La iniciativa plantea incorporar la autonomía progresiva a la legislación estatal y reconocer el derecho de las juventudes a opinar en asuntos que afecten directamente su vida. Su aplicación mediante consejos, consultas y parlamentos quedaría para una segunda reforma.
Santiago de Querétaro, Qro., 10 de noviembre de 2026.— El Grupo Legislativo de Morena presentó una iniciativa para incorporar el principio de autonomía progresiva a la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes del Estado de Querétaro, con el propósito de que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean escuchados y participen en las decisiones públicas que incidan directamente en sus derechos.
La propuesta busca superar una visión en la que las juventudes son consideradas únicamente receptoras de programas gubernamentales y reconocerlas como participantes activas en la formulación de políticas y procedimientos que impactan su presente y futuro.
El diputado Edgar Inzunza Ballesteros explicó que la reforma contempla tres modificaciones centrales: incluir una definición expresa de autonomía progresiva en el artículo segundo; incorporar este concepto entre los principios rectores de la ley mediante una modificación al artículo tercero, y adicionar un artículo 23 Bis que reconozca el derecho de las y los jóvenes a expresar su opinión en los asuntos que les afecten.
“Escuchar a nuestras juventudes no debe ser una concesión de las autoridades, sino el reconocimiento de un derecho”, sostuvo el legislador durante la presentación de la iniciativa.
La autonomía progresiva parte del reconocimiento de que las capacidades para tomar decisiones y ejercer derechos se desarrollan gradualmente, de acuerdo con factores como la edad, la madurez, la experiencia y el entorno de cada persona.
De aprobarse la reforma, las autoridades estatales tendrían que considerar esas capacidades al atender procedimientos relacionados con jóvenes y generar condiciones para que puedan expresar sus opiniones. La propuesta no elimina la responsabilidad de protección ni el acompañamiento de familias e instituciones, sino que busca complementar esas obligaciones con el derecho a ser escuchados.
La iniciativa también pretende que, en los procedimientos administrativos o jurídicos que incidan en la esfera de derechos de las juventudes, se valore su desarrollo individual y se garantice su participación.
Inzunza Ballesteros señaló que la propuesta encuentra sustento en el artículo primero de la Constitución mexicana, en los principios de progresividad de los derechos humanos y del interés superior de la niñez, además de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
Sin embargo, la iniciativa representa apenas una primera etapa. El propio legislador reconoció que los mecanismos concretos para materializar la participación juvenil tendrían que regularse posteriormente mediante otra propuesta.
Entre las herramientas que podrían incorporarse en esa segunda fase se encuentran consejos consultivos, parlamentos infantiles y juveniles, consultas públicas, consejos estudiantiles y asambleas escolares. Por ahora, esos instrumentos no forman parte del contenido operativo de la reforma presentada.
Esta separación entre el reconocimiento jurídico y su aplicación práctica será uno de los aspectos centrales durante el análisis legislativo: sin procedimientos, autoridades responsables, plazos y recursos definidos, el derecho a participar corre el riesgo de permanecer únicamente como una declaración legal.
En la presentación participaron las y los diputados Andrea Tovar Saavedra, Claudia Díaz Gayou, Sully Yanira Mauricio Sixtos, Ulises Gómez de la Rosa, Homero Barrera McDonald, Sinuhé Piedragil Ortiz y Eric Silva Hernández. También estuvo Santiago Nieto Castillo como asesor en asuntos jurídicos y legislativos.
De acuerdo con la información expuesta, la población considerada dentro de la categoría de juventudes comprende a personas de entre 12 y 29 años. La iniciativa deberá pasar ahora por el proceso de análisis en comisiones antes de una eventual discusión y votación en el Pleno de la Legislatura.