El gobierno de San Juan del Río convirtió cinco años de infraestructura educativa en una cifra propagandística. El anuncio mezcla obras concluidas con proyectos todavía programados, no presenta un desglose por escuela y tampoco distingue cuánto provino realmente del municipio y cuánto llegó mediante fondos federales.
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., 12 de Noviembre del 2026.— El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia presume una inversión superior a 87 millones de pesos en infraestructura educativa entre 2022 y 2026. Sin embargo, detrás de la cifra redonda no aparece una cuenta igualmente clara: faltan el listado de las 75 instituciones beneficiadas, los contratos correspondientes, las empresas ejecutoras, el costo de cada intervención y el origen preciso de los recursos.
El problema no es que se hayan construido aulas, baños o techumbres. Es que una administración que exige reconocimiento por 87 millones de pesos ofrece una narrativa política, pero no entrega en el mismo documento el expediente necesario para comprobar cómo, dónde y con quién gastó cada peso.
La información difundida enumera una primaria, dos módulos de sanitarios, tres canchas terminadas, siete aulas-cocina y 24 techumbres. Son 37 intervenciones concluidas. Después incorpora dos canchas, un aula-cocina y cinco techumbres apenas programadas.
En otras palabras, el balance mezcla obra entregada con proyectos que todavía no existen físicamente. Las categorías mencionadas suman 45 acciones —ocho pendientes—, pero la administración sostiene que fueron beneficiadas 75 instituciones sin explicar cómo se distribuyen las restantes intervenciones ni proporcionar un padrón verificable.
Dinero federal presentado como logro municipal
Una revisión de LYPmultimedios a las relaciones de contratos publicadas por el propio Ayuntamiento muestra otro dato que Cabrera omite: una parte considerable de la infraestructura educativa fue financiada con aportaciones federales.
En 2023, los contratos cuyo objeto menciona expresamente escuelas, aulas, sanitarios, canchas o techumbres sumaron aproximadamente 22.65 millones de pesos. De ese monto, 19.75 millones procedieron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal —FAISMUN— y únicamente 2.90 millones aparecen identificados como recursos propios.
Esto significa que alrededor de 87% del monto educativo identificable de ese año tuvo origen federal, aunque correspondiera al municipio contratar y ejecutar las obras.
El patrón continuó en 2024. En el corte de septiembre aparecen siete contratos escolares financiados con FAISMUN por 9.74 millones de pesos; una intervención con recursos propios por 996 mil pesos, y dos obras por 8.13 millones cargadas al Fondo Municipal 2023.
En el registro municipal disponible hasta junio de 2026 también aparecen dos intervenciones educativas pagadas con FAISMUN 2025: un módulo de baños y una techumbre en la telesecundaria Emeterio González, en Perales, y aulas en el COBAQ 10 de San Pedro Ahuacatlán. Juntas sumaron 3.33 millones de pesos.
Nada de esto vuelve ilegales las obras ni elimina la participación municipal. Pero sí impide que Roberto Cabrera presente todo el gasto como si hubiera salido exclusivamente de la capacidad financiera de su administración. Los recursos federales también son dinero público y su origen debe reconocerse.
Los documentos pueden consultarse en el portal fiscal del municipio de San Juan del Río, aunque la información se encuentra fragmentada por ejercicios, fondos y cortes trimestrales, sin una cédula única que permita reconciliar los 87 millones anunciados.
Una cifra que no empata consigo misma
El propio cuarto informe municipal agrega dudas. En su apartado de obras públicas señala una inversión superior a 6.6 millones de pesos en infraestructura educativa, pero líneas después habla de más de siete millones destinados a aulas y techumbres en Cazadero, Senegal de las Palomas y La Paz.
Ambas cifras podrían corresponder a universos distintos, pero el informe municipal no lo explica ni ofrece una conciliación. Si el gobierno quiere sostener un acumulado de 87 millones, tendría que mostrar cuánto autorizó, contrató, pagó y entregó cada año, no obligar a la ciudadanía a reconstruirlo entre archivos dispersos.
También resulta necesario dimensionar el alcance. La USEBEQ registra en San Juan del Río 246 escuelas públicas de educación básica, con 45 mil 556 estudiantes. Si las 75 instituciones mencionadas fueran planteles distintos de ese universo, la cobertura equivaldría apenas a tres de cada diez escuelas públicas del municipio. La comparación es aproximada, porque el Ayuntamiento tampoco publica las claves escolares necesarias para verificar que no existan planteles repetidos o centros de otros niveles educativos.
