BRASIL 2026: DEMOCRACIA BAJO PRESIÓN

Brasil 2026: Lula, soberanía y democracia bajo presión

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La remontada electoral brasileña, la influencia internacional y las lecciones para México.

Por Román André Martínez Bravo

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¿Hasta qué punto se quiebra el pacto democrático cuando quien resulta derrotado elude la obligación de rendir cuentas?

El 27 de octubre, medios internacionales dieron a conocer que Flávio Bolsonaro dejó Brasil rumbo a Estados Unidos tras vencer el plazo que el Supremo Tribunal Federal (STF) le había fijado para entregar sus pasaportes [1]. El episodio cierra un proceso electoral que merece entenderse con atención. El domingo 25, Brasil no solo eligió presidente: atravesó presiones endógenas y exógenas que los países latinoamericanos han enfrentado durante décadas en sus propios procesos electorales, pero que en esta elección se hicieron especialmente visibles.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47.03 % de los votos válidos y Luiz Inácio Lula da Silva, el 45.16 % [2]. Tres semanas después, Lula ganó el balotaje con el 51.79 % [3]. Desde el regreso de las elecciones directas en 1989, ningún candidato había remontado una derrota en primera vuelta [4].

Este artículo sostiene que esa remontada no se explica solo por la habilidad de un político de 80 años, sino por la combinación de tres elementos: instituciones que resistieron, una sociedad que se movilizó y una presión internacional que, por ser tan abierta, terminó por favorecer a quien se presentó como defensor de la soberanía. Para entenderlo, conviene empezar por las cifras del país sudamericano.

Estadísticas de Brasil

Brasil tiene cerca de 213.4 millones de habitantes [5] y una superficie de 8.5 millones de km², lo que lo convierte en el quinto territorio más extenso del mundo. Su economía, de unos 2.27 billones de dólares en 2025, es la undécima del planeta [6].

En su subsuelo se encuentra buena parte de los insumos de las industrias que hoy definen la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China [7]:

  • Niobio: alrededor del 94 % de las reservas mundiales. Es clave para aceros de alta resistencia, turbinas aeroespaciales y superconductores.
  • Tierras raras: unos 21 millones de toneladas, la segunda reserva del planeta. Son indispensables para los imanes de vehículos eléctricos, aerogeneradores y sistemas de defensa.
  • Grafito y níquel: segundo y tercer lugar mundial en reservas, respectivamente. Ambos son esenciales para las baterías de litio; el níquel también lo es para el acero inoxidable.
  • Petróleo: más de 4 millones de barriles diarios, el 80 % de ellos del presal [8], un crudo ligero y muy cotizado, destinado sobre todo a la exportación.

A ello se suman hierro, litio, bauxita, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo y cerca del 60 % de la Amazonía. Brasil es, además, el primer exportador mundial de soya, café, carne de res y azúcar.

El dato que explica la tensión, sin embargo, es otro. En 2025, China compró el 28.7 % de las exportaciones brasileñas y Estados Unidos, el 10.8 % [9]. En minería, la brecha es aún mayor: el 59 % del mineral de hierro que Brasil exportó ese año terminó en China [10]. Washington respondió con aranceles de hasta el 50 % [11].

Quien gobierne Brasil decide, en buena medida, hacia dónde fluyen los minerales de la transición energética. Esa es la razón de fondo por la que su elección no fue un asunto doméstico.

Factores exógenos

La elección brasileña cerró un ciclo en el que Washington tomó partido de forma abierta. Donald Trump condicionó el rescate financiero de Argentina al triunfo de Javier Milei, respaldó a Nasry Asfura en Honduras mientras indultaba al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico [12], y ofreció a Abelardo de la Espriella su apoyo «total e incondicional» en Colombia [13].

Todos ganaron. Brasil fue la excepción.

Coerción económica y diplomática

Brasil vivió más de un año de presión directa. En julio de 2025, Washington impuso aranceles del 50 % a sus productos y los justificó por el juicio contra Jair Bolsonaro. «La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro es una vergüenza internacional», escribió Trump a Lula [14].

Siguieron las sanciones de la Ley Magnitsky contra el ministro Alexandre de Moraes [11] y, en julio de 2026, el intento de enviar a dos funcionarios del Departamento de Estado a reunirse con las autoridades electorales para hablar de «libertad de expresión», justo cuando Flávio difundía falsedades sobre las urnas electrónicas. Brasil les negó la visa [15].

El politólogo Dov Levin, quien documentó las intervenciones electorales de las grandes potencias desde 1946, calcula que mueven, en promedio, tres puntos el voto del candidato favorecido [16], pero advierte que la injerencia abierta puede detonar una reacción nacionalista [17].

