Cada lluvia es una evaluación para Felifer Macías,

Cada lluvia evalúa a Felifer Macías: Querétaro ya no puede culpar solo al clima

by OpiniónPolítica

Por: Rodrigo Vissuet
Santiago de Querétaro, Qro., 4 de julio de 2026.— En Querétaro, cada lluvia es una evaluación pública. No lo dice la oposición, no lo dice una encuesta, no lo dice una consigna: lo dice la calle cuando se inunda, el tráfico cuando se paraliza, la coladera cuando no traga, el dren cuando se desborda y la familia que vuelve a mirar la puerta de su casa con miedo de que el agua entre otra vez.

Durante años, las autoridades han tratado la lluvia como si fuera un accidente del cielo. Como si cada tormenta llegara sin aviso, como si julio no existiera en el calendario, como si el agua tuviera mala intención y la ciudad ninguna responsabilidad.

Pero la verdad es más incómoda: la lluvia no solo cae sobre Querétaro; también revela cómo fue gobernado, planeado y mantenido Querétaro.

Y hoy esa evaluación tiene destinatario político: el gobierno municipal encabezado por Felipe Fernando Macías, Felifer Macías, y su equipo.

No porque la lluvia sea culpa del alcalde. Nadie serio diría eso. Pero sí porque los efectos de la lluvia —las inundaciones, los encharcamientos, el caos vial, los riesgos en colonias, el mantenimiento preventivo, la respuesta de Protección Civil, la limpieza de drenes, la vigilancia de obras y la comunicación con la ciudadanía— sí forman parte de la responsabilidad pública de un gobierno municipal.

No se gobierna el clima. Se gobierna la ciudad que recibe ese clima.

El problema no es que llueva; el problema es qué pasa cuando llueve

Querétaro no necesita funcionarios que miren al cielo con sorpresa cada vez que se nubla. Necesita autoridades que entiendan que la temporada de lluvias no es una emergencia imprevista, sino una prueba anunciada.

Se sabe que va a llover. Se sabe dónde se inunda. Se sabe qué vialidades colapsan. Se sabe qué drenes requieren limpieza. Se sabe qué colonias han vivido afectaciones. Se sabe qué pasos, avenidas, puentes, bordos y zonas bajas necesitan vigilancia.

Entonces la pregunta no es meteorológica. Es política.

¿Qué se hizo antes de que lloviera?

Ahí empieza la verdadera evaluación para Felifer Macías y su equipo. Porque una cosa es reaccionar con brigadas cuando el agua ya está encima, y otra muy distinta es anticiparse con mantenimiento, prevención, información pública y decisiones urbanas responsables.

Gobernar bien no consiste en tomarse la foto con botas después de la tormenta. Gobernar bien consiste en evitar que la gente necesite esas botas dentro de su propia casa.

La lluvia desnuda la ciudad que el discurso maquilla

Querétaro tiene una narrativa cuidadosamente construida: ciudad moderna, ordenada, competitiva, atractiva para invertir, buena para vivir, símbolo de crecimiento y calidad urbana.

Y en parte lo es.

Pero cada tormenta pone esa narrativa contra el pavimento. La baja de su pedestal. La moja. La obliga a responder preguntas más concretas que cualquier campaña institucional.

¿Puede una ciudad presumir modernidad si cada lluvia convierte avenidas en canales?
¿Puede presumir planeación si los mismos puntos se inundan año tras año?
¿Puede hablar de futuro si no protege sus áreas de infiltración?
¿Puede venderse como ciudad de primer nivel si sus colonias viven con miedo al temporal?

La lluvia tiene una virtud política brutal: no respeta propaganda.

No le importa el eslogan, no lee boletines, no distingue colores partidistas. El agua simplemente busca salida. Y cuando no la encuentra, exhibe lo que se tapó, lo que se autorizó mal, lo que no se limpió, lo que se improvisó y lo que se dejó para después.

Por eso el gobierno municipal debe entender algo: en temporada de lluvias, la calle comunica más que cualquier rueda de prensa.

Felifer frente a una ciudad que ya no acepta pretextos

Felifer Macías gobierna una capital compleja, desigual y acelerada. Una ciudad que creció con velocidad, con presión inmobiliaria, con expansión vial, con nuevos desarrollos, con plazas, fraccionamientos, parques industriales y una demanda ciudadana cada vez más alta.

Esa ciudad no se administra con discursos de buena voluntad. Se administra con capacidad técnica, coordinación, sensibilidad social y una obsesión por el mantenimiento.

Querétaro no puede seguir actuando como si el crecimiento urbano fuera solo una buena noticia. Crecer también tiene costos: más agua sobre concreto, más autos en vialidades saturadas, más colonias expuestas, más basura en drenajes, más presión sobre servicios y más riesgo cuando la infraestructura no acompaña al desarrollo.

Una ciudad que crece rápido pero no se prepara bien termina inundándose no solo de agua, sino de errores acumulados.

Ahí es donde el equipo municipal debe demostrar si está a la altura. No basta con decir que hay monitoreo. No basta con publicar recomendaciones. No basta con pedir a la gente que no tire basura, aunque la ciudadanía también tenga responsabilidad.

La autoridad no puede reducir el problema a “la gente tapa las coladeras”. Eso existe, pero no explica todo. También hay permisos, obras, supervisión, drenaje insuficiente, mantenimiento, planeación, desazolve, coordinación metropolitana y prioridades presupuestales.

La basura en la calle es un problema ciudadano.
La falta de prevención estructural es un problema de gobierno.

La lluvia también pregunta por las prioridades

El debate sobre lluvias en Querétaro se conecta con muchos otros temas que hoy están en la conversación pública: venta de predios municipales, áreas de donación, pérdida de espacios públicos, crecimiento inmobiliario, falta de áreas verdes y presión sobre el suelo urbano.

Porque los parques no son adornos. Los árboles no son decoración. Las áreas permeables no son terrenos “vacíos”. Los drenes no son zanjas olvidadas. Los predios públicos no son caja chica.

Todo eso forma parte de la defensa de la ciudad frente al agua.

Cuando se pierde suelo público, cuando se reduce área verde, cuando se construye sin mirar escurrimientos, cuando se pavimenta sin pensar en infiltración, cuando se autoriza desarrollo sin infraestructura suficiente, la factura llega. Y muchas veces llega con lluvia.

Querétaro necesita dejar de tratar el urbanismo como negocio de metros cuadrados y empezar a tratarlo como política de supervivencia urbana.

No se trata de detener el desarrollo. Se trata de preguntarse desarrollo para quién, con qué infraestructura, con qué impacto y con qué responsabilidad frente al futuro.

El ciudadano no quiere heroicidad; quiere que funcione

Hay una escena que se repite en muchas ciudades mexicanas: llueve fuerte, se inunda una avenida, llegan autoridades, se activan cuadrillas, se suben fotos, se presume atención inmediata.

Pero la gente no quiere heroicidad administrativa. Quiere que las cosas funcionen.

Quiere poder salir del trabajo sin pasar dos horas atrapada. Quiere que su colonia no se convierta en laguna. Quiere que el transporte avance. Quiere que una ambulancia pueda cruzar. Quiere que el agua no entre a su negocio. Quiere que la autoridad le avise a tiempo, no cuando ya está todo cerrado. Quiere que los puntos de riesgo estén atendidos antes, no narrados después.

La eficiencia pública no se mide cuando el funcionario aparece en la emergencia; se mide cuando la emergencia no escala.

Eso es lo que debe entender el gobierno de Felifer Macías. La ciudadanía no está pidiendo milagros climáticos. Está pidiendo administración seria de una ciudad que ya conoce sus riesgos.

No todas las lluvias son iguales, pero todos los gobiernos son evaluados

Sería injusto negar que hay tormentas extraordinarias. El cambio climático está alterando patrones de lluvia y haciendo más frecuentes eventos intensos. Las ciudades del mundo están enfrentando retos nuevos.

Pero justamente por eso la vara de exigencia debe subir.

Si las lluvias son más intensas, la planeación debe ser más inteligente. Si el clima es más agresivo, la infraestructura debe ser más resiliente. Si la ciudad creció, el gobierno debe dejar de administrar como si siguiera siendo una capital pequeña.

La nueva normalidad climática no puede enfrentarse con viejas respuestas burocráticas.

Querétaro necesita mapas de riesgo actualizados, drenaje pluvial con visión metropolitana, inversión preventiva, transparencia en puntos críticos, comunicación en tiempo real, revisión de permisos urbanos, protección de áreas verdes y coordinación con Corregidora, El Marqués y gobierno estatal.

El agua no reconoce fronteras municipales. Una mala decisión en una zona puede afectar a otra. Un escurrimiento no se detiene porque cambie el límite administrativo.