Cinco años de inversión no eliminaron las carencias
La propaganda pretende presentar el gasto acumulado como una transformación generalizada, pero las propias autoridades han reconocido que las necesidades superan las intervenciones realizadas.
En octubre de 2024, la secretaria municipal de Obras Públicas, Edith Álvarez Flores, reconoció la existencia de planteles con necesidades urgentes: estudiantes expuestos a las condiciones climáticas, un preescolar sin un comedor adecuado y menores que debían atravesar lodo para ingresar a su escuela. También informó que siete techumbres seguían entonces en proceso.
Ese contexto vuelve insuficiente la simple suma de millones. La administración debería informar cuántas escuelas solicitaron apoyo, cuáles quedaron fuera, bajo qué criterios fueron seleccionadas las beneficiarias y qué diagnóstico técnico determinó la prioridad de cada obra.
Una cancha de 650 mil pesos sin ficha técnica pública
El caso más reciente ejemplifica la pobreza informativa del anuncio. La rehabilitación de la cancha de la primaria Carmen Martínez Trejo, en Santa Cruz Nieto, habría costado cerca de 650 mil pesos y beneficiado a 300 personas.
Pero no se informó el número de contrato, la empresa responsable, la superficie rehabilitada, los conceptos ejecutados, los precios unitarios, el procedimiento de adjudicación, la fuente presupuestal, la fecha formal de entrega ni la garantía de los trabajos.
El archivo fiscal de contratos de obra consultado tiene corte al 30 de junio de 2026, por lo que la intervención más reciente no puede identificarse únicamente con la información incluida en el anuncio. La omisión podría resolverse fácilmente: bastaría con enlazar el contrato y su expediente técnico.
Las auditorías no prueban desvíos en estas escuelas, pero sí obligan a extremar la transparencia
Hasta ahora no existe evidencia revisada por este medio que demuestre un desvío de recursos dentro del paquete de infraestructura educativa. Sería irresponsable afirmarlo.
La Auditoría Superior de la Federación encontró en su revisión del FAISMUN 2023 que 17 contratos por 47.26 millones de pesos cumplieron con los procedimientos examinados y que 15 obras verificadas se encontraban concluidas y en operación.
No obstante, el historial reciente del municipio exige controles más rigurosos. En la auditoría de participaciones federales de 2024, la ASF dejó 42.76 millones de pesos sujetos a aclaración y concluyó que el municipio no realizó una gestión eficiente de los recursos revisados. Esas observaciones correspondieron a otros rubros —no a las obras escolares aquí analizadas—, entre ellos servicios y adquisiciones municipales.
La Contraloría municipal afirmó posteriormente que presentó documentación para atenderlas y que el procedimiento continuaba en seguimiento. Por lo tanto, tampoco debe presentarse el monto observado como un desfalco definitivo.
Lo que Roberto Cabrera debe transparentar
Para convertir los 87 millones en una cifra verificable y no sólo en una consigna publicitaria, la administración tendría que publicar una base consolidada con:
- Nombre, clave y localidad de cada plantel.
- Obra realizada y diagnóstico que justificó su prioridad.
- Año de ejecución.
- Fuente de financiamiento federal, estatal o municipal.
- Montos autorizado, contratado, modificado y pagado.
- Número de contrato y procedimiento de adjudicación.
- Nombre del contratista.
- Avances físico y financiero.
- Acta de entrega, garantía y evidencia de operación.
- Metodología utilizada para calcular beneficiarios.
Roberto Cabrera puede fotografiarse frente a una cancha rehabilitada y repetir que su gobierno ha destinado 87 millones a las escuelas. Lo que todavía no ha hecho es colocar frente a la ciudadanía una cuenta completa que permita comprobar esa suma sin atravesar decenas de archivos fragmentados.
La infraestructura escolar es necesaria y varias obras están documentadas. Precisamente por eso no debería utilizarse como escenografía política. Cada techo y cada aula deben estar acompañados por contratos abiertos, fuentes de financiamiento claramente reconocidas y resultados medibles.
Sin ese expediente, los 87 millones sirven más para alimentar la imagen del alcalde que para rendir cuentas sobre la educación de San Juan del Río.
