La fractura no comenzó en el subsuelo, sino dentro de la Cuarta Transformación. Al convertir el fracking de prohibición política en posibilidad técnica, Claudia Sheinbaum empieza a construir un proyecto propio, aunque para hacerlo deba abandonar una promesa electoral y enfrentar a la corriente ambientalista de Morena.
Por: Rodrigo Vissuet
Artículo de opinión
El informe presentado este jueves en la mañanera no autorizó definitivamente el fracking en México. Conviene comenzar por esa precisión porque la crítica pierde fuerza cuando parte de una afirmación incorrecta.
El comité de 54 especialistas convocado por Claudia Sheinbaum descartó la fractura hidráulica en la cuenca Tampico-Misantla, entre Veracruz y Tamaulipas, y condicionó cualquier avance en las cuencas de Burgos y Sabina-Burro-Picachos a una cadena de comprobaciones: primero debe existir agua salada suficiente; después debe demostrarse que hay gas comercialmente aprovechable; posteriormente tendrá que evaluarse su rentabilidad y, finalmente, realizar consultas públicas en los territorios involucrados.
No es todavía un permiso para perforar. Pero sí es algo políticamente más profundo: el gobierno dejó de preguntar si México debe rechazar el fracking y comenzó a estudiar bajo qué condiciones podría realizarlo.
Ahí está la ruptura.
De la prohibición política a la posibilidad tecnocrática
Andrés Manuel López Obrador convirtió el rechazo al fracking en una frontera identitaria de su gobierno. La Comisión Nacional del Agua sostuvo en 2020 que durante su administración no se entregarían concesiones de aguas nacionales para fracturamiento hidráulico. En 2024, el expresidente propuso elevar su prohibición a la Constitución, como parte de su paquete de reformas ambientales.
Pero hay que corregir otra imprecisión que ha circulado en la opinión pública: López Obrador no dejó un decreto que prohibiera legalmente el fracking en todo México. Hubo una negativa política y administrativa a otorgar nuevas autorizaciones, así como una iniciativa constitucional que no se consolidó como prohibición general. Incluso la Alianza Mexicana contra el Fracking advirtió durante aquel sexenio que la promesa presidencial no había sido convertida en una barrera jurídica suficiente.
El obradorismo congeló la técnica, pero no la sepultó. Sheinbaum está aprovechando esa fragilidad legal para descongelarla.
El giro, por tanto, es de 180 grados, no de 360: la Presidenta pasa del rechazo que defendió como candidata a una apertura condicionada por criterios científicos, económicos y de soberanía energética.
Durante su campaña de 2024, Sheinbaum incluyó entre sus compromisos que no se permitiría la exploración de hidrocarburos mediante fracking. Ahora sostiene que los avances tecnológicos obligan a revisar aquella posición. La contradicción no puede cubrirse con el eufemismo de “gas no convencional” ni con una acumulación de batas blancas alrededor del proyecto.
El “fracking seguro” es una promesa, no una evidencia
El comité científico introdujo límites importantes. Rechazó intervenir Tampico-Misantla por sus condiciones sociales y ambientales, prohibió utilizar agua dulce y exigió investigar primero la disponibilidad de agua salada. Sheinbaum aseguró que adoptará esas recomendaciones y que, si no se encuentra ese recurso, la explotación será descartada, de acuerdo con la información divulgada sobre el dictamen de los especialistas.
Las restricciones son relevantes, pero no convierten automáticamente la fractura hidráulica en una actividad segura.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos revisó más de mil 200 fuentes científicas y concluyó que las operaciones asociadas al fracking pueden afectar los recursos de agua potable. Entre los riesgos identificó derrames, pozos con integridad mecánica deficiente, descargas de aguas residuales insuficientemente tratadas y almacenamiento en depósitos sin revestimiento, según su evaluación científica.
Utilizar agua salada resuelve parcialmente la disputa por el consumo de agua dulce, pero no elimina el problema de los residuos. El líquido que regresa a la superficie puede contener sales, hidrocarburos, metales y sustancias empleadas durante el proceso. Debe transportarse, tratarse, reciclarse o confinarse. Cada una de esas etapas abre una vía de riesgo.
La actividad sísmica también exige precisión. El Servicio Geológico de Estados Unidos explica que la mayoría de los sismos inducidos no son provocados directamente por la fractura de la roca, sino por la inyección profunda y prolongada de las aguas residuales generadas por la industria. Eso no exonera al fracking: coloca el peligro en una parte distinta de la misma cadena extractiva. El USGS reconoce que la disposición de esos fluidos puede elevar la presión subterránea y activar fallas geológicas.
En salud pública tampoco hay sustento para prometer riesgo cero. El Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental de Estados Unidos resume investigaciones que han encontrado asociaciones entre la proximidad a explotaciones no convencionales y exacerbaciones de asma, resultados adversos del embarazo y exposición a contaminantes atmosféricos. Son asociaciones epidemiológicas que requieren estudiar cada territorio, pero resultan suficientes para rechazar la ligereza de llamar “segura” a una industria antes de conocer sus emplazamientos, sustancias y sistemas de vigilancia. NIEHS
La ciencia puede reducir incertidumbres. No puede emitir certificados de inocuidad por decisión presidencial.