Por eso el gobierno de la capital debe liderar con mayor claridad. Querétaro no puede esperar a que cada municipio actúe por separado mientras el agua corre junta.

La lluvia como oposición perfecta

En política se suele decir que la oposición desgasta a un gobierno. Pero en temporada de lluvias, la oposición más dura puede ser el clima.

La lluvia no necesita tribuna. No necesita campaña. No necesita desplegados. Le basta caer.

Y cuando cae, pregunta sin pedir permiso:

¿Se limpió a tiempo?
¿Se invirtió donde hacía falta?
¿Se protegieron los puntos vulnerables?
¿Se escuchó a las colonias?
¿Se revisaron las obras?
¿Se permitió construir donde no debía?
¿Se informó con claridad?
¿Se actuó antes o solo después?

Cada tormenta es una comparecencia pública sin micrófono.

Felifer Macías y su equipo deberían tomarlo así. No como una crítica incómoda, sino como una oportunidad de demostrar gobierno. Porque una ciudad que responde bien a la lluvia gana confianza. Una ciudad que se desborda cada temporada acumula enojo.

Y el enojo urbano no siempre grita. A veces se queda en silencio, atrapado en el tráfico, empujando una puerta mojada, secando una sala, perdiendo mercancía o esperando que alguien responda.

Humanizar la infraestructura

Hablar de drenaje puede sonar técnico. Hablar de cárcamos, bordos, rejillas y escurrimientos puede parecer asunto de ingenieros. Pero al final, todo eso se traduce en vida cotidiana.

Una coladera limpia puede evitar que una madre llegue tarde por su hijo.
Un dren funcionando puede salvar un negocio familiar.
Una alerta oportuna puede evitar que alguien cruce una corriente.
Una calle bien diseñada puede impedir un accidente.
Un parque conservado puede absorber agua y dar sombra.
Una obra bien planeada puede evitar años de afectaciones.

La infraestructura también es una forma de cuidado.

Y si el gobierno municipal quiere hablar de calidad de vida, debe empezar por eso: por cuidar lo básico, lo cotidiano, lo que permite que una ciudad siga funcionando incluso cuando el cielo se rompe.

Querétaro no necesita un gobierno que prometa controlar la lluvia. Necesita uno que entienda que cada tormenta afecta personas reales, no solo estadísticas de Protección Civil.

El cierre que debería escuchar el municipio

Felifer Macías está ante una oportunidad política importante. Puede tratar las lluvias como un problema estacional que se atiende con comunicados, patrullas y cuadrillas. O puede convertirlas en el punto de partida de una agenda seria de resiliencia urbana.

Puede esperar a que el agua suba. O puede decirle a la ciudad, con hechos, dónde están los riesgos y qué se está haciendo para reducirlos.

Puede culpar al clima. O puede aceptar que gobernar también es anticipar.

Porque en Querétaro, cada lluvia ya no es solo lluvia.

Cada lluvia es una evaluación pública del gobierno municipal.
Cada encharcamiento pregunta por el mantenimiento.
Cada inundación pregunta por la planeación.
Cada cierre vial pregunta por la movilidad.
Cada familia afectada pregunta por la prevención.
Cada tormenta pregunta si la ciudad creció con inteligencia o solo creció rápido.

Y esa pregunta, tarde o temprano, llega al escritorio del presidente municipal.

No como consigna.
No como ataque.
Como realidad.

Porque la lluvia no vota, pero sí exhibe. Y en Querétaro, lo que el agua exhibe ya no puede seguir tratándose como simple pronóstico.

andré

La revisión del T-MEC: México negocia, pero no como igual

by InternacionalMéxico en el tablero globalOpinión


¿Qué pasa cuando el socio comercial del que dependes para tres de cada cuatro dólares que exportas decide que ya no quiere renovarte el contrato como estaba firmado?

Eso, en términos simples, es lo que ocurrió el 1 de julio de 2026. Ese día, México, Estados Unidos y Canadá se sentaron —virtualmente— a hacer lo que el tratado los obliga a hacer cada seis años: revisar si el T-MEC sigue vivo tal como está o si hay que meterle mano.

Washington ya dio su respuesta: no. No va a renovar el tratado de manera automática por 16 años más, como pedían México y Canadá. En cambio, optó por dejarlo vigente hasta 2036, pero bajo un esquema de revisiones anuales, capítulo por capítulo, tema por tema, hasta que a Estados Unidos le convenza lo que ve.

Para entender la dimensión de esto hay que retroceder tres décadas.

Del TLCAN al T-MEC: la historia que nos trajo hasta aquí

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, negociado por Carlos Salinas de Gortari, George H. W. Bush y Brian Mulroney. Fue un parteaguas: México, una economía todavía cerrada y proteccionista, se amarraba comercialmente a la potencia más grande del planeta. La apuesta era clara: atraer inversión, generar empleo manufacturero e integrar cadenas productivas. Y, en buena medida, funcionó. En tres décadas, el comercio trilateral se multiplicó varias veces y México se consolidó como plataforma exportadora, particularmente automotriz y electrónica.

Pero el TLCAN también dejó cicatrices: el colapso del campo mexicano frente al maíz subsidiado estadounidense, una desigualdad regional que nunca se corrigió y una dependencia estructural del mercado norteamericano que, hasta hoy, define casi cualquier decisión de política económica que toma este país. Esa dependencia no es un detalle menor: es la variable que explica por qué México negocia hoy desde una posición estructuralmente débil.

En 2020, tras la presión de Donald Trump en su primer gobierno, el TLCAN fue sustituido por el T-MEC, con reglas de origen más estrictas para automóviles; un capítulo laboral más agresivo —el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, que permite inspeccionar plantas específicas por presuntas violaciones a derechos sindicales—; y disposiciones nuevas en comercio digital y anticorrupción.

El tratado se firmó con una cláusula que hoy es protagonista: el artículo 34.7, la revisión conjunta. A los seis años de entrar en vigor —es decir, en 2026—, las tres partes tenían que confirmar si querían extender el tratado otros 16 años. Si no hay consenso, se abre una ventana de revisiones anuales hasta 2036, fecha en la que el tratado, si nadie lo salva, simplemente expira.

Vale la pena detenerse en ese diseño, porque no es casualidad. A diferencia del TLCAN original, que no tenía fecha de caducidad ni mecanismo de revisión periódica, el T-MEC nació con un reloj incorporado. Fue una condición que impuso Estados Unidos en 2018, precisamente para tener, cada seis años, una palanca institucional con la cual presionar a sus socios sin necesidad de amenazar con una salida total del tratado, como sí ocurrió con el TLCAN durante la primera negociación de Trump.

En otras palabras: la incertidumbre actual no es un accidente ni una crisis inesperada. Es el resultado previsible de una arquitectura que Estados Unidos diseñó a su favor desde el principio.

Los escenarios sobre la mesa

Kenneth Smith Ramos, quien fue el jefe negociador técnico de México en la modernización del TLCAN, planteó desde 2025 tres escenarios posibles para esta revisión, y conviene tenerlos presentes porque siguen siendo la mejor brújula para leer lo que viene.

El escenario A —continuidad casi sin cambios, con acuerdos puntuales para atender la competencia de China sin reabrir el texto— es, según el propio Smith, el más deseable, pero también el menos probable: le calculó apenas un 5% de probabilidad.

El escenario B contempla una reapertura acotada a ciertos capítulos, con el riesgo de que termine expandiéndose. Y el escenario C es la renegociación abierta y completa, con todos los capítulos sobre la mesa.

Lo que ocurrió el 1 de julio —el rechazo a la extensión automática y la entrada a un ciclo de revisiones anuales— confirma que México y Canadá quedaron, de facto, en una combinación de los escenarios B y C: ni la certeza de un tratado renovado, ni tampoco todavía una ruptura total, sino una zona gris que se irá definiendo negociación tras negociación, año tras año.

Los aranceles que corren por fuera del tratado

A esta revisión hay que sumarle un elemento que complica todavía más el panorama: buena parte de la presión que siente México no viene del texto del T-MEC, sino de aranceles que la administración Trump ha impuesto invocando otras herramientas legales —seguridad nacional, principalmente— sobre acero, aluminio, autopartes y, de manera intermitente, otros productos.

Esos gravámenes conviven, de forma incómoda, con un tratado de libre comercio que, en teoría, debería eliminarlos. Por eso, uno de los dos objetivos que ha fijado Ebrard no es solo lograr la permanencia del T-MEC, sino conseguir que esos aranceles se retiren. Esto es, en la práctica, una negociación paralela y separada de la revisión conjunta formal, aunque ambas mesas se influyen constantemente.

Para sectores como el automotriz —donde México ensambla vehículos con insumos que cruzan la frontera varias veces antes de terminar el producto—, esa doble presión, arancelaria y de reglas de origen, es la que de verdad mantiene despiertos a los empresarios, más que la discusión abstracta sobre si el tratado se extiende hasta 2036 o hasta 2042.