Lula convirtió la soberanía en el eje de su campaña y ganó.

Las redes sociales como nueva plataforma de influencia

A once días de la primera vuelta, Meta desactivó la cuenta publicitaria de Lula y lo atribuyó a un error de su sistema antifraude. El 9 de octubre, ya en la campaña de la segunda vuelta, su cuenta de Instagram pasó casi un día sin poder pagar publicidad, y mensajes internos revelaron que estaba limitada frente a la de su rival.

El Tribunal Superior Electoral tuvo que ordenar a la empresa un trato igualitario [18]. Un «error de sistema» y un sesgo deliberado producen el mismo efecto observable, y pocas autoridades de la región tienen hoy herramientas para distinguirlos.

Gramsci enseñó que la hegemonía se construye en el sentido común antes que en las urnas; hoy, ese sentido común se forma en espacios privados cuyas reglas se escriben fuera de la región.

Lula lo resumió así: «Sin reglas, las big techs van a instituir la era del colonialismo digital» [19].

El refugio extranjero

El último factor exógeno apareció después de la votación. Flávio salió del país rumbo a Estados Unidos, donde ya vive su hermano Eduardo, autoexiliado y con orden de captura en Brasil [1].

Cuando una potencia funciona como refugio para los aliados que pierden, la impunidad deja de ser un asunto doméstico y se convierte en un asunto geopolítico. La forma en que Washington responda a una eventual solicitud de extradición dirá mucho sobre el hemisferio que pretende construir.

Factores endógenos

Ninguna presión externa explica por sí sola el resultado. Brasil llegó a esta elección con instituciones que ya habían pasado la prueba más dura: en septiembre de 2025, el STF condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado, la primera condena de un expresidente brasileño por atentar contra la democracia [20].

Para muchos observadores, ese juicio rompió una tradición en la que atacar la democracia no tenía costo [21]. El sistema electrónico de votación, atacado durante años, volvió a contar los votos la misma noche.

Aun así, la norma de aceptar la derrota sigue siendo frágil. En agosto, Flávio prometió aceptar el resultado de las urnas [22]; la noche del domingo habló de «trampas» por la ampliación de dos horas del horario de votación en ciudades con problemas de transporte, una medida que su propio equipo había solicitado en otras ciudades [3].

Como advierten Levitsky y Ziblatt, las democracias no se sostienen solo con leyes, sino con normas no escritas, como el reconocimiento del adversario [23].

Un país partido en dos

Lula ganó en 13 estados y Flávio, en 14. La geografía del voto confirma una fractura profunda: en el noreste, Lula superó el 70 % en estados como Bahía y Piauí, mientras que en Minas Gerais, el segundo estado más poblado, ganó por menos de un punto: el 50.43 % [24].

En el resultado nacional, el margen fue de apenas 3.6 puntos.

Economía, seguridad y política social

El terreno de la contienda fue ambivalente. La pobreza extrema cayó cerca del 40 % entre 2022 y 2024 y el desempleo tocó mínimos históricos, pero el endeudamiento de los hogares se volvió una carga creciente.

La violencia, además, encabezó las preocupaciones del electorado: el 31 % la señaló como su principal problema, un terreno donde Flávio era favorecido [25].

En la recta final, el gobierno aumentó las partidas de Bolsa Familia, que llega a 25 millones de personas, e introdujo un segundo día de descanso semanal en algunos sectores [3]. Para unos, fue cumplir con su base; para otros, el uso del poder con fines electorales.

Movilización, escándalos y judicialización

La remontada se construyó desde abajo: una red de WhatsApp coordinada por el diputado André Janones reunió a once millones de personas en tres semanas y redujo la abstención en dos puntos [3].

Del otro lado, la campaña de Flávio cargó con la investigación del STF por lavado de dinero y corrupción, tras haber pedido 134 millones de reales al banquero Daniel Vorcaro, hoy preso; él niega cualquier irregularidad [26].

La crisis interna del Supremo en torno a ese caso, sin embargo, también puso a la campaña de Lula a la defensiva [27].

Conviene no idealizar. Las decisiones de Moraes contra perfiles y plataformas han sido criticadas como restricciones a la libertad de expresión, y ambas campañas pidieron anular la candidatura rival [28]. La judicialización de la política no fue patrimonio de un solo bando.

Lecciones que nos quedan

La victoria no blindó a Brasil. Lula gobernará con un Congreso dominado por la oposición bolsonarista [3], con mercados que reaccionaron con nerviosismo [4] y con un país dividido casi a la mitad.

