Por: Redacción de LYPmultimedios
Santiago de Querétaro, Qro., 14 de julio de 2026.— Pocas experiencias generan tanta indefensión inmediata como ver cómo se llevan tu auto en una grúa sin saber cuánto vas a pagar, a dónde lo llevan ni si la persona al volante de esa grúa tiene siquiera concesión para operar. Esa fue, en esencia, la sustancia del foro ciudadano que los diputados locales Eric Silva Hernández y María Blanca Flor Benítez Estrada organizaron ayer para discutir la reforma a la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado, que busca poner reglas donde hoy hay, según los propios asistentes, un vacío que se presta al abuso.
Lo que ya se sabía y lo que se confirmó
Esta no es una reforma que nació en el foro de ayer. Eric Silva la presentó formalmente en mayo, y desde entonces ha circulado con un nivel de detalle técnico que el boletín de este foro no repite pero vale la pena recordar: la iniciativa contempla la creación del Sistema Informático Estatal de Servicios Auxiliares de Transporte (SIESAT), una plataforma que registraría en tiempo real cada servicio de arrastre —distancia recorrida, maniobras, tiempo de estancia en el corralón— para poder calcular objetivamente cuánto debería costar cada uno; además de un padrón público de concesionarios autorizados y un Consejo Ciudadano de Vigilancia para recibir denuncias. No es la única propuesta sobre la mesa: la diputada priista Adriana Meza Argaluza impulsa por separado que nadie tenga que pagar arrastre o corralón cuando la infracción que lo originó termine siendo anulada por la autoridad, y el diputado morenista Homero Barrera ha planteado prohibir el cobro cuando no exista una falta grave de tránsito de por medio. El foro de ayer sirvió, sobre todo, para poner esas propuestas frente a quienes las viven en carne propia.
Lo que contó la gente
Gremios, sindicatos y federaciones de transportistas, junto con ciudadanos que acudieron a título personal, coincidieron en un catálogo de quejas que probablemente le suene familiar a cualquiera que maneje en Querétaro: cobros altos que no corresponden a ninguna tarifa publicada, grúas «pirata» que operan sin concesión, corralones donde los vehículos llegan más dañados de lo que salieron, y la sensación de que no existe a quién reclamar cuando algo de esto ocurre. El diputado federal con licencia Gilberto Herrera Ruiz, presente en el foro, subrayó que este no es un problema abstracto: dijo que el servicio de salvamento y arrastre afecta a miles de familias queretanas, en particular a las que menos recursos tienen para absorber un cobro imprevisto.
La ausencia que sí importa
El dato más incómodo del foro no salió de ningún participante: salió de la lista de asistencia. De los 18 presidentes municipales del estado invitados a un ejercicio que discute, entre otras cosas, la operación de los corralones que dependen en buena medida de los ayuntamientos, solo una acudió: Astrid Ortega Vázquez, alcaldesa de Cadereyta de Montes, quien se pronunció a favor de la reforma y ofreció trabajar desde su municipio para implementarla. La ausencia no distingue colores partidistas: de los otros 17 municipios, gobernados por distintas fuerzas políticas, ninguno mandó representación, algo que los propios organizadores del foro señalaron como motivo de preocupación.
A esa ausencia se sumó otra con más peso específico: la del director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, a quien los gremios convocantes calificaron como «un actor clave» por ser precisamente la autoridad responsable de regular este sector. Vale la pena un dato de contexto que no apareció en el boletín: apenas el 6 de julio, Morena presentó una denuncia contra Cuanalo por presuntas conductas que, según el partido, vulneran el principio de equidad de cara al proceso electoral 2027, señalamiento que el funcionario negó públicamente, atribuyéndolo al clima previo a los comicios. No hay manera de establecer, con lo disponible hasta ahora, si esa tensión influyó en su inasistencia al foro; lo que sí es un hecho verificable es que la relación entre la AMEQ y la bancada morenista atraviesa, en estos días, un momento de fricción documentada.
Lo que sigue
Silva y Benítez cerraron el foro con un compromiso concreto: seguir abriendo espacios de diálogo y dar seguimiento a las propuestas recogidas, con la meta de que la reforma se apruebe en comisión. Es una meta razonable, pero también una que depende de algo que el foro de ayer no logró plenamente: la presencia, en la misma mesa, de quienes tendrán que operar la reforma el día que se convierta en ley. Una plataforma digital, un padrón de concesionarios y un consejo ciudadano de vigilancia solo funcionan si los 18 ayuntamientos y la Agencia de Movilidad los adoptan. La pregunta que queda, entonces, no es si la reforma es necesaria —el foro dejó eso claro—, sino quién, además de los legisladores que la impulsan, está dispuesto a hacerla cumplir.