Lo que está sobre la mesa ahora mismo

Eso es justamente lo que decidió Washington la semana pasada: nada de extensión automática, sino una década de revisiones anuales con un número decreciente de temas —México propone 13, Estados Unidos 14— mientras ambos gobiernos intentan resolver lo que el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, llamó problemas sustanciales, empezando por el déficit comercial de Estados Unidos con México y Canadá.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha encabezado la delegación mexicana desde marzo, cuando arrancaron las rondas bilaterales preparatorias, y ya tiene agendada una tercera ronda de negociación formal para la semana del 20 de julio en la Ciudad de México.

Los temas que están en juego no son menores: reglas de origen automotriz, sustitución de importaciones provenientes de China, seguridad de cadenas de suministro, capítulo laboral, medio ambiente, inversión, comercio digital, propiedad intelectual y el mecanismo de solución de controversias. Prácticamente toda la arquitectura del tratado puede tocarse.

Kenneth Smith Ramos, quien fue el jefe negociador técnico de México en la modernización del TLCAN, ha sido enfático en advertir el riesgo: aunque lo ideal sería limitar la revisión a unos cuantos capítulos, el problema es que eso abre la famosa caja de Pandora. Porque una vez que el tratado se reabre, ninguna de las tres partes controla del todo hasta dónde llega la reapertura.

La posición real de México: pragmatismo obligado, no fortaleza

Aquí es donde conviene bajarle el volumen al discurso oficial y mirar los números. En 2025, México exportó a Estados Unidos 534,874 millones de dólares en bienes, un récord histórico, y acumuló un superávit comercial bilateral cercano a 197,000 millones de dólares. El comercio total entre ambos países superó los 872,000 millones de dólares.

México es, junto con Canadá, uno de los dos socios comerciales más grandes de Estados Unidos. Y ese superávit —que para México es prosperidad exportadora— es precisamente lo que la Casa Blanca señala como el problema a corregir.

La estrategia de Ebrard ha sido, en sus propias palabras, mantener cabeza fría y firmeza, con dos objetivos concretos: garantizar la permanencia del T-MEC y conseguir que se retiren los aranceles que la administración Trump ha ido imponiendo por fuera del propio tratado.

Es una postura razonable, pero también reveladora: no se está negociando desde la ofensiva, sino desde la defensiva. México no llega a esta mesa a pedir mejoras; llega a evitar retrocesos.

Esa asimetría no es casualidad ni falta de voluntad política: es estructural. Estados Unidos tiene, por ley interna —la Ley Pública 116-113—, toda la autoridad para instruir a su representante comercial a activar consultas o endurecer posiciones sin necesidad de pasar por el Congreso en cada paso, aunque cualquier renegociación de fondo sí requeriría eventualmente una autorización legislativa tipo Trade Promotion Authority.

México, en cambio, no tiene un mercado alternativo capaz de absorber, ni de lejos, lo que hoy coloca en territorio estadounidense. La narrativa del nearshoring —México como beneficiario natural de la relocalización de cadenas productivas lejos de China— sigue siendo cierta, pero también es el argumento que Washington usa en sentido inverso: si quieres seguir siendo destino de esa relocalización, entonces alinéate con nuestras reglas de origen, nuestra seguridad de cadenas de suministro y nuestra prioridad de generar empleo manufacturero también de este lado de la frontera.

Canadá, por su parte, se ha mantenido al margen de las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, concentrado en su propia relación —más tensa aún— con Washington, lo que deja a México prácticamente solo en la mesa frente al socio más poderoso. Algo que contrasta con el espíritu original del TLCAN, pensado como un bloque de tres.

El ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc, ha insistido en que espera una eventual renovación y en que el tratado sostiene millones de empleos en Norteamérica. Pero cualquier avance real en la relación entre Ottawa y Washington depende, según funcionarios estadounidenses, de una reunión directa entre Trump y el primer ministro Mark Carney que todavía no se concreta.

Esa fragmentación del bloque norteamericano —cada país negociando por su cuenta, a ritmos distintos— es, en sí misma, una señal de que el T-MEC del futuro, si sobrevive, probablemente será menos un acuerdo trilateral homogéneo y más un mosaico de entendimientos bilaterales superpuestos sobre un mismo texto legal.

¿Y ahora qué sigue?

El calendario ya está puesto: revisiones anuales hasta 2036, con la posibilidad de que en cualquier momento de esa década los tres países acuerden extender el tratado 16 años más, hasta 2042.

Eso significa que México entra a un periodo de incertidumbre prolongada, no a un evento de una sola vez. Cada año habrá una nueva ronda de presión, nuevos temas sobre la mesa y nuevas oportunidades para que Washington use el tratado como palanca de negociación en otros asuntos —migración, seguridad, combate al crimen organizado— que ya se han colado en la conversación comercial.

La posición real de México, entonces, no es la de un socio que negocia en igualdad de condiciones ni la de una víctima sin capacidad de maniobra. Es la de un país que sabe que su prosperidad exportadora depende casi por completo de mantener el acceso al mercado más grande del mundo y que, por eso mismo, no puede darse el lujo de improvisar.

La firmeza que promete el gobierno mexicano solo será creíble si viene acompañada de una estrategia técnica sólida, sector por sector, y de la disposición a ceder en lo que no compromete la soberanía económica del país, para conservar lo que sí es innegociable: el acceso preferencial a Norteamérica que, para bien y para mal, sigue siendo la columna vertebral de la economía mexicana.

tradicion

Retrato de una tortura celebrada en San Juan del Río

by OpiniónPolítica

Hay violencias que se esconden.
Otras se justifican.
Y algunas, las más perturbadoras, se celebran con boleto, aplauso y fotografía oficial.

En San Juan del Río, en el marco de su feria tradicional, una corrida de toros volvió a abrir una pregunta que incomoda porque no se resuelve con nostalgia, folclor ni economía: ¿qué clase de sociedad somos cuando llamamos tradición al sufrimiento de un ser sintiente?

El debate no es nuevo, pero el momento sí lo vuelve urgente. Mientras el país vive una Copa del Mundo cargada de contrastes —por un lado, la ternura colectiva provocada por Merlin, el pato que se volvió símbolo viral de la afición mexicana; por otro, celebraciones masivas que terminaron en tragedia, con cuatro personas fallecidas en la Ciudad de México tras el partido de México contra Ecuador—, San Juan del Río quedó atrapado en su propio espejo: el de una comunidad que puede conmoverse por un animal convertido en ícono mundialista y, al mismo tiempo, permitir que otro animal sea herido, sometido y reducido a espectáculo.

La contradicción duele porque retrata algo más profundo: la sensibilidad humana parece depender del escenario. Si el animal nos enternece, lo abrazamos como símbolo. Si el animal nos enfrenta con nuestra violencia, algunos prefieren llamarle cultura.

La denuncia que nadie debería ignorar

Tras la corrida realizada en San Juan del Río, una denuncia ciudadana difundida en redes sociales relató una escena brutal. De acuerdo con ese testimonio, después del festejo, el toro aún habría estado luchando por vivir cuando fue levantado con maquinaria, colocado boca arriba en una camioneta y herido con un cuchillo en el pecho para provocarle la muerte.

La frase escrita por la persona denunciante es difícil de leer. Pero precisamente por eso debe leerse.

Porque si lo denunciado es cierto, no estamos ante una “tradición”, sino ante un acto de crueldad que exige investigación. Y si alguien considera exagerado llamarle tortura, entonces el problema no está en la palabra: está en la anestesia moral con la que hemos aprendido a mirar.

LYPmultimedios no cuenta, hasta este momento, con una confirmación oficial independiente sobre el procedimiento descrito en esa denuncia. Por responsabilidad periodística, debe decirse así. Pero también debe decirse lo otro: una denuncia ciudadana de esta gravedad no puede ser desestimada solo porque incomoda a intereses económicos, políticos o sociales.

Las autoridades municipales y estatales tendrían que aclarar qué ocurrió, bajo qué protocolos se manejó al animal, quién supervisó el evento, qué personal veterinario estuvo presente, qué empresa organizó el espectáculo y si existió algún incumplimiento a la normativa aplicable.

Porque el silencio institucional también comunica. Y muchas veces comunica complicidad.

No se trata de tradición: se trata de violencia

Este artículo no busca discutir si la tauromaquia tiene historia. La tiene. Tampoco pretende negar que existan personas que la defienden como actividad cultural o económica. El punto es otro: ninguna tradición debería tener licencia moral para convertir el dolor en entretenimiento.

En México, el debate público ya se movió. Una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio reportó en 2025 que 72% de las personas consultadas estaba en contra de las corridas de toros y las consideraba maltrato animal. Ese dato no es menor: revela que la sociedad mexicana no está donde algunos grupos de poder creen que está.

