Soy Daniel Dorantes, y esta es la primera emisión de la videocolumna “La Llave”.
Una llave que abre un espacio para analizar a fondo los temas públicos, explicarlos de forma sencilla y entender con claridad qué es lo que está en juego.
No pasó la reforma constitucional electoral, o plan A… pero eso no significa que el tema se haya detenido.
Se activó el llamado plan B, que en este momento se encuentra en el Senado. La lógica, según se aprecia, es avanzar por partes en aquellos temas donde pudiera haber condiciones para construir mayoría. Sobre la mesa hay tres ejes fundamentales: austeridad política, revocación de mandato y ajustes en gobiernos locales y ayuntamientos.
En revocación de mandato, el cambio más visible está en los tiempos. Hoy solo puede pedirse una vez al cierre del tercer año de gestión de quien encabece la Presidencia de la República. Con esta iniciativa, también podría solicitarse ya al cierre del segundo año. La jornada quedaría fijada para el primer domingo de junio del tercer o del cuarto año, según corresponda y sea procedente. Algo importante es que se mantiene el hecho de que la solicitud la puede realizar la ciudadanía cumpliendo con sus respectivos requisitos.
Llevado esto al caso presidencial actual, significa algo muy concreto: la revocación podría pedirse desde 2026 para realizarse la consulta en junio de 2027, de manera concurrente con las elecciones ordinarias; y si se activa después, entonces podría irse a junio de 2028.
En ese rubro de la consulta hay otra novedad que, según hemos visto en medios, se ha estado revisando en el Senado de la República. La iniciativa plantea que la persona sujeta a revocación pueda difundir el proceso y promover el voto a favor de su gestión. Dicho en términos más neutrales, hay una modificación en las reglas de participación para quien está sujeto a este proceso.
En ayuntamientos, la propuesta también incide. La versión presentada originalmente hablaba de una sindicatura y de siete a quince regidurías en su integración. Pero también se ha dicho que ese punto tendría ajustes en el Senado: por un lado, para quitar el número mínimo de siete y dejar el tope de hasta quince; y por otro, para una reincorporación del principio de paridad en la redacción.
Aquí vale la pena aterrizar el caso a Querétaro tal como está hoy. Nuestra norma local dice que todos los municipios tienen dos sindicaturas. Y en regidurías, Querétaro tiene 13; San Juan del Río, Corregidora y El Marqués, 11; Cadereyta y Tequisquiapan, 9; y los demás municipios, 7.
Por eso, al bajar esta discusión al caso queretano, el dato fino es muy claro: aquí el efecto más visible no recaería realmente en las regidurías como están integradas hoy, sino en las sindicaturas.
En presupuesto, pasa algo parecido. La iniciativa pone un tope para los congresos locales, pero en el caso de Querétaro, el Congreso local hoy ya estaría por debajo del límite planteado. Entonces, no veríamos un recorte fuerte e inmediato por esa vía; sino más bien, una lógica de contención hacia adelante.
Dicho en sencillo, este plan B no rehace por completo el sistema, pero mueve piezas importantes: cambia los tiempos de la revocación, modifica las reglas sobre la participación de la persona sujeta a este proceso, toca la integración municipal y aprieta las reglas de gasto.
En política, cuando no pasa una ruta, normalmente aparece otra. Y eso es exactamente lo que estamos viendo… seguramente en los próximos días habrá un desenlace.
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