El dictamen fue aprobado por unanimidad en comisiones y contempla excepciones por motivos pedagógicos, emergencias, salud, discapacidad e inclusión. No establece una prohibición general para todos los niveles ni ha entrado en vigor: todavía deberá ser discutido por el Pleno.
Ciudad de México, 12 de octubre de 2026.— Las escuelas de educación básica deberán restringir el uso de celulares, tabletas y otros dispositivos digitales personales durante la jornada escolar, salvo cuando sean necesarios para actividades pedagógicas, emergencias o necesidades relacionadas con la salud, la discapacidad y la inclusión.
La modificación avanzó en el Senado después de que las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos Primera aprobaran, por unanimidad de 27 votos, un dictamen que reforma cuatro artículos de la Ley General de Educación.
La propuesta no plantea una prohibición idéntica para todo el sistema educativo. Establece reglas diferenciadas de acuerdo con la edad del alumnado y el grado de autonomía de las instituciones.
En educación básica se aplicaría la restricción durante la jornada escolar; en el nivel medio superior, cada comunidad educativa deberá construir sus acuerdos mediante el diálogo; mientras que universidades e instituciones de educación superior conservarán su autonomía y deberán fomentar un uso responsable.
El proyecto todavía no está vigente. Deberá ser discutido y votado por el Pleno del Senado y continuar el procedimiento legislativo correspondiente antes de ser publicado y adquirir fuerza obligatoria.
No es una prohibición absoluta
El dictamen modifica el artículo 84 de la Ley General de Educación para regular los dispositivos digitales personales dentro de las escuelas.
La medida busca evitar que el teléfono compita permanentemente con las actividades académicas, pero reconoce situaciones en las que su utilización puede resultar necesaria.
Las excepciones previstas comprenden:
- Actividades pedagógicas autorizadas.
- Emergencias.
- Necesidades de salud.
- Herramientas de apoyo para personas con discapacidad.
- Medidas de inclusión educativa.
La redacción intenta evitar que una regulación general termine perjudicando a estudiantes que utilizan un dispositivo como instrumento de comunicación, accesibilidad o seguimiento médico.
El senador Aníbal Ostoa Ortega, secretario de la Comisión de Educación, sostuvo que la tecnología no debe ser considerada enemiga de la enseñanza, siempre que permanezca al servicio del aprendizaje y no lo desplace.
El planteamiento es resultado del análisis de 13 iniciativas presentadas por legisladores de Morena, PAN, PVEM y PT.
Las escuelas deberán enseñar a usar la tecnología
La reforma no se limita a ordenar que los teléfonos permanezcan guardados. También propone incorporar la alfabetización digital, mediática e informacional a los planes y programas de estudio.
Esta formación buscaría que el alumnado aprenda a verificar información, reconocer contenidos engañosos, utilizar críticamente las plataformas y comprender los riesgos asociados con su actividad digital.
Durante la discusión se añadió expresamente la alfabetización mediática e informacional, con énfasis en el pensamiento crítico y la prevención de la desinformación.
El dictamen modifica además el artículo 85 para incorporar el bienestar digital a la agenda educativa y el artículo 115 para establecer que la seguridad tecnológica comprende también los dispositivos personales y requiere la participación de las comunidades escolares.
La diferencia resulta fundamental: retirar un celular durante algunas horas puede reducir distracciones, pero no enseña por sí mismo a reconocer una estafa, detener el ciberacoso, proteger datos personales o distinguir una fuente confiable de una operación de desinformación.
Una consulta sin las voces de niñas, niños y adolescentes
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que una consulta realizada por la autoridad educativa reunió la participación de más de 565 mil figuras del sector.
De ese universo, 88.8 por ciento estuvo de acuerdo con limitar el acceso a dispositivos digitales durante la jornada escolar y 79.7 por ciento identificó dificultades del alumnado para mantener la atención.