La Ciudad de México ya dio un paso relevante al aprobar una reforma para transformar las corridas tradicionales en espectáculos taurinos sin violencia: sin muerte del toro, sin banderillas, sin espadas, sin lanzas y con la obligación de proteger la integridad física del animal antes, durante y después del evento. La medida fue celebrada por sectores animalistas y rechazada por el gremio taurino, precisamente porque toca el nervio central del debate: sin violencia, la tauromaquia tradicional pierde su forma actual.

Eso confirma lo evidente. No estamos hablando solo de una actividad cultural. Estamos hablando de una práctica cuya estructura depende de la dominación física de un animal.

La violencia no empieza en la plaza, pero ahí se normaliza

En un país donde la violencia se mide todos los días con datos duros, carpetas de investigación, cuerpos, ausencias y miedo, resulta perturbador que todavía haya espacios donde el dolor pueda organizarse como fiesta.

La crueldad hacia los animales no es un asunto menor ni aislado. Diversas investigaciones han estudiado la relación entre crueldad animal y otras formas de violencia interpersonal, especialmente violencia familiar, abuso infantil y conductas antisociales. No significa que toda persona que asiste a una corrida sea violenta; significa que una sociedad que normaliza la violencia ritualizada contra seres vulnerables debería preguntarse qué está educando, qué está tolerando y qué está celebrando.

San Juan del Río no puede analizar este hecho como si ocurriera en el vacío. El municipio vive discusiones permanentes sobre seguridad, consumo problemático de sustancias, violencia familiar, deterioro urbano, prioridades presupuestales e infraestructura pública. Y Querétaro, aunque suele presentarse como una entidad de orden y desarrollo, también enfrenta una realidad grave en materia de violencia contra las mujeres: la ENDIREH 2021 del INEGI colocó al estado entre las entidades con mayor prevalencia de violencia contra mujeres mayores de 15 años.

Por eso el debate importa. Porque la violencia no siempre aparece de golpe. A veces se entrena en símbolos. A veces se legitima en discursos. A veces se normaliza desde la infancia con la idea de que un cuerpo indefenso puede ser sometido si existe una razón económica, estética, cultural o política para hacerlo.

La hipocresía política alrededor del ruedo

La corrida en San Juan del Río también exhibió otro elemento incómodo: la presencia, simpatía o silencio de actores políticos de distintas ideologías frente a un espectáculo cuestionado por sectores cada vez más amplios de la sociedad.

Panistas, priistas, emecistas, morenistas o cualquier otra fuerza política no pueden hablar de paz, bienestar social, derechos, humanismo o reconstrucción del tejido comunitario mientras se sientan cómodamente frente a una escena donde un animal es llevado al límite del miedo, la sangre y la muerte.

Aquí no hay superioridad moral por partido. Hay una contradicción transversal.

La política local suele indignarse con la violencia cuando la violencia tiene costo electoral. Pero cuando la violencia tiene taquilla, palco, patrocinio o tradición, entonces se vuelve muda, elegante y administrable.

Esa es la hipocresía que debe nombrarse.

La ley que protege a medias

El caso también obliga a revisar la eficacia de las normas de protección animal en Querétaro. El estado ha sido escenario de precedentes importantes en materia de maltrato animal, como el caso Athos y Tango, los perros rescatistas envenenados en 2021, cuyo proceso derivó en una sentencia histórica en México.

Pero esa misma sensibilidad jurídica parece tener límites cuando se trata de espectáculos taurinos. Querétaro forma parte de los estados donde la tauromaquia ha sido reconocida o protegida como tradición cultural, lo que genera una tensión evidente entre bienestar animal, intereses económicos y discursos patrimoniales.

La pregunta es inevitable: ¿a quién protege realmente la ley cuando un perro envenenado merece justicia, pero un toro torturado puede ser convertido en espectáculo?

Si la protección animal depende de la especie, del negocio o del peso político de quienes organizan el evento, entonces no estamos ante una política de bienestar animal. Estamos ante una protección selectiva.

Y la protección selectiva no es justicia. Es simulación.

La feria que también debe rendir cuentas

Una feria municipal no es solo entretenimiento. Es una decisión pública. Implica permisos, seguridad, recursos, logística, prioridades, discurso institucional y responsabilidad política.

Por eso, cuando dentro de una feria ocurre un hecho denunciado como maltrato animal, el municipio no puede lavarse las manos diciendo que se trata de un evento privado o de una costumbre arraigada. Si ocurre dentro del marco de una celebración pública, bajo condiciones autorizadas por autoridades públicas, entonces hay responsabilidad pública.

San Juan del Río merece una discusión más seria que el falso dilema entre “tradición” y “prohibición”. La verdadera pregunta es si una ciudad que aspira a vivir en paz puede seguir celebrando espectáculos donde la violencia es parte del atractivo.

Porque una comunidad no solo se define por sus obras, sus festivales o sus discursos oficiales. También se define por aquello que decide dejar de aplaudir.

El lamento que no entró al programa oficial

En medio de la música, las luces, las fotografías y los discursos de feria, hubo un lamento que no apareció en ningún boletín.

El de un toro.

Un animal encerrado en un destino diseñado por humanos. Un cuerpo aturdido. Un ser sintiente al que no se le preguntó si quería formar parte de una tradición. Un animal cuyo miedo fue convertido en espectáculo y cuya agonía, según la denuncia ciudadana, habría continuado incluso después del ruedo.

Esa imagen debería perseguirnos más que cualquier polémica partidista.

Porque el fondo no es si a alguien le gustan o no los toros. El fondo es si somos capaces de reconocer sufrimiento cuando el sufrimiento no habla nuestro idioma.

La conversación que San Juan del Río necesita

Este debate no se resuelve con insultos entre taurinos y antitaurinos. Tampoco con superioridades morales instantáneas. Se resuelve con una conversación pública a la altura de una sociedad que dice querer paz, justicia y bienestar.

Esa conversación debe llegar a los ayuntamientos, al Congreso local, a los empresarios, a las autoridades de cultura, a las áreas de protección animal, a las escuelas y a las familias.

La pregunta no es si la tradición debe desaparecer de un día para otro. La pregunta es si la tradición puede evolucionar sin sangre, sin tortura y sin muerte.

La experiencia de la Ciudad de México demuestra que existen rutas legislativas para replantear estos espectáculos desde el bienestar animal, aunque el gremio taurino las rechace. La presión social también está cambiando: la mayoría de la población mexicana ya no mira las corridas con la misma naturalidad de antes.

San Juan del Río puede elegir quedarse en el pasado o puede abrir una discusión valiente.

Puede seguir aplaudiendo desde la grada o puede preguntarse qué tipo de convivencia quiere construir.

Puede llamar tradición a la violencia o puede tener la madurez ética de replantearla.

Porque cualquier práctica que necesite del sufrimiento de un ser indefenso para sostenerse merece, por lo menos, ser cuestionada. Y cualquier gobierno que permita ese sufrimiento tiene la obligación de rendir cuentas.

La paz no se construye solo reduciendo delitos.
También se construye dejando de celebrar la crueldad.

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América Latina se inclina a la derecha

by with No Comment InternacionalMéxico en el tablero globalOpinión

¿Cómo es posible que Colombia, el mismo país que en 2022 rompió su historia política al elegir a su primer presidente de izquierda, haya optado cuatro años después por un abogado que propone salir de las Naciones Unidas, construir megacárceles y alinear su política exterior con Donald Trump? La respuesta no está únicamente en Colombia. Está en un fenómeno que lleva años recorriendo América Latina con una lógica propia, silenciosa y acumulativa, y que, si no se entiende bien, seguirá sorprendiendo —y golpeando— a quienes creen haberlo superado.

El pasado 24 de junio, el Consejo Nacional Electoral de Colombia proclamó presidente electo a Abelardo de la Espriella, un abogado de 47 años sin experiencia previa en cargos públicos, conocido hasta hace menos de un año por defender a clientes polémicos en casos penales de alto perfil. Su victoria fue estrecha —apenas 255 mil votos sobre el izquierdista Iván Cepeda, en un país de más de 40 millones de votantes— pero suficiente para convertirse en la señal política más estridente de la región en lo que va del año. «Él ganó, GRANDE», publicó Trump en Truth Social antes de que terminara el conteo. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue más preciso: «Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad.» Dos oraciones que, juntas, definen mejor que cualquier análisis académico el lenguaje político que hoy domina buena parte del continente: seguridad como promesa, castigo como programa, orden como ideología.

