Por Redacción LYPmultimedios
CIUDAD DE MÉXICO. – En México, el talento se está desperdiciando por culpa de la discriminación y la falta de infraestructura. De acuerdo con cifras del INEGI, el 62% de las personas mayores de 15 años con algún tipo de discapacidad se encuentran desempleadas, una realidad que el Senado de la República busca revertir urgentemente.
Durante la inauguración del conversatorio “México incluyente: Hacia la Autonomía Económica”, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, lanzó un enérgico llamado al sector privado y a las instituciones para actualizar el marco normativo y derribar las «visiones retrógradas» de algunas empresas que aún creen que las personas con discapacidad son «de poca ayuda».
“La inclusión laboral no es un accesorio, sino un elemento esencial para la competitividad y la resiliencia de las cadenas de suministro. Una cadena productiva que integra a la diversidad es más digna, estable y productiva”, aseveró el legislador por Morena, destacando que la falta de autonomía económica de este sector recae injustamente como carga de cuidado sobre las mujeres y las niñas mexicanas.
Las cuatro grandes barreras de la exclusión
El problema va más allá de la voluntad empresarial. Luis Antonio Carrasco, director de la Organización Unidad Lazos por la Discapacidad, expuso los cuatro grandes retos estructurales que mantienen a este sector en la marginación:
- Espacios productivos y emprendimientos diseñados sin accesibilidad física ni adaptación de procesos.
- Procesos de reclutamiento y plataformas digitales excluyentes.
- El riesgo de perder la pensión y atención médica del IMSS al incorporarse a un empleo formal.
- El profundo rezago educativo, ya que el promedio de escolaridad de una persona con discapacidad es de apenas 4.7 años, frente a los 8.5 del promedio nacional.
Ante este panorama, Ismael Ortiz Fernández, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, se comprometió a que las conclusiones del diálogo se transformarán en instrumentos reales de política pública, dejando de lado la caridad para dar paso a un modelo de negocio con un enfoque verdaderamente sostenible e incluyente.
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