El coordinador de los Comités de Defensa de la 4T señaló deficiencias en vialidades y drenaje, alertó sobre huachicol y extorsiones, y acusó posibles conflictos de interés en San Juan del Río. El boletín no presentó contratos, empresas ni estadísticas que permitan comprobar esos señalamientos.
San Juan del Río, Qro., 18 de octubre de 2026.— Santiago Nieto Castillo acusó a los gobiernos municipal y estatal de mantener una “deuda histórica” con Paso de Mata y otras comunidades de San Juan del Río, donde habitantes enfrentan vialidades deterioradas, problemas de drenaje y una creciente preocupación por la inseguridad.
Durante una asamblea y recorrido por la localidad, el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro señaló que el deterioro de calles y servicios básicos refleja años de abandono institucional.
Nieto estuvo acompañado por la regidora Vania Camacho y liderazgos locales, entre ellos Óscar Sabel Gallo, Rosy Sinecio, Elizabeth Correo, Alma Vázquez y una referente seccional identificada como Maribel.
Alerta sobre huachicol, extorsión y narcomenudeo
El dirigente morenista sostuvo que Paso de Mata, Cazadero y comunidades cercanas enfrentan un incremento en delitos como robo de hidrocarburos, extorsión, narcomenudeo y violencia de género.
Calificó la respuesta de las autoridades locales como insuficiente y acusó que la inseguridad se encuentra asociada con un esquema de negligencia y corrupción que afecta la tranquilidad de las familias.
Sin embargo, el comunicado no presentó cifras, denuncias, carpetas de investigación ni periodos de comparación que permitan confirmar el incremento específicamente en esas comunidades.
Los registros municipales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública permiten consultar delitos del fuero común en San Juan del Río, pero no ofrecen el detalle por comunidad. Además, el robo de hidrocarburos corresponde principalmente al ámbito federal y requiere información de la Fiscalía General de la República y Petróleos Mexicanos para conocer el número de tomas clandestinas, investigaciones o aseguramientos.
Esto no invalida la preocupación manifestada por habitantes y actores políticos, pero obliga a solicitar información precisa antes de presentar una percepción o denuncia comunitaria como una tendencia estadística comprobada.
Lanza acusaciones sobre contratos, pero no exhibe documentos
En uno de los señalamientos más graves de su intervención, Nieto afirmó que alcaldes y funcionarios vinculados con el gobierno estatal crean empresas privadas para posteriormente obtener contratos financiados con recursos públicos.
El coordinador calificó esas prácticas como un saqueo al erario y una competencia desleal para los empresarios que participan en procedimientos municipales.
No obstante, el boletín no identifica a los servidores públicos acusados, las empresas supuestamente beneficiadas, los números de contrato, los montos involucrados ni los procedimientos mediante los cuales habrían sido adjudicados.
Al tratarse de una acusación de posible corrupción y conflicto de interés, la exigencia periodística y jurídica es elemental: nombres, contratos, fechas, relaciones societarias y denuncias presentadas ante las autoridades correspondientes.
El Ayuntamiento cuenta con plataformas donde deben publicarse padrones de proveedores, adquisiciones y contratos. Esos documentos pueden ser revisados para detectar relaciones empresariales o posibles impedimentos, pero una acusación pública de esta gravedad necesita sostenerse con expedientes concretos.
Si Nieto posee esa documentación, su presentación pública y entrega al Órgano Interno de Control, la Entidad Superior de Fiscalización o la Fiscalía Anticorrupción sería el paso necesario para que el señalamiento trascienda el discurso partidista.
Contrapone abandono local con inversión federal
Nieto utilizó el Tren México-Querétaro como contraste frente a lo que describió como falta de atención de los gobiernos panistas en San Juan del Río.
Afirmó que la obra ferroviaria representa una inversión cercana a 140 mil millones de pesos y registra un avance superior al 30 por ciento. En este caso, las cifras coinciden con la información publicada por el Gobierno Federal.
El proyecto reportaba hasta septiembre de 2026 un avance general de 30.38 por ciento y una inversión de 143 mil 435 millones de pesos. Los trabajos incluyen cortes para la plataforma ferroviaria en las inmediaciones de San Juan del Río, liberación del derecho de vía y construcción de infraestructura.
La Presidencia de la República informó también que la obra contaba con 14 frentes activos, 18 mil 200 trabajadores y alrededor de 3 mil 900 unidades de maquinaria pesada.
El respaldo federal al tren, sin embargo, no sustituye las responsabilidades municipales relacionadas con pavimentación, drenaje, alumbrado, servicios públicos y prevención del delito. Tampoco exime a la Federación de garantizar seguridad y derechos laborales durante la construcción ferroviaria.
Promete gestionar apoyo para una escuela
Como parte del recorrido, Santiago Nieto se comprometió a gestionar la incorporación de Paso de Mata al programa federal La Escuela es Nuestra, mediante el cual los comités escolares reciben recursos para mejorar las condiciones de los planteles.
El anuncio deberá traducirse en una solicitud formal y, posteriormente, en la aprobación y entrega de recursos. El comunicado no identificó la escuela beneficiaria, el monto requerido ni el calendario previsto para realizar la gestión.
Nieto también llamó a respaldar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y presentó su proyecto como una alternativa frente a casi tres décadas de administraciones panistas en Querétaro. Además, planteó priorizar el consumo de productos regionales y apoyar a tabiqueros, artesanos y otros sectores productivos de San Juan del Río.
La visita a Paso de Mata colocó sobre la mesa problemas reales que requieren atención: calles deterioradas, drenaje deficiente, inseguridad y desconfianza en la contratación pública. Pero también dejó obligaciones para quien denuncia.
Si se afirma que aumentaron los delitos, deben presentarse las cifras. Si se acusa que funcionarios contratan a sus propias empresas, deben exhibirse los documentos. Y si se promete gestionar recursos, deberá informarse cuándo llegaron y cómo fueron utilizados.
Solo así la denuncia dejará de ser una pieza de confrontación electoral y podrá convertirse en una ruta verificable de rendición de cuentas.