¿Quién es De la Espriella? Se autodenomina «el Tigre», canta ópera italiana, afirma que Dios le reveló que había llegado su momento y promete construir diez megacárceles modeladas en las del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Sus postulados de campaña incluyen la defensa de la familia tradicional, la eliminación de ministerios, la legalización del porte de armas para civiles y el fin de los procesos de paz con grupos armados. Sus críticos señalan vínculos incómodos con figuras del paramilitarismo colombiano y un patrón documentado de presión judicial contra periodistas que lo investigan. Nada de eso impidió que más de 12,9 millones de colombianos votaran por él. La razón no es difícil de encontrar: el hartazgo con Gustavo Petro fue tan profundo, y la incapacidad del centro político para articular una alternativa tan evidente, que De la Espriella se convirtió en el receptáculo perfecto del voto de castigo. No ganó por sus propuestas; ganó porque encarnó la negación del gobierno anterior. En política, cuando la rabia no tiene adónde ir, inventa una salida.

Pero reducir lo sucedido en Colombia a la figura de Petro sería cometer el mismo error que se cometió al analizar el ascenso de Milei en Argentina, de Bukele en El Salvador o de Kast en Chile: personalizar lo que es estructural. Lo que estamos presenciando no son accidentes nacionales: es una tendencia con raíces económicas muy concretas. América Latina acumuló durante la última década una deuda de frustración: crecimiento insuficiente, informalidad laboral que no cede, servicios públicos deteriorados y una violencia que el Estado —de cualquier signo ideológico— ha demostrado incapacidad para contener. Cuando la promesa del cambio progresista no se traduce en bienestar cotidiano, el elector no regresa al centro: busca el polo opuesto. No porque confíe en él, sino porque ya no le queda otra apuesta.

Las llamadas «nuevas derechas» latinoamericanas comparten un ADN reconocible: discurso de orden y seguridad, promesa de mano dura, perfil económico liberal, retórica anti-élites y estructura personalista. No llegan a través de los partidos históricos —esos ya no generan confianza— sino a través de figuras que se presentan como disruptoras del sistema. Milei con su motosierra, Bukele con su estadio-cárcel, De la Espriella con sus megacárceles y su ópera italiana. El formato cambia; el mensaje es el mismo: el Estado anterior fracasó, y yo soy el remedio. Lo novedoso es que ya no operan en soledad: se reconocen entre sí, se felicitan mutuamente y construyen redes de legitimación transnacional que amplifican cada victoria como un hito del movimiento.

El mapa regional lo confirma. A finales de 2025, América Latina presentaba un equilibrio tenso: nueve países gobernados por la izquierda frente a siete con gobiernos conservadores. Pero la tendencia de fondo favoreció a la derecha de manera consistente: Bolivia salió de casi dos décadas de Movimiento al Socialismo con Rodrigo Paz; Chile giró radicalmente con la llegada de José Antonio Kast en marzo de 2026; Ecuador reeligió a Noboa, cuyas políticas de seguridad lo ubican en la práctica mucho más cerca de la derecha que de la izquierda que él dice representar. Y ahora Colombia se suma. El bloque que celebró la victoria de De la Espriella —Trump, Kast, Noboa— no es una coincidencia de felicitaciones protocolarias. Es la arquitectura de una red ideológica que se reconoce a sí misma, que opera con creciente coordinación y que tiene en Washington, bajo la administración Trump, a su principal patrocinador geopolítico: la nueva Doctrina Monroe reencarnó como club de afinidades.

El caso más revelador de lo que viene está en Brasil, el gigante que vota en octubre. Lula da Silva, de 80 años, busca un cuarto mandato presidencial con el desgaste propio de quien gobierna en medio de escándalos de corrupción, inflación persistente y una percepción pública mayoritariamente negativa sobre la economía. Su rival es Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro —condenado a 27 años de prisión por golpismo—, quien heredó el movimiento de su padre y ha logrado lo que muchos consideraban imposible: en apenas meses pasó de ser un apellido a convertirse en un empate técnico. Las encuestas más recientes muestran a ambos candidatos igualados al 45% en escenarios de segunda vuelta, con Flávio liderando el voto independiente. Si Colombia fue la señal, Brasil será el veredicto. Una victoria del bolsonarismo sin Bolsonaro —con el nombre sin el cuerpo, pero con toda la maquinaria— consolidaría el giro regional de una manera que ya no admitiría lecturas de anomalía. Y lo haría precisamente en el país más grande e influyente de América del Sur, el que por décadas funcionó como contrapeso al avance conservador. La ironía es amarga: el mismo Brasil que eligió a Lula en 2022 para frenar el autoritarismo podría terminar siendo el escenario donde el proyecto conservador encuentre su mayor victoria continental.

Para México, la lectura no puede ser cómoda. El gobierno de Claudia Sheinbaum hereda un proyecto político construido sobre las mismas bases que hoy están siendo erosionadas en otros países: la promesa de transformación social, la movilización de los sectores históricamente excluidos, la crítica al modelo neoliberal. Esas bases siguen siendo sólidas en términos electorales, pero no son inmunes a la erosión. Las derechas que hoy ganan en la región no lo hacen convenciendo a la gente de que el libre mercado es bueno; lo hacen convenciendo a la gente de que el Estado progresista no puede garantizarles seguridad ni bienestar. Si esa percepción arraiga —si la inseguridad, la inflación o la ineficiencia institucional se convierten en el rostro visible del gobierno— el terreno se prepara para que aparezca alguien dispuesto a ofrecer el remedio draconiano. México no es Colombia. Pero Colombia tampoco estuvo siempre donde está hoy.

La lección no es ideológica: es de gestión y de narrativa política. La izquierda latinoamericana puede perder no porque sus ideas sean erróneas, sino porque sus gobiernos no logran traducirlas en seguridad cotidiana ni en resultados tangibles para quien vive en el margen. La derecha que avanza no tiene un programa superior; tiene un relato más simple, más breve y con mayor potencial de viralización en redes sociales. Y en tiempos de hartazgo, la simplicidad vence a la complejidad. Colombia acaba de demostrarlo con 255 mil votos de diferencia, en una segunda vuelta que resumió el dilema de nuestro tiempo: entre el deseo de cambio y el miedo al caos, la región sigue buscando —a tientas, a veces desesperadamente— quién le garantice que mañana va a estar bien. El Tigre llegó a prometer exactamente eso. Que sea capaz de cumplirlo es otra historia.

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La Geopolítica del Mundial

by with No Comment InternacionalMéxico en el tablero globalOpinión

¿Puede un torneo de fútbol convertirse en el espejo más fiel de un mundo en transformación? Para mí, la respuesta, en junio de 2026, es sí. El Mundial de fútbol que hoy se celebra simultáneamente en México, Estados Unidos y Canadá no es únicamente un espectáculo deportivo: es la geopolítica del mundo vestida con los colores de una selección. Quien sepa leerlo encontrará, detrás de cada partido, la huella de las tensiones que reconfiguran el orden internacional.

La decisión de otorgar este Mundial a una candidatura trinacional fue presentada, en 2018, como un símbolo de integración regional. La narrativa oficial prometía que México, Estados Unidos y Canadá estrecharían lazos frente al mundo. Ocho años después, esa narrativa choca con una realidad muy diferente a la imaginada.

La organización del evento coincide con una de las etapas más tensas de la relación entre los tres países anfitriones. La revisión del T-MEC transcurre entre amenazas arancelarias, disputas sobre narcotráfico, el endurecimiento de la política migratoria estadounidense y redadas del ICE en las periferias mismas de los estadios donde se celebra la fiesta del fútbol. La paradoja es brutal: el mismo gobierno que promueve el Mundial como escaparate de cooperación norteamericana es el que clasifica a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y contempla intervenciones militares en territorio nacional.

«El torneo llegará en un momento en que Norteamérica debate temas como el endurecimiento de las fronteras, el tráfico de drogas y el impacto político de la migración. La imagen de integración regional convivirá con una realidad más compleja y polarizada». — Simon Chadwick, Metro, 11 de junio de 2026.

Para México, el peso simbólico del torneo no compensa su posición subordinada dentro del esquema. Como ha señalado más de un analista, fuimos invitados para que la candidatura no fuera solo estadounidense. La mayor parte de los partidos, la derrama económica y la atención mediática global se concentran en suelo de Estados Unidos. México aparece como sede accesoria en un torneo que lleva, implícitamente, el sello de Trump.

Irán en la cancha de su enemigo

Si hubiera que elegir un partido que condense la absurdidad geopolítica de este Mundial, sería cualquiera que dispute la selección iraní en suelo estadounidense. Por primera vez en la historia de este torneo, una nación anfitriona recibe a la selección de un país con el que mantiene —o acaba de mantener— un conflicto armado activo.