La soberanía construida sobre otra dependencia
El argumento más poderoso de Sheinbaum es real: México importa alrededor de 75 por ciento del gas natural que consume, principalmente de Texas. Buena parte de la electricidad, la industria y las cadenas manufactureras dependen de ese suministro. Una interrupción, conflicto comercial o aumento de precios exhibiría la vulnerabilidad nacional.
Pero sustituir gas importado por gas extraído mediante tecnología, financiamiento y servicios privados extranjeros podría cambiar una dependencia por otra.
Pemex no cuenta con el capital, la experiencia operativa ni la situación financiera para desarrollar por sí solo una industria de fracking a gran escala. Por ello, el gobierno ha planteado esquemas de inversión mixta y se ha explorado un fideicomiso capaz de atraer recursos privados sin cargar los proyectos directamente sobre el balance de la petrolera.
La pregunta ya no es solamente si México tiene gas, sino quién financiará su extracción, quién asumirá las pérdidas si los pozos no resultan rentables y quién pagará la remediación ambiental cuando terminen las operaciones.
BlackRock: coincidencias que exigen transparencia
El nombre de BlackRock apareció porque Claudia Sheinbaum recibió el 7 de abril a Larry Fink, director de la administradora de activos, y a directivos de Global Infrastructure Partners. Un día después, el gobierno anunció su estrategia para explotar gas no convencional.
La proximidad temporal resulta políticamente incómoda, pero no demuestra que BlackRock haya dictado la decisión. Sheinbaum aseguró que en la reunión no se alcanzó ningún acuerdo particular, según informó La Jornada.
Tampoco es una empresa ajena al negocio gasífero mexicano. En 2015, BlackRock y First Reserve adquirieron participaciones en Los Ramones II, infraestructura destinada a transportar hacia México gas procedente de Eagle Ford, una de las principales regiones estadounidenses de hidrocarburos de lutitas. La operación fue anunciada por la propia administradora.
Esto no prueba una conspiración ni acredita que BlackRock vaya a participar en los futuros pozos mexicanos. Sí obliga a transparentar las reuniones, propuestas financieras, posibles beneficiarios y vehículos de inversión. Cuando una política pública puede abrir un mercado de miles de millones de dólares, la confianza no se construye pidiendo que nadie sospeche: se construye publicando documentos.
El gabinete obradorista tendrá que elegir
La apertura al fracking también es una prueba para los cuadros heredados del sexenio anterior. El gabinete de Sheinbaum conserva figuras formadas o fortalecidas bajo López Obrador, mientras Morena mantiene una base militante que asumió el rechazo a la fractura hidráulica como parte de su identidad.
La primera resistencia ya existía. Un grupo de legisladores de Morena y PT, entre ellos Manuel Vázquez Arellano y Xóchitl Zagal, impulsó una iniciativa constitucional contra el fracking respaldada por alrededor de 50 diputados. En sentido contrario, senadores morenistas cerraron filas con la Presidenta y Ricardo Monreal definió el viraje como una expresión de “pragmatismo gubernamental”.
La llamada operación cicatriz parece haber comenzado antes del dictamen. El gobierno encapsuló la decisión en un comité científico, trasladó la discusión del terreno ideológico al técnico y permitió que la dirigencia legislativa justificara la rectificación como una respuesta responsable a la dependencia energética.
No es previsible una rebelión abierta del gabinete. La tradición presidencialista y la disciplina de Morena empujarán a los antiguos obradoristas a guardar silencio o adoptar el nuevo discurso. Pero ese silencio también tendrá significado: mostrará que la lealtad al gobierno en funciones pesa más que la defensa de una bandera heredada.
El nacimiento de una presidencia propia
El sheinbaumismo no rompe por completo con el obradorismo. Conserva sus programas sociales, su narrativa de soberanía, su centralidad estatal y buena parte de su estructura política. Sin embargo, en el fracking aparece una diferencia decisiva de método.
López Obrador resolvía ciertos debates mediante fronteras políticas: “no” al fracking. Sheinbaum desarma esa frontera, convoca expertos, establece condiciones y convierte el antiguo tabú en una posibilidad administrada.
La decisión final todavía puede ser negativa. Los estudios podrían demostrar que no existe suficiente agua salada, que las reservas no son rentables o que los riesgos sociales son inaceptables. Pero la puerta que López Obrador mantuvo cerrada ya fue abierta.
La verdadera prueba será saber si los científicos y las comunidades tienen poder efectivo para detener el proyecto o si su participación servirá solamente para legitimar una decisión tomada de antemano.
El sheinbaumismo comienza donde termina la obediencia automática al legado de su antecesor. El problema es que su primera gran declaración de autonomía podría quedar escrita no en una nueva política de transición energética, sino en pozos, residuos tóxicos y acuíferos puestos a prueba.
