Por Redacción LYPmultimedios
CIUDAD DE MÉXICO (21 de mayo de 2026). – De cara al proceso electoral de 2027, el Gobierno Federal busca implementar un escudo institucional para frenar la infiltración del crimen organizado en la política. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
El objetivo central de la iniciativa es la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE) que servirá como puente entre los partidos políticos y las agencias de inteligencia del Estado mexicano.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada. Se tomó la decisión de enviarla de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”, explicó la mandataria durante su conferencia matutina.
¿Cómo funcionará la revisión de perfiles?
La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló la operatividad de este nuevo filtro. La Comisión estará integrada por cinco consejeros electorales, elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
El mecanismo funcionará bajo un esquema de cooperación voluntaria por parte de las fuerzas políticas, pero con requisitos estrictos para los aspirantes:
- Consentimiento: Todo aspirante deberá firmar obligatoriamente su conformidad para ser evaluado.
- Consulta interinstitucional: Los partidos entregarán las listas de sus precandidatos al INE. La Comisión cruzará los nombres con las bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
- Dictamen de riesgo: Las dependencias de seguridad emitirán un informe determinando si «no existe riesgo» o si «existe riesgo razonable» de vínculos delictivos.
Decisión final y presunción de inocencia
Una de las particularidades de la reforma es que no otorga al INE el poder de vetar directamente una candidatura. Una vez que la Comisión informe sobre la existencia de un «riesgo razonable», serán los propios partidos políticos los responsables absolutos de decidir si proceden o no con el registro de dicho perfil.
La presidenta Sheinbaum aclaró que este diseño respeta el principio constitucional de presunción de inocencia. No obstante, si durante el proceso de escrutinio la UIF, la FGR o el CNI detectan información constitutiva de delito, estas dependencias continuarán con las investigaciones penales correspondientes de manera independiente al proceso electoral.
Para garantizar la integridad y la seguridad de los involucrados, todo el proceso de evaluación y el intercambio de información entre las autoridades se llevará a cabo bajo el principio de estricta confidencialidad.
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