Ciudad de México, 06/05/2024 – En la reciente conferencia de prensa del Presidente AMLO, se abordaron detalladamente las circunstancias que rodearon el caso de María Amparo Casar, quien recibió pagos de pensión y seguro por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el fallecimiento de su esposo, el señor Márquez Padilla, en un suceso clasificado inicialmente como suicidio. Este caso ha generado considerable atención debido a las implicaciones de corrupción y las críticas de los grupos de oposición.
Contexto del Fallecimiento y Reacciones Iniciales
El señor Márquez Padilla, quien se desempeñaba como coordinador de asesores del director de Administración en Pemex, falleció el 7 de octubre de 2004. Inmediatamente después, la familia fue informada del trágico evento, y los procesos pertinentes de investigación comenzaron a llevarse a cabo por las autoridades correspondientes. A pesar de que inicialmente se abrió como un caso de homicidio, el análisis pericial concluyó al día siguiente que se trataba de un suicidio.
Procedimientos de Pemex y Cuestionamientos de Corrupción
María Amparo Casar solicitó la pensión y el pago del seguro apenas ocho días después del fallecimiento de su esposo, recibiendo el primer pago de la pensión el 29 de octubre y el del seguro el 19 de noviembre del mismo año. Estos pagos rápidos han levantado sospechas, especialmente porque el total de los pagos ascendería a 31 millones de pesos por la pensión y 17.6 millones de pesos por el seguro hasta febrero de este año, a pesar de que la muerte fue clasificada como suicidio y, por tanto, no debería haber dado lugar a estos beneficios según las políticas de la empresa.
Reacción de los Grupos Opositores y Defensa del Gobierno
La divulgación de estos detalles ha provocado fuertes reacciones de los grupos conservadores, quienes han acusado al gobierno actual de violar los derechos de la familia al hacer pública esta información. Sin embargo, una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) respalda la no clasificación de la información como reservada en casos relacionados con actos de corrupción, lo que refuerza la posición del gobierno de que la transparencia en este caso es legal y necesaria.
Clarificaciones y Conclusiones Legales
El gobierno insiste en que el tratamiento de este caso como accidente y la consecuente asignación de beneficios financieros constituyen un acto de corrupción. La información adicional proporcionada busca clarificar las acciones tomadas por Pemex en ese momento y las razones detrás del cierre del caso por la fiscalía como suicidio, no homicidio.
Este caso sigue siendo un punto focal en el debate sobre la corrupción dentro de las empresas estatales y el manejo de la información pública por parte de las autoridades. El gobierno actual se mantiene firme en su compromiso de luchar contra la corrupción y de seguir los procedimientos legales y éticos en la gestión de casos similares en el futuro.
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