Aun así, la experiencia deja cinco lecciones para América Latina:

  1. Los algoritmos no votan. El «giro a la derecha» es una tendencia, no un destino. Una elección perdida en primera vuelta, con injerencia de corporaciones extranjeras y tres semanas por delante, todavía podía ganarse con trabajo político de base.
  2. La soberanía es una capacidad. Resistir aranceles, sanciones y presiones diplomáticas exige instituciones sólidas y una economía con más de un comprador. Brasil pudo hacerlo porque China le ofrece un contrapeso; los países pequeños y dependientes tienen mucho menos margen.
  3. Las reglas sobre plataformas deben existir antes de la contienda. Las autoridades electorales necesitan facultades para auditar algoritmos y publicidad en periodo electoral, y la región necesita coordinarse, porque ningún país negocia solo con una empresa global.
  4. La rendición de cuentas necesita cooperación internacional. Condenar a un golpista es posible, como mostró Brasil, pero la sanción pierde sentido si existe una salida segura hacia una potencia aliada.
  5. Ganar no es gobernar. La legitimidad de origen no garantiza gobernabilidad. Sin acuerdos con un Congreso adverso, la siguiente elección puede repetir la polarización con otro resultado.

Para México, estas lecciones no son lejanas. La presión comercial con fines políticos ya no es hipotética en plena revisión del T-MEC; nuestras autoridades electorales tampoco cuentan hoy con herramientas para auditar a las plataformas que ordenan la conversación pública; y la capacidad de resistir depende, como en Brasil, de instituciones sólidas y de una sociedad dispuesta a defenderlas.

La pregunta no es si América Latina enfrentará estas pruebas, sino si llegará a ellas mejor preparada que Brasil.


Referencias

Se conservan las 28 referencias bibliográficas originales del autor, disponibles íntegramente en las versiones Word, Markdown y HTML adjuntas.

Autor

  • Román André Martínez Bravo

     Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, actualmente cursa la Maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana, complementando su formación con estudios especializados en Propiedad Intelectual, Derecho Digital y Derechos Humanos, mediante diplomados impartidos por la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Anáhuac y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el ámbito profesional, se desempeña actualmente como Especialista en Propiedad Industrial en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), donde participa en el análisis y desarrollo de temas vinculados con la protección de los derechos de propiedad industrial y el fortalecimiento del sistema de innovación. En este cargo también colabora en iniciativas de cooperación y vinculación internacional, participando en el seguimiento de acuerdos, proyectos y espacios de diálogo con organismos y oficinas de propiedad intelectual de otros países, lo que le ha permitido involucrarse en la dimensión global de la protección de la propiedad intelectual. Previamente, fungió como Líder de Proyectos en el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro (2022–2024), coordinando iniciativas estratégicas y acciones institucionales orientadas al desarrollo y la gestión pública. Asimismo, cuenta con experiencia en el ámbito jurídico privado, al haberse desempeñado como Auxiliar Jurídico en la Notaría Pública No. 31 (2019–2022), donde participó en la elaboración y revisión de instrumentos legales y en la atención de diversos asuntos notariales. Su trayectoria combina experiencia en el sector público y privado con una sólida formación académica, con especial interés en los temas relacionados con propiedad intelectual, innovación, derecho digital y fortalecimiento institucional.

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Román André Martínez Bravo
Sobre el autorPeriodistaRomán André Martínez Bravo

 Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, actualmente cursa la Maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana, complementando su formación con estudios especializados en Propiedad Intelectual, Derecho Digital y Derechos Humanos, mediante diplomados impartidos por la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Anáhuac y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el ámbito profesional, se desempeña actualmente como Especialista en Propiedad Industrial en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), donde participa en el análisis y desarrollo de temas vinculados con la protección de los derechos de propiedad industrial y el fortalecimiento del sistema de innovación. En este cargo también colabora en iniciativas de cooperación y vinculación internacional, participando en el seguimiento de acuerdos, proyectos y espacios de diálogo con organismos y oficinas de propiedad intelectual de otros países, lo que le ha permitido involucrarse en la dimensión global de la protección de la propiedad intelectual. Previamente, fungió como Líder de Proyectos en el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro (2022–2024), coordinando iniciativas estratégicas y acciones institucionales orientadas al desarrollo y la gestión pública. Asimismo, cuenta con experiencia en el ámbito jurídico privado, al haberse desempeñado como Auxiliar Jurídico en la Notaría Pública No. 31 (2019–2022), donde participó en la elaboración y revisión de instrumentos legales y en la atención de diversos asuntos notariales. Su trayectoria combina experiencia en el sector público y privado con una sólida formación académica, con especial interés en los temas relacionados con propiedad intelectual, innovación, derecho digital y fortalecimiento institucional.

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