La llamada Guerra de los 12 Días, librada entre Irán e Israel en junio de 2025, dejó un alto al fuego frágil y no resuelto. El eje explosivo entre Washington y Teherán permanece encendido. Que la selección iraní deba jugar en territorio de quien la amenaza con ataques es una anomalía diplomática sin precedente en la historia de los mundiales. Los futbolistas iraníes enfrentaron dificultades desde los visados. La diplomacia corrió paralela a los entrenamientos. Y sobre cada partido de Irán flota una pregunta que ningún árbitro puede resolver: ¿hasta dónde puede el deporte contener lo que la política no ha logrado desactivar?

«Geopolíticamente, este Mundial no solo reúne selecciones, sino que también refleja fracturas del orden internacional. A diferencia de otras ediciones marcadas por conflictos puntuales, este Mundial adquiere una dimensión realmente global». — Beata Wojna, El Heraldo de México, 11 de mayo de 2026, análisis geopolítico del Mundial 2026.

El caso iraní no es el único foco de tensión entre las delegaciones presentes. Arabia Saudita y Catar —dos países del Golfo alcanzados por ataques iraníes— también participan en el torneo. Las viejas disputas territoriales no descansan: Malvinas, Gibraltar, el Sáhara Occidental. Y la participación separada de Inglaterra y Escocia recuerda, en cada alineación, que ni siquiera el Reino Unido ha resuelto sus propias fracturas internas. El estadio, una vez más, hace visible lo que los foros diplomáticos prefieren callar.

El fútbol como poder blando… y como negocio excluyente

Hay una dimensión que los discursos oficiales evitan nombrar con claridad: este Mundial es, ante todo, un negocio. Un negocio de aproximadamente 12 mil millones de dólares, concentrado en manos de corporaciones transnacionales, patrocinadores globales y la propia FIFA. Las zonas controladas por sponsors internacionales alrededor de los estadios excluyen a los comerciantes locales. Las comunidades aledañas enfrentan restricciones para operar e incluso para circular. Los precios de los boletos son tan elevados que la Copa del Mundo ha dejado de ser un evento popular para convertirse, como se ha dicho abiertamente, en un espectáculo para quienes pueden pagar por ser vistos ahí.

La inteligencia artificial irrumpe también en esta edición. Por primera vez, herramientas de IA aplicadas al análisis táctico, la seguridad en los estadios y la producción mediática participan a escala masiva. El torneo más grande de la historia —48 selecciones, tres países, decenas de ciudades— es también el más tecnológico, el más vigilado y el más corporativo.

«Mientras la FIFA promueve una narrativa de inclusión y globalización, el modelo actual del Mundial fortalece mecanismos de exclusión económica y concentración corporativa». — Conversatorio «Geopolítica del balón. El mundo en la cancha», PUEDJS-UNAM, mayo de 2026.

Y en medio de todo esto, México juega. Con la ilusión de millones de aficionados que llenan los foros públicos y encienden sus pantallas, con la esperanza de que esta vez el quinto partido llegue. Pero el fútbol mexicano también enfrenta su propia subordinación: un país que durante décadas fue referente continental del deporte ve cómo Estados Unidos consolida su hegemonía futbolística, organizativa y comercial sobre el juego que, para nosotros, siempre fue mucho más que un negocio.

Leer el partido

Disfrutar el Mundial no debería estar reñido con entender lo que sucede alrededor del ecosistema del deporte. Cada selección que ingresa al estadio carga con la historia de su país, sus alianzas, sus conflictos y sus contradicciones. El fútbol es política, lo afirman los especialistas, no porque los jugadores lo decidan, sino porque el mundo que los rodea es político por naturaleza.

En 2026, el mundo se encuentra marcado por conflictos armados en Europa y Medio Oriente, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, el desgaste del multilateralismo y la transformación del orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. El Mundial no cambiará el rumbo de estos acontecimientos. Pero, como pocos eventos globales, permite observarlos en tiempo real, mostrando las tensiones y aspiraciones de nuestro tiempo con una claridad que a menudo supera la de los discursos oficiales.

Celia Maya entra a la competencia por Querétaro

La persistencia de Celia Maya y el empate técnico que definirá a Morena en Querétaro

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Por Redacción LYPmultimedios | Columna de Opinión y Análisis Político 17 de junio de 2026

En política, el reconocimiento de nombre es un activo que tarda años, a veces décadas, en construirse. Y si hay alguien en Querétaro que ha cimentado su marca a base de persistencia electoral, es Celia Maya García.

Esta semana, el panorama rumbo a las elecciones a la gubernatura de 2027 sufrió una sacudida importante. Una robusta encuesta publicada por el diario El Universal, elaborada por la casa encuestadora Enkoll (levantada cara a cara entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 2026), arrojó un dato que a muchos sorprendió, pero que a los analistas locales nos hace todo el sentido: Celia Maya encabeza las preferencias para abanderar a la Cuarta Transformación en el estado.

Los números fríos: Un liderazgo con sabor a empate técnico

Vamos a los datos verificados. Ante la pregunta «¿A quién prefiere como candidato o candidata por Morena para la gubernatura de Querétaro?», la actual integrante del Tribunal de Disciplina Judicial obtuvo una preferencia bruta del 16%.

Sin embargo, el triunfo interno está lejos de ser un día de campo. Pisándole los talones se encuentra el extitular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, con un 13%, y la senadora Beatriz Robles Gutiérrez, con un 12%. Mucho más rezagado quedó el senador Gilberto Herrera Ruiz con un lejano 7%.

¿Qué nos dice esto? Que si tomamos en cuenta el margen de error metodológico de la encuesta (+/- 2.8%), lo que realmente tenemos en Querétaro es un trepidante empate técnico a tres bandas.

El factor conocimiento: El arma de doble filo de Celia Maya

La verdadera fortaleza de Celia Maya en este estudio no es su 16% de intención de voto interna, sino su nivel de conocimiento. El 40% de los queretanos encuestados afirma conocerla o haber escuchado de ella, logrando además un nada despreciable 21% de opinión positiva.

Esto no es obra de la casualidad. Sus múltiples candidaturas pasadas al gobierno del estado la han mantenido en la boleta y en la mente del electorado. La gente en la Sierra Gorda, en San Juan del Río y en la capital ubica perfectamente su rostro y su nombre.

No obstante, aquí radica el gran dilema para la dirigencia nacional de Morena. En los cuartos de guerra del partido guinda saben que Querétaro es, junto con Guanajuato, la «joya de la corona» del panismo nacional. Arrebatarle el estado al PAN en 2027 requerirá más que solo reconocimiento de nombre; requerirá una figura que atraiga al voto indeciso, a la clase media y al sector empresarial.

¿Es Celia Maya ese perfil aglutinador o su nivel de conocimiento ya alcanzó un «techo» electoral? Esa es la pregunta que Santiago Nieto y Beatriz Robles intentarán capitalizar en los próximos meses. Nieto, apostando por su perfil de «zar anticorrupción» y su red de contactos institucionales; y Robles, afianzándose como el perfil orgánico y leal a la línea dura de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las reacciones y el filtro nacional

La publicación de El Universal no pasó desapercibida. En los pasillos políticos locales, el bloque afín a Maya celebró los números como una validación de su lealtad al movimiento. Sin embargo, desde la trinchera de sus competidores, se argumenta que la encuesta demuestra que «no hay nada definido» y que dos terceras partes del obradorismo queretano buscan una alternativa distinta.

A nivel nacional, la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, ha sido muy clara esta misma semana: el partido priorizará encuestas rigurosas y perfiles sin «cola que les pisen», buscando competitividad real para las 17 gubernaturas en juego en 2027.

La moneda está en el aire

La encuesta de El Universal y Enkoll es una fotografía invaluable del momento que vive Morena en Querétaro a mediados de este 2026. Confirma que Celia Maya está más vigente que nunca, validando el peso de su trayectoria jurídica y política.

Pero también nos deja una lección clarísima: en Querétaro no hay «dedazo» que valga aún. Con una contienda interna dividida a tercios, el candidato o candidata que logre representar a la 4T en 2027 será aquel que, además de convencer a las bases obradoristas, logre tender puentes hacia una sociedad queretana altamente exigente. El tiro está cantado y el reloj electoral ya comenzó a correr.

Ulises Gómez de la Rosa se reúne con compañeros de partido y aspiración

Ulises Gómez de la Rosa y César Guti cierran filas: Lideran pacto de unidad en Morena por la capital queretana

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Por Redacción LYPmultimedios | Política Local

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. (13 de junio de 2026). – Las piezas del ajedrez político en la capital queretana comienzan a acomodarse y los liderazgos reales de la Cuarta Transformación han decidido dar un paso al frente. Con la convicción de que los grandes retos del municipio requieren visión de futuro, el diputado local Ulises Gómez de la Rosaarticuló una mesa de diálogo clave para definir el rumbo de los Comités de Defensa de la 4T en Querétaro.

