Vecinos y deportistas reportan olores químicos, agua negra y azulada, una película superficial y peces muertos en Paso de los Guzmán; el gobierno municipal asegura que investiga, pero todavía no presenta análisis, responsables ni medidas de protección para la población
SAN JUAN DEL RÍO, Qro., 16 de noviembre de 2026.— Para saber que algo grave sucede en el Río San Juan no hace falta entrar al agua. Basta caminar por Paso de los Guzmán durante las primeras horas del día: vecinos y personas que acuden a ejercitarse reportan un olor penetrante, tonalidades inusuales en el cauce y una capa superficial que describen como aceitosa o plástica.
La escena sería suficientemente escandalosa en cualquier punto del municipio. Aquí resulta políticamente indefendible: ocurre frente al Centro Cívico, sede del Ayuntamiento y de la oficina del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.
El complejo gubernamental se encuentra en el número 24 de Paso de los Guzmán, frente al parque recreativo del mismo nombre. Es decir, la contaminación no está escondida en una comunidad remota ni enterrada en un expediente burocrático: corre prácticamente bajo las ventanas del gobierno municipal.
Por eso, entre habitantes de la zona comenzó a circular una pregunta tan incómoda como inevitable: ¿Roberto Cabrera ya se acostumbró al hedor?
La pregunta contiene una acusación política más profunda. No cuestiona únicamente si el alcalde puede percibir el olor, sino cómo una administración instalada junto al río necesitó de denuncias ciudadanas y publicaciones periodísticas para reconocer que existía un problema.
Agua oscura, nata y peces muertos
Los testimonios coinciden con reportes publicados durante los últimos días. Habitantes de Las Huertas señalaron que durante más de diez días observaron agua negra o azulada, una nata superficial, malos olores y peces muertos. Algunas personas dijeron haber sufrido irritación en ojos y garganta, alergias y lesiones en la piel, aunque todavía no existe un estudio médico que establezca una relación causal con el río.
El Concejo Ambiental de San Juan del Río recorrió el afluente e identificó un escurrimiento cerca del Puente de la Historia. De acuerdo con su presidente, Manuel Ávalos, la afectación se extendía hasta Paso de Guzmán. El organismo presentó fotografías, videos y una denuncia formal ante la Dirección de Ecología municipal, pero evitó responsabilizar a una empresa sin contar con un dictamen técnico.
Ese cuidado es indispensable: el color, la espuma o el olor no permiten identificar por sí solos una sustancia. Lo que sí permiten es activar una emergencia ambiental, ordenar muestreos inmediatos y advertir a la población para evitar contacto con el agua mientras se determina el riesgo.
Hasta ahora, el gobierno de Cabrera no ha publicado resultados de laboratorio, puntos de muestreo, cadena de custodia, niveles de oxígeno disuelto ni concentraciones de materia orgánica, grasas, detergentes o metales. Tampoco ha informado si existe una alerta sanitaria para quienes corren, pasean o viven junto al cauce.
El gobierno se enteró por los vecinos
La respuesta del alcalde exhibió la debilidad del sistema municipal de vigilancia. Cabrera declaró que la información difundida por habitantes y medios dio paso a las investigaciones sobre los olores y la mortandad de peces.
En otras palabras, no fue una estación automática, una inspección de Ecología ni el laboratorio municipal lo que encendió la alarma. Fueron las narices de los vecinos y las imágenes difundidas públicamente.
Después, la Comisión Nacional del Agua asumió las diligencias por tratarse de un cauce federal. Personal de la dependencia comenzó a buscar conexiones irregulares o clandestinas, mientras la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal apoya en la revisión de la red. Hasta el 15 de noviembre no existía un dictamen público ni una fecha para presentarlo.
La competencia federal no absuelve al municipio. El propio Plan Municipal de Desarrollo reconoce que corresponde al Ayuntamiento prestar los servicios de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Además, JAPAM se presenta como responsable del saneamiento municipal, opera diez plantas de tratamiento y dispone de un laboratorio capaz de analizar aguas residuales. La descripción institucional de JAPAM detalla esas funciones e infraestructura.
Cabrera, por tanto, no puede limitarse a esperar que Conagua resuelva el caso. Su gobierno debe prevenir riesgos, vigilar la red municipal, colaborar con las muestras, informar a la población y transparentar todo antecedente relacionado con posibles descargas.
Una empresa bajo observación desde septiembre
La opacidad se vuelve todavía más grave porque el problema no tomó completamente por sorpresa al Ayuntamiento. La secretaria municipal de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, reconoció que desde septiembre se habían realizado observaciones a una empresa, pero no reveló su nombre, los incumplimientos detectados ni si fueron corregidos.
