Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 30 de junio de 2026.— El diputado Arturo Maximiliano García presentó ante el Congreso de Querétaro una iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada, con la que busca que cualquier persona pueda decidir, de manera libre e informada, qué tratamientos médicos acepta o rechaza en caso de enfrentar una enfermedad terminal o una condición en la que ya no pueda expresar su voluntad.
La propuesta toca una de las conversaciones más difíciles para cualquier familia: qué hacer cuando un paciente ya no puede hablar, cuando el dolor avanza y cuando los tratamientos solo prolongan el sufrimiento sin ofrecer una posibilidad real de recuperación.
El legislador ingresó la iniciativa en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo y señaló que Querétaro va tarde en esta discusión, debido a que otras entidades del país ya cuentan con marcos legales similares desde hace años.
El punto central de la iniciativa es dar certeza antes de que llegue una crisis médica. Es decir, que la persona pueda dejar por escrito su decisión sobre tratamientos, cuidados paliativos y representantes, para que su voluntad sea respetada cuando ya no pueda comunicarla.
García subrayó que esta propuesta no implica eutanasia ni suicidio asistido. La diferencia es importante: la voluntad anticipada no busca provocar la muerte, sino evitar tratamientos desproporcionados o inútiles cuando una enfermedad ya se encuentra en etapa terminal.
“¿Qué permite la voluntad anticipada? Rechazar tratamientos desproporcionados, fútiles, evitar la obstinación terapéutica, el alargar de alguna forma ‘la vida’ de las personas que estén en estas circunstancias. Así como recibir cuidados paliativos, garantizar una muerte digna y designar representantes que hagan valer la decisión del paciente”, explicó.
En términos sencillos, la voluntad anticipada permite que una persona diga: si mi enfermedad ya no tiene cura y yo no puedo decidir en ese momento, no quiero que me sometan a procedimientos que solo prolonguen mi sufrimiento.
También permite nombrar a una persona representante para que haga valer esa decisión ante médicos, hospitales y familiares.
El diputado señaló que esta legislación se sostiene en principios como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía de la voluntad y el consentimiento informado.
La iniciativa también busca evitar conflictos familiares. En hospitales es común que, ante un paciente que ya no puede expresarse, algunos familiares quieran continuar con todos los tratamientos posibles, mientras otros consideran que hacerlo solo prolonga el dolor. En medio queda el paciente, cuya voluntad real muchas veces nadie conoce con certeza.
García afirmó que una ley de este tipo puede reducir controversias, desgaste emocional y decisiones tomadas bajo presión.
“La decisión la va a tomar el paciente y no terceros”, planteó al explicar que el objetivo es proteger la voluntad de la persona incluso cuando ya no pueda comunicarse.
La propuesta también daría seguridad jurídica al personal médico. En situaciones terminales, médicos y hospitales pueden enfrentar incertidumbre sobre hasta dónde continuar con determinados tratamientos o cuándo priorizar cuidados paliativos.
Con una voluntad anticipada clara, el paciente, la familia y el equipo médico tendrían una guía legal para actuar sin improvisar en uno de los momentos más delicados de la vida.
Otro eje de la iniciativa es fortalecer los cuidados paliativos, es decir, la atención médica y humana enfocada en controlar el dolor, acompañar emocionalmente al paciente y apoyar a la familia durante la etapa final de una enfermedad.
El diputado recordó que organismos internacionales han insistido en que la atención al final de la vida debe centrarse en el control del dolor, el acompañamiento psicológico y el entorno familiar.
Este punto es clave: hablar de voluntad anticipada no es hablar de abandonar al paciente. Es hablar de acompañarlo mejor, sin encarnizamiento médico y sin convertir sus últimos días en una cadena de procedimientos innecesarios.
García sostuvo que Querétaro necesita armonizar su marco jurídico con derechos constitucionales ya reconocidos, especialmente en un contexto de crecimiento demográfico y envejecimiento progresivo de la población.
El envejecimiento vuelve más urgente esta discusión. Cada vez más familias enfrentarán decisiones sobre enfermedades crónicas, deterioro irreversible, cuidados de largo plazo y atención hospitalaria al final de la vida.
La ley no elimina el dolor de esas decisiones, pero puede dar algo que muchas familias necesitan: claridad.
La iniciativa ahora deberá ser analizada por el Congreso de Querétaro. Su discusión exigirá cuidado, sensibilidad y precisión jurídica, porque se trata de un tema donde suelen mezclarse convicciones personales, creencias religiosas, criterios médicos, derechos humanos y temores legítimos.
Pero también es una conversación que no puede seguirse aplazando.
Porque tarde o temprano, muchas familias llegan a una habitación de hospital donde deben decidir entre prolongar un procedimiento o respetar el descanso de alguien que ya no puede hablar.
La propuesta de Arturo Maximiliano pone esa pregunta sobre la mesa pública: ¿queremos que esa decisión se tome en medio del dolor, o queremos que cada persona pueda dejarla clara mientras todavía puede decidir?