Reconocido por su destacada labor como diputado local, su indudable capacidad para la búsqueda de acuerdos y respaldado por un gran capital político que tiene como base a Santa Rosa Jáuregui, Gómez de la Rosa convocó a los perfiles que han levantado la mano para coordinar el movimiento en la capital. Dejó en claro que la unidad y la construcción de consensos serán la única ruta viable para hacer frente a los desafíos electorales que se avecinan.

La mancuerna estratégica: Ulises y Guti

El peso específico de esta cumbre política recayó en la sólida alianza mostrada entre el diputado y César Gutiérrez «Guti», ex titular del Corredor Económico de Bienestar en Querétaro y uno de los cuadros más activos en la movilización territorial del partido.

Guti respaldó la iniciativa de Gómez de la Rosa, coincidiendo en que, más allá de las legítimas aspiraciones personales, el trabajo conjunto es innegociable. “Querétaro necesita sumar visiones, capacidades y liderazgos comprometidos con la transformación. Estoy convencido de que, caminando juntos y poniendo por delante el bienestar de la gente, podremos hacer realidad los principios de la Cuarta Transformación”, destacó César Guti, reafirmando su lema de que “A Querétaro lo transformamos todos”.

Ambos liderazgos marcaron la pauta del encuentro: ampliar la visión política, fortalecer a los perfiles más competitivos y evitar las divisiones internas que en el pasado han mermado al movimiento en la capital del estado.

Respaldo legislativo y sumas menores

El pacto de unidad tejido por Ulises Gómez de la Rosa y César Guti cuenta además con el aval de otras figuras de peso dentro del partido. Durante el cónclave, se reconoció la disposición de la diputada local Andrea Tovar y del regidor Fernando Flores, quienes, aunque no pudieron asistir por compromisos de agenda, enviaron su respaldo total para sumarse a este esfuerzo conjunto por el bienestar del municipio.

Finalmente, a esta mesa de diálogo articulada por los liderazgos principales, también se le dio espacio de participación a Mauricio Ruiz Olaes, actual titular de la representación de la SEP en la entidad, quien acudió a la reunión para suscribir los acuerdos de unidad planteados por el bloque mayoritario.

Con este cierre de filas, Gómez de la Rosa y Guti envían un mensaje claro tanto al interior de Morena como hacia la oposición: en Querétaro, la 4T ya tiene orden, estructura y un bloque unido listo para competir.

Plan B

No pasó la reforma constitucional electoral, o plan A… pero eso no significa que el tema se haya detenido.

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Soy Daniel Dorantes, y esta es la primera emisión de la videocolumna “La Llave”.

Una llave que abre un espacio para analizar a fondo los temas públicos, explicarlos de forma sencilla y entender con claridad qué es lo que está en juego.

No pasó la reforma constitucional electoral, o plan A… pero eso no significa que el tema se haya detenido.

Se activó el llamado plan B, que en este momento se encuentra en el Senado. La lógica, según se aprecia, es avanzar por partes en aquellos temas donde pudiera haber condiciones para construir mayoría. Sobre la mesa hay tres ejes fundamentales: austeridad política, revocación de mandato y ajustes en gobiernos locales y ayuntamientos.

En revocación de mandato, el cambio más visible está en los tiempos. Hoy solo puede pedirse una vez al cierre del tercer año de gestión de quien encabece la Presidencia de la República. Con esta iniciativa, también podría solicitarse ya al cierre del segundo año. La jornada quedaría fijada para el primer domingo de junio del tercer o del cuarto año, según corresponda y sea procedente. Algo importante es que se mantiene el hecho de que la solicitud la puede realizar la ciudadanía cumpliendo con sus respectivos requisitos.

Llevado esto al caso presidencial actual, significa algo muy concreto: la revocación podría pedirse desde 2026 para realizarse la consulta en junio de 2027, de manera concurrente con las elecciones ordinarias; y si se activa después, entonces podría irse a junio de 2028.

En ese rubro de la consulta hay otra novedad que, según hemos visto en medios, se ha estado revisando en el Senado de la República. La iniciativa plantea que la persona sujeta a revocación pueda difundir el proceso y promover el voto a favor de su gestión. Dicho en términos más neutrales, hay una modificación en las reglas de participación para quien está sujeto a este proceso.

En ayuntamientos, la propuesta también incide. La versión presentada originalmente hablaba de una sindicatura y de siete a quince regidurías en su integración. Pero también se ha dicho que ese punto tendría ajustes en el Senado: por un lado, para quitar el número mínimo de siete y dejar el tope de hasta quince; y por otro, para una reincorporación del principio de paridad en la redacción.

Aquí vale la pena aterrizar el caso a Querétaro tal como está hoy. Nuestra norma local dice que todos los municipios tienen dos sindicaturas. Y en regidurías, Querétaro tiene 13; San Juan del Río, Corregidora y El Marqués, 11; Cadereyta y Tequisquiapan, 9; y los demás municipios, 7.

Por eso, al bajar esta discusión al caso queretano, el dato fino es muy claro: aquí el efecto más visible no recaería realmente en las regidurías como están integradas hoy, sino en las sindicaturas.

En presupuesto, pasa algo parecido. La iniciativa pone un tope para los congresos locales, pero en el caso de Querétaro, el Congreso local hoy ya estaría por debajo del límite planteado. Entonces, no veríamos un recorte fuerte e inmediato por esa vía; sino más bien, una lógica de contención hacia adelante.

Dicho en sencillo, este plan B no rehace por completo el sistema, pero mueve piezas importantes: cambia los tiempos de la revocación, modifica las reglas sobre la participación de la persona sujeta a este proceso, toca la integración municipal y aprieta las reglas de gasto.

En política, cuando no pasa una ruta, normalmente aparece otra. Y eso es exactamente lo que estamos viendo… seguramente en los próximos días habrá un desenlace.

Soy Daniel Dorantes y esto es La Llave.

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La tenían, era suya y la dejaron ir

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«El Poder Se Toma»

-Alta Gracia Gómez

Querétaro, Qro., 12 de octubre de 2025 – En el epílogo de una farsa parlamentaria que ha expuesto las fisuras de una democracia en miniatura, la LXI Legislatura de Querétaro consumó el viernes 10 de octubre lo que se vislumbra como un triunfo efímero: la devolución del control de su Mesa Directiva al Partido Acción Nacional (PAN), ese bastión conservador que, durante décadas, ha tejido su hegemonía estatal como un tapiz de privilegios inquebrantables.

Bajo el pretexto de forjar una “mesa más plural”, los diputados de Morena y sus aliados de la Cuarta Transformación (4T) –ese bloque que, en teoría, encarna la mayoría numérica y el mandato popular– optaron por un consenso opaco, negociado en los pasillos sombreados del poder, lejos de la luz cruda del escrutinio público. Así, lo que nació como una legitimación orgánica, forjada en el fuego de un escándalo el 30 de septiembre, se disolvió en un trueque político que deja al bloque transformador no solo debilitado, sino caricaturizado: pendencieros al servicio de sus caprichos, acobardados ante la perspectiva de un verdadero asalto al statu quo.

Recordemos el prólogo de esta tragicomedia, que aún resuena en la memoria colectiva queretana como un eco de desorden institucional. El 30 de septiembre, en una sesión ordinaria que prometía ser rutinaria, el pleno del Congreso se convirtió en un circo de agravios y emboscadas. Diputados panistas, liderados por figuras como Guillermo Vega Guerrero y Enrique Correa Sada, al vislumbrar la inminente minoría numérica ante la votación de la Mesa Directiva, desataron un conato de violencia que rozó lo grotesco: se robaron la urna de votación y arrebataron de las manos del vicepresidente en turno, Ulises Gómez de la Rosa (Morena), una boleta de votación.

En un contexto donde la mayoría simple de la 4T (11 de Morena, 2 del PVEM y 1 del PT, sumando 14 escaños frente a los 11 de PAN, PRI, MC y un independiente aliado) confería legitimidad aritmética al proceso, el clímax llegó con la activación intencional de la alarma contra incendios. Un montaje teatral que evacuó el recinto y frustró cualquier avance, dejando al aire un espectáculo de empujones y acusaciones que, en palabras de analistas locales, “legitimó de forma orgánica” la elección posterior del bloque 4T. Aquel episodio, documentado en videos virales que circularon como un réquiem por la cordura legislativa, no solo expuso la torpeza panista –encabezada por un “Memo” Vega cuya actuación fue tildada de “vergonzosa” en corrillos políticos–, sino que galvanizó a la ciudadanía: troyanos y aqueos, por igual, percibieron en el caos un mandato implícito para que la mayoría asumiera el timón, rompiendo el dominio histórico del PAN en un estado que, hasta las elecciones de junio pasado, había sido su feudo inexpugnable.

