Aunque no participaron en los contratos de Gabinete 369, los tres regidores de Morena evitaron confrontar al gobierno de Chepe Guerrero. Su silencio dio oxígeno al alcalde mientras el caso provocaba una renuncia y llegaba hasta el gobernador Mauricio Kuri.
Por el Laboratorio de Periodismo de LYPmultimedios
CORREGIDORA, QRO., 11 de Noviembre del 2026. — Azhar Mayet Méndez, Alfredo Mendoza Ugalde y Mireya Fernández no firmaron los contratos otorgados a Gabinete 369, no aparecen en las vacaciones con el proveedor ni integraron el órgano que reservó los documentos.
Su responsabilidad es otra: eran la oposición dentro del Ayuntamiento y guardaron silencio cuando más se necesitaba que vigilaran al poder.
El caso involucra cuatro contratos por 8 millones 506 mil 712.65 pesos, cinco reportes cobrados en un millón de pesos, funcionarios vacacionando en Playa Majahuitas con un socio de la empresa beneficiada y contratos, facturas y entregables posteriormente clasificados como reservados.
El escándalo provocó la salida de Carlos Antonio Contreras de la Jefatura de Gabinete. Movimiento Ciudadano exigió investigar; la dirigencia estatal de Morena pidió la intervención de la UIF y la Fiscalía Anticorrupción, y hasta el gobernador Mauricio Kuri sostuvo que Corregidora debía continuar las indagatorias con transparencia.
Mientras eso ocurría, los tres representantes locales de Morena permanecieron ausentes o reaccionaron cuando el costo político ya era imposible de ignorar.
Mayet: tenía las herramientas, pero no quiso usarlas
El silencio más difícil de justificar es el de Azhar Mayet.
Durante el conflicto por el relleno sanitario de Lourdes, la regidora solicitó expedientes, construyó argumentos jurídicos y negoció directamente con Chepe Guerrero hasta conseguir la suspensión del proyecto. LYPmultimedios documentó esa intervención.
Mayet demostró entonces que sabe presionar, negociar y obtener información del gobierno municipal. Además, contó con una asesoría jurídica pagada por el Ayuntamiento: el contrato SAY/DJ/030/2025, por 360 mil pesos, para proporcionarle elementos técnicos con los cuales analizar y proponer mejoras en la administración.
Ese contrato no está relacionado con Gabinete 369 ni representa por sí mismo una irregularidad. Pero demuestra que Mayet tenía conocimientos, recursos y acceso al alcalde.
¿Por qué no exigió inmediatamente los contratos? ¿Por qué no solicitó las facturas y entregables? ¿Por qué no cuestionó la reserva? ¿Por qué no pidió la comparecencia de los funcionarios involucrados?
Meses atrás, sectores de Morena la acusaron de “traición” por negociar con el presidente municipal.
Ahora la pregunta es inevitable: ¿la interlocución institucional de Mayet con Chepe Guerrero se convirtió en una cercanía políticamente cómoda? No existe evidencia de un pacto o beneficio económico, pero su silencio alimenta la sospecha de que conservar acceso al alcalde resultó más importante que incomodarlo.
Alfredo: el coordinador llegó quince días tarde
Alfredo Mendoza es el coordinador oficial del grupo de Morena en el Ayuntamiento. Era su responsabilidad organizar una respuesta conjunta.
La investigación se publicó el 25 de octubre. Alfredo habló hasta el 9 de noviembre, después de la salida del jefe de Gabinete y cuando el caso ya había sido retomado por distintos medios y partidos.
Anunció que presentaría “en los próximos días” un oficio para solicitar información e investigar posibles irregularidades.
Pero anunciar que se pedirá información no equivale a fiscalizar.
Alfredo busca convertirse en coordinador municipal de Morena rumbo a 2027. ¿Cómo pretende coordinar a la militancia si no pudo coordinar una reacción frente al mayor escándalo de la administración municipal?
Su demora deja dos hipótesis: evitó confrontar al alcalde para conservar espacios de negociación o esperó a que la dirigencia estatal definiera la postura para no asumir personalmente el costo político.
No hay pruebas para confirmar alguna. Lo documentado es que reaccionó tarde y todavía debe mostrar el oficio, la respuesta y las acciones legales emprendidas.
Mireya: quiere gobernar, pero no confrontar
Mireya Fernández fue candidata a la presidencia municipal en 2024 y ya manifestó su intención de buscar nuevamente la alcaldía en 2027.
Hasta el cierre de esta revisión no localizamos un posicionamiento individual suyo sobre Gabinete 369, las vacaciones con el proveedor, la reserva de los contratos o la salida del jefe de Gabinete.
Una aspirante a gobernar no puede aparecer solamente cuando hay candidaturas, reuniones o fotografías. También debe incomodar intereses, exigir documentos y defender el derecho ciudadano a saber cómo se gastó el dinero.
¿Con qué cara solicitará nuevamente el voto si, desde el Cabildo, su oposición fue indistinguible del silencio?
Quizá no encubrieron un delito, pero protegieron políticamente al gobierno
No existe evidencia para afirmar que Mayet, Alfredo o Mireya participaron en los contratos o encubrieron deliberadamente una irregularidad.
Pero su pasividad produjo un resultado objetivo: permitió que el gobierno municipal ganara tiempo, administrara la crisis, cambiara funcionarios y mantuviera bajo reserva los documentos.
Eso puede no ser encubrimiento penal, pero sí es protección política por omisión.
Cada regidor recibe una remuneración mensual bruta aproximada de 88 mil 622 pesos. No se les paga para ser espectadores ni para conocer los escándalos por la prensa. Se les paga para representar, cuestionar y vigilar.
Los tres deben publicar cualquier oficio presentado, solicitar las versiones públicas de los contratos, exigir la comparecencia de los funcionarios y promover una investigación sobre quién pagó el viaje.
El PAN tiene que explicar los 8.5 millones de pesos, los reportes y las vacaciones.
Pero Mayet, Alfredo y Mireya deben explicar por qué callaron.
Porque cuando la oposición guarda silencio frente al poder quizá no sepamos todavía qué pretende tapar. Lo que sí sabemos es a quién protege.