La diputada pidió que las observaciones del Ejecutivo regresen a la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 o sean revisadas en comisiones unidas. Dos de los tres integrantes de Justicia votaron contra el proyecto original.
Santiago de Querétaro, Qro., 26 de octubre de 2026.— La diputada Andrea Tovar Saavedra cuestionó que las observaciones del Poder Ejecutivo a la reforma en materia de identidad de género fueran turnadas a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, al considerar que su composición podría dificultar la construcción de acuerdos.
Durante una reunión de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, la legisladora propuso que el asunto regrese a la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, donde fue dictaminado originalmente, o que sea analizado mediante comisiones unidas.
El artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que las observaciones del Ejecutivo pueden enviarse a la comisión dictaminadora o a otra distinta cuando esa decisión favorezca la obtención de acuerdos. El nuevo dictamen debe recorrer nuevamente el procedimiento legislativo.
“Tendremos que observar, primero, la Ley Orgánica; segundo, que claramente en la Comisión de Justicia no existen las condiciones de fácil acuerdo”, declaró Tovar.
Dos integrantes votaron contra el proyecto original
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia está presidida por Guillermo Vega Guerrero e integrada por Enrique Antonio Correa Sada y Homero Barrera McDonald, de acuerdo con la conformación oficial de las comisiones legislativas.
Según el posicionamiento difundido por la oficina de Andrea Tovar, Vega y Correa, ambos diputados del PAN, votaron en contra del proyecto aprobado por el Pleno el 19 de agosto, mientras que Barrera votó a favor.
Este antecedente constituye el centro de la inconformidad: la diputada considera que remitir las observaciones a una comisión donde dos de sus tres integrantes rechazaron previamente la reforma no cumple con el propósito de facilitar acuerdos.
Sin embargo, el turno no implica por sí mismo una violación acreditada a la Ley Orgánica. El artículo 86 concede a la Presidencia de la Mesa Directiva la facultad de elegir entre la comisión de origen y una diferente, pero no define criterios objetivos para medir cuándo una decisión favorece la negociación.
La controversia se concentra, por tanto, en la justificación política y parlamentaria del turno.
Tovar reconoce facultad de la Presidencia
La legisladora reconoció que la decisión corresponde a la Presidencia de la Mesa Directiva y afirmó que respeta esa atribución. Su petición consiste en someter a consideración otras rutas previstas dentro del trabajo parlamentario.
“Sé que la decisión recae únicamente en la Presidencia; sin embargo, creo que es importante que pudiéramos poner a consideración que se hagan comisiones unidas o se turne a la comisión de origen”, sostuvo.
Tovar también pidió considerar la propuesta del diputado Eric Silva para que el análisis se realice en comisiones unidas. Esta alternativa permitiría incorporar tanto a quienes estudiaron originalmente la reforma como a integrantes de la comisión especializada en asuntos jurídicos.
El nuevo dictamen necesitará mayoría calificada
Las observaciones enviadas por el Ejecutivo no concluyen el procedimiento ni anulan automáticamente el proyecto aprobado.
La comisión que reciba el expediente deberá estudiar los argumentos del Ejecutivo y elaborar un nuevo dictamen. Conforme al artículo 87 de la Ley Orgánica, los proyectos observados necesitan mayoría calificada para volver a ser aprobados por el Pleno.
Esto obliga a construir acuerdos más amplios que una mayoría simple y convierte la integración de la comisión revisora en un elemento políticamente relevante, aunque la decisión definitiva corresponderá al conjunto de la Legislatura.
Para transparentar el procedimiento, la Mesa Directiva deberá explicar por qué consideró que la Comisión de Justicia ofrece la ruta adecuada, mientras que el nuevo dictamen tendrá que exponer los razonamientos con los que acepte, modifique o rechace las observaciones del Ejecutivo.
La discusión de fondo sobre el reconocimiento de la identidad de género sigue abierta. El primer conflicto, sin embargo, se concentra ahora en quién conducirá el análisis y bajo qué condiciones se intentará construir la mayoría necesaria.