De aquella legitimación espontánea surgió, la tarde-noche del 1 de octubre, una sesión extraordinaria convocada exclusivamente por el bloque 4T, donde Georgina Guzmán Álvarez (PVEM) fue electa presidenta, flanqueada por aliados como Sully Yanira Mauricio Sixtos (Morena) en la vicepresidencia, Arturo Maximiliano García Pérez (Morena) como primer secretario y Claudia Gayou como segunda secretaria. Era una mesa íntegramente transformadora, un símbolo de la irrupción federal en las entrañas locales: por primera vez, la 4T ostentaba no solo números, sino narrativa.

El respaldo llegó como un trueno el 6 de octubre, cuando Ricardo Monreal Ávila, el arquitecto pragmático de Morena en San Lázaro, validó públicamente la elección en una conferencia de prensa: “Respaldamos a la nueva Mesa Directiva, encabezada por una mujer muy inteligente. Lo más conveniente es la conciliación, pero debe haber apertura de la mayoría y diálogo con la minoría”, declaró, confiando en la “sensatez” del gobernador Mauricio Kuri González para mediar.

Este espaldarazo federal, gestionado con la astucia que caracteriza a Monreal en vísperas del Presupuesto de Egresos 2026 –donde las participaciones federales representan hasta el 80% de los ingresos estatales–, obligó al Ejecutivo panista a mover ficha: al día siguiente, el 7 de octubre, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, irrumpió en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) como un árbitro imparcial, facilitando un acuerdo que inició la entrega-recepción de la mesa y calmó las aguas turbulentas. Gudiño, en su rol de facilitador, se “tomó la foto” con la nueva directiva –un gesto simbólico que, para sorpresa de observadores, parecía sellar la victoria transformadora, con Guzmán al frente y un pleno reactivado para el 14 de octubre.

Pero he aquí el giro shakespeariano: lo que el 7 de octubre se presentó como un consenso maduro, el 10 se reveló como un retroceso calculado, votado por unanimidad en pleno, pero cocinado en “lo oscurito”, como susurran fuentes cercanas al proceso. La Mesa Directiva modificada –presidencia para Guzmán (PVEM), vicepresidencia para Mauricio Cárdenas Palacios (PAN), vicepresidencia suplente para Sinhue Piedragil (Morena), primer secretario para Arturo Maximiliano García (Morena), segundo secretario para Luis Gerardo Ángeles Herrera (PAN), y suplencias repartidas entre Sully Sixtos (Morena) y Juliana Hernández (PAN)– no es pluralidad, sino restitución: el PAN recupera posiciones estratégicas en el control administrativo y político del Congreso, ese órgano que maneja no solo el debate legislativo, sino las riendas presupuestales para 2026, estimadas en 40 mil millones de pesos.

En este trueque rodaron cabezas colaterales –como la salida del director de Comunicación Social, Francisco “Paco” Macías, y del titular de la Oficina de Transparencia–. Estos despidos parecen el precio de un pacto que priorizó el statu quo sobre la audacia. El PAN, ese oficialismo que se jacta de su “unidad” en redes sociales, no oculta su regocijo; y expone el ridículo de una 4T que, de depredadora, pasa a chancla.

Este desaguisado no es mero tropiezo táctico; es un diagnóstico sombrío de la inmadurez política del bloque transformador en Querétaro. En un estado donde la 4T irrumpió como ariete contra la mediocridad panista –rompiendo su monopolio en el Legislativo por primera vez desde la alternancia de 1997–, la decisión de ceder terreno revela una tibieza congénita, un acobardamiento ante la perspectiva de gobernabilidad real. ¿Pendencieros al servicio de intereses personales? Indudablemente: el conato del 30 de septiembre los victimizó y legitimó, el respaldo de Monreal los enalteció, y el pacto del 10 los despojó de toda épica, dejando a Morena, PT y a esa diputada del PVEM como comparsas en su propia derrota.

Alejados del pueblo que observaba el “espectáculo” del 30 como un llamado a la transformación, estos legisladores han optado por la comodidad del statu quo, traicionando la lucha por la gubernatura de 2027 –esa contienda donde, sin control parlamentario, la agenda social y fiscal quedará a merced de un PAN que se ríe en las sombras, burlándose de unos aliados que, como en el clásico futbolero, “la tenían, era suya y la dejaron ir”.

En política, como en el balompié, los errores tácticos se pagan con intereses usureros: la deslegitimación de la 4T no solo erosiona su capital simbólico, sino que aplaza indefinidamente cualquier atisbo de transformación en Querétaro. Lejos queda el sueño de un Congreso al servicio de la mayoría; en su lugar, reina la mediocridad de un pacto que, en lo oscurito, perpetúa el viejo orden. Y mientras el PAN brinda por su resurrección, la ciudadanía –esa que legitimó orgánicamente la rebelión del 30– se pregunta: ¿Y la transformación, para cuándo?

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Espaldarazo de Monreal destraba crisis legislativa en Querétaro: se instala nueva Mesa Directiva rumbo al presupuesto 2026

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Por: Redacción | LYPmultimedios

Querétaro, Qro., 7 de octubre de 2025 – Luego de días de tensión e inactividad parlamentaria, el Congreso del Estado de Querétaro instaló este martes la nueva Mesa Directiva durante una sesión extraordinaria. La designación fue producto de un acuerdo unánime alcanzado en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), mediado por el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres. Este desenlace se concretó apenas un día después de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, respaldara públicamente al nuevo órgano legislativo surgido del bloque mayoritario afín a la Cuarta Transformación (4T), en un contexto en el que el control del presupuesto estatal 2026 se perfila como el eje central del conflicto.

La crisis estalló el 30 de septiembre, cuando durante una sesión ordinaria de la LXI Legislatura, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), al prever la pérdida de mayoría frente a la inminente elección de la nueva mesa, intentaron frenar el proceso de violencia. Legisladores como Enrique Correa Sada y Guillermo Vega irrumpieron en la votación, se apoderaron de la urna y del acta de sesión, y activaron la alarma contra incendios para evacuar el recinto. El episodio derivó en empujones, gritos y acusaciones cruzadas: Morena denunció un “golpe legislativo” por parte del PAN; este, a su vez, calificó su acción como una “defensa institucional” frente a supuestas irregularidades. La sesión quedó suspendida de forma indefinida, sumiendo al Congreso en un limbo legislativo por más de una semana.

Ante la parálisis, el bloque Morena–PT–PVEM, que cuenta con 13 de los 25 escaños, convocó una sesión extraordinaria la tarde – noche del 1 de octubre, en la que eligió a la diputada Georgina Guzmán Álvarez (PVEM) como presidenta de la nueva Mesa Directiva. La sesión, realizada únicamente con la presencia del bloque 4T, marcó una parteaguas: por primera vez, el PAN quedó fuera del órgano directivo del Congreso. PAN, PRI y MC denunciaron ilegalidad, acusaron manipulación de boletas y calificaron el procedimiento como un “secuestro institucional”.

El punto de inflexión llegó el lunes 6 de octubre, cuando Ricardo Monreal, desde San Lázaro, ofreció su respaldo total a la nueva mesa. «Apoyamos a la Mesa Directiva encabezada por una mujer inteligente. Lo más conveniente es la conciliación: que haya apertura de la mayoría y diálogo con la minoría», afirmó. Su intervención —considerada clave por fuentes legislativas— coincidió con el inicio de las negociaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 , contexto en el cual Querétaro depende de las participaciones federales para cerca del 80% de su ingreso anual.

Presionado por este escenario, el gobernador Mauricio Kuri instruyó a su secretario de Gobierno, Eric Gudiño , un intervenir como mediador. El funcionario acudió a la JUCOPO este martes, donde facilitó un acuerdo entre las bancadas, permitiendo la instalación formal de la Mesa Directiva y reactivando las sesiones legislativas para el 14 de octubre. Aunque Gudiño declaró haber actuado solo como “facilitador”, su presencia destrabó la resistencia del PAN e indujo a aliados como MC y PRI a ceder, evitando así un escenario que habría puesto en riesgo la aprobación del paquete fiscal estatal, estimado en más de 40 mil millones de pesos, enfocado en seguridad, salud y desarrollo social.

El diputado Homero Barrera Mcdonald , una de las voces más visibles del bloque 4T, celebró el acuerdo en redes sociales como un “triunfo de la democracia” y un paso para recuperar la confianza en las instituciones. La bancada oficialista reconoce a Barrera como el enlace clave con Monreal y promotor del discurso que ha evidenciado las fracturas internas del PAN en la entidad.

La nueva Mesa Directiva, presidida por Guzmán Álvarez, asume funciones en un entorno delicado: el control de las cuentas públicas estatales y municipales de 2026 está en juego, y con ello, la limitación de fuerzas rumbo a la elección de 2027. Si prevalece el diálogo, la LXI Legislatura podría recuperar la estabilidad institucional. Si no, el Congreso de Querétaro continuará siendo un campo de batalla política con repercusiones nacionales.