Esa reserva abre preguntas inevitables: ¿qué sabía Ecología?, ¿qué empresa fue requerida?, ¿qué plazo recibió?, ¿hubo nuevas inspecciones?, ¿existen muestras anteriores?, ¿por qué el seguimiento no evitó otro episodio de agua oscura y peces muertos?
No se puede acusar responsablemente a una compañía sin pruebas. Pero tampoco se puede proteger indefinidamente su identidad si existe un procedimiento administrativo, un riesgo ambiental comprobado o incumplimientos firmes. La transparencia también consiste en explicar qué se investigó y cómo respondió la autoridad.
Un problema viejo disfrazado de emergencia nueva
La contaminación del Río San Juan lleva décadas documentada. Una declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación reconoció que los ríos San Juan, Ñadó y Aculco sufrían alteraciones por descargas industriales y urbanas. El diagnóstico contabilizó, para el sistema estudiado, materia orgánica, sólidos suspendidos, nutrientes, grasas, aceites, metales y compuestos tóxicos. La declaratoria federal advirtió incluso que cumplir la norma general no bastaba para recuperar la calidad necesaria.
Investigaciones universitarias posteriores encontraron concentraciones de materia orgánica por encima de los límites utilizados como referencia y presencia de cromo, cobre y zinc en sedimentos. El trabajo recomendó evaluaciones sistemáticas del agua y del lecho del río, pues una muestra aislada no permite conocer la magnitud real de las descargas.
Los episodios tampoco son nuevos. En 2008 murieron alrededor de mil 600 peces; entonces Conagua atribuyó la falta de oxígeno a la descomposición de leche y grasas que llegaron al cauce después de la volcadura de un vehículo. En abril de 2025, vecinos del Barrio de la Concepción denunciaron agua verde grisácea, olores fétidos e irritaciones. La respuesta municipal fue que dialogaban con las empresas para “invitarlas” a no descargar irregularmente.
En marzo de 2026, Conagua informó de tres clausuras a empresas de San Juan del Río por presuntas descargas irregulares. También reconoció que su programa de inspecciones avanzaba lentamente: durante enero sólo se realizaron entre tres y cuatro revisiones y en febrero ninguna, debido a trámites administrativos.
En septiembre volvieron las denuncias por líquidos grises y azul marino con olor químico. En noviembre aparecieron nuevamente la nata, el hedor y los peces muertos. Ya no puede hablarse de hechos aislados: existe un patrón de señales, denuncias, inspecciones tardías y respuestas incompletas.
Cabrera limpia el cauce, pero no rescata el río
El Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 promete una ciudad con agua y medio ambiente sano. Sin embargo, la acción específica que plantea para el Río San Juan se limita a limpiarlo para evitar taponamientos y permitir el flujo. No establece en ese apartado una red permanente de monitoreo público, metas de recuperación ecológica, puntos de muestreo o un protocolo contra descargas industriales. El propio plan concentra su acción en la limpieza y prevención de obstrucciones.
Ahí está una de las principales fallas de la administración de Cabrera: ha tratado al Río San Juan principalmente como dren, canal de desagüe y riesgo de inundación, no como ecosistema que requiere vigilancia científica, restauración y defensa jurídica.
Retirar basura y desazolvar es necesario, pero no sanea el agua. Pintar parques, organizar jornadas o fotografiar funcionarios junto al cauce tampoco reemplaza el control de las descargas. Un río limpio no es aquel donde fluye mejor la contaminación.
Las respuestas que Cabrera todavía debe
El gobierno municipal debe publicar, como mínimo:
- Los resultados completos de los muestreos y la ubicación exacta de cada punto.
- El nombre de la empresa observada desde septiembre y el estado jurídico del procedimiento.
- El inventario actualizado de descargas municipales, industriales y clandestinas.
- Los permisos, inspecciones, requerimientos y sanciones emitidos durante 2024, 2025 y 2026.
- Una evaluación sanitaria para habitantes y deportistas de Paso de los Guzmán.
- Medidas preventivas mientras se desconozca la composición del agua.
- Un programa permanente de monitoreo, con resultados abiertos y comparables.
El problema ya no consiste solamente en determinar quién descargó qué sustancia. También debe explicarse por qué el gobierno municipal no detectó oportunamente un episodio que vecinos podían oler, mirar y fotografiar frente al edificio donde trabaja el alcalde.
El hedor que sale del Río San Juan es ambiental. El silencio, la reacción tardía y la falta de resultados públicos son enteramente políticos.




