Morena defiende los lineamientos de audiencias; la CIRT dice que no ve censura, pero pide corregir ambigüedades
Por: Redacción de LYPmultimedios
Ciudad de México, 3 de agosto de 2026.— Morena salió a defender los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y rechazó que impliquen censura, en un debate que lleva una semana abierto y en el que —a diferencia de lo que sugiere el intercambio político— las posiciones no están tan polarizadas como parecen.
El argumento de Morena
En su comunicado, el partido sostuvo que diversos actores políticos y mediáticos construyeron una narrativa falsa al presentar una ampliación de derechos como un intento de censura. Su planteamiento central es una distinción conceptual: «la libertad de expresión protege a quienes comunican; los derechos de las audiencias protegen al pueblo de México».
Morena argumentó que los lineamientos no crean mecanismos de censura, sino que desarrollan derechos ya reconocidos en la Constitución: distinguir información de opinión, separar publicidad de contenido editorial, ejercer el derecho de réplica, contar con defensorías de audiencias y garantizar accesibilidad para personas con discapