes de remitirlo al Congreso. Sin ese documento, la consulta corre el riesgo de convertirse en una acumulación de testimonios sin capacidad verificable para modificar el contenido final.
Durante la reunión, representantes tojolabales, p’urhépechas, tsotsiles, yaquis, mayas, rarámuris y del pueblo afromexicano presentaron necesidades relacionadas con agua, educación, apoyos universitarios, infraestructura y continuidad presupuestal.
Hortencia Palma Palma, gobernadora indígena de Guachochi, Chihuahua, solicitó duplicar los apoyos destinados a estudiantes universitarios. Crisóforo Valenzuela reconoció obras hidráulicas para el pueblo yaqui, mientras representantes afromexicanos pidieron consolidar en la nueva ley el reconocimiento de sus derechos.
Recursos, tierras y Planes de Justicia
El Gobierno federal informó que 22 Planes de Justicia han beneficiado a 2.6 millones de personas en 14 estados, con una inversión acumulada de 64 mil 523 millones de pesos.
También reportó la restitución de 45 mil 794 hectáreas al pueblo yaqui; seis mil 26 hectáreas en la Sierra Tarahumara; cinco mil 956 a una comunidad wixárika de Jalisco, y 569 hectáreas al primer ejido otomí.
Estas cifras muestran el alcance material de la discusión. La Ley General no será únicamente una declaración cultural: deberá establecer quién decide sobre el territorio, cómo se reconocen las autoridades comunitarias, qué instrumentos existen para reclamar la restitución de tierras y cómo se coordinan los pueblos con los municipios, estados y Federación.
La promesa de igualdad expresada por Sheinbaum deberá traducirse en facultades exigibles. Sentarse “como iguales” en Palacio Nacional tiene valor político; contar con procedimientos legales para detener un despojo, administrar un presupuesto o defender una propiedad colectiva tiene consecuencias jurídicas.
Una ampliación necesaria que no puede volverse indefinida
La decisión de no enviar una iniciativa incompleta evita que el Congreso legisle mientras las comunidades todavía discuten temas fundamentales. Pero la consulta necesita ahora un calendario público, etapas verificables y una fecha aproximada para concluir.
También requiere definir cómo participarán los pueblos que no estuvieron representados en Palacio Nacional, cómo se garantizará la presencia de mujeres, juventudes, personas migrantes y comunidades alejadas, y en qué lenguas estarán disponibles los documentos.
La ampliación será una señal de respeto si permite corregir el proyecto desde las comunidades. Se convertirá en una nueva demora si el Gobierno no informa cuánto tiempo durará, cómo serán sistematizadas las aportaciones y cuándo se publicará una versión final.
Por ahora, la Ley General no llegará al Congreso. La decisión más importante consiste en que tampoco llegará sin el consentimiento de quienes tendrán que vivir bajo sus disposiciones.
El tiempo de consulta fue ampliado. El siguiente compromiso deberá ser impedir que el derecho a participar se transforme en el derecho a esperar indefinidamente.