Las cifras muestran una preocupación extendida entre docentes, familias y personal educativo. Sin embargo, la senadora priista Carolina Viggiano advirtió que niñas, niños y adolescentes no fueron consultados directamente sobre las reglas que afectarán su vida escolar.
La omisión no invalida necesariamente el diagnóstico, pero reduce la capacidad para conocer cómo utiliza el alumnado sus dispositivos, por qué los considera necesarios y qué alternativas podrían funcionar mejor en cada contexto.
Regular a las infancias sin escucharlas puede conducir a normas difíciles de aplicar o desconectadas de sus experiencias cotidianas.
El problema comienza donde termina la ley
El régimen transitorio otorga a la Secretaría de Educación un plazo de 180 días para emitir los lineamientos de implementación. En esos documentos deberá resolverse una parte sustancial de la reforma.
Entre las preguntas pendientes se encuentran quién resguardará los dispositivos, si deberán permanecer apagados o solamente fuera de uso, cómo podrán comunicarse las familias durante una emergencia, qué ocurrirá ante el extravío o daño de un teléfono y cuáles serán las consecuencias cuando un estudiante incumpla las reglas.
También deberá evitarse que la aplicación produzca revisiones arbitrarias de pertenencias o medidas disciplinarias desproporcionadas.
Las condiciones materiales son distintas entre planteles. Algunas escuelas utilizan plataformas digitales, aplicaciones y teléfonos como parte de las actividades académicas; otras carecen de conectividad estable o de equipos institucionales y dependen de los dispositivos personales para desarrollar ciertos contenidos.
Una regulación nacional deberá ser suficientemente clara para proteger el aprendizaje y, al mismo tiempo, flexible para no profundizar la brecha digital.
Atención, convivencia y salud mental
Legisladores de todas las fuerzas respaldaron el propósito general, pero señalaron asuntos que no pueden resolverse únicamente manteniendo los teléfonos fuera del aula.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, destacó el tratamiento diferenciado por nivel educativo y la incorporación de la alfabetización digital. No obstante, pidió atender de manera específica la salud mental y el ciberacoso.
Guadalupe Murguía, del PAN, consideró necesaria la restricción en educación básica para favorecer la convivencia, la actividad física y el aprendizaje, pero advirtió que también deben enfrentarse los riesgos derivados de las redes sociales.
Alfonso Cepeda, de Morena, señaló que la medida necesita acompañarse de una formación crítica, ética y segura. Alberto Anaya, del PT, defendió la regulación desde el principio del interés superior de la niñez.
Por su parte, Viggiano respaldó el dictamen, aunque sostuvo que la educación pública no puede limitar su respuesta a ordenar que el alumnado apague el teléfono.
Movimiento Ciudadano y el PRI anunciaron que presentarán reservas durante la discusión en el Pleno, por lo que el texto todavía puede ser modificado.
Regular sin demonizar la tecnología
El debate no enfrenta simplemente a quienes están a favor o en contra de los celulares. La pregunta es qué lugar deben ocupar estos dispositivos durante las horas destinadas al aprendizaje y cómo enseñar a utilizarlos en una sociedad donde forman parte de la educación, el trabajo, la información y las relaciones personales.
Una prohibición absoluta ignoraría sus usos pedagógicos, médicos y de accesibilidad. La ausencia completa de límites, en cambio, dejaría a docentes y estudiantes frente a una tecnología diseñada para capturar atención de manera constante.
El dictamen intenta transitar entre ambos extremos: restricción en educación básica, acuerdos comunitarios en bachillerato y autonomía en educación superior.
Su eficacia dependerá menos de retirar aparatos y más de construir reglas comprensibles, involucrar al alumnado, capacitar al personal docente y ofrecer educación digital que continúe fuera del salón.
El Senado comenzó a regular el teléfono dentro de la escuela. El reto más difícil será enseñar a utilizarlo en el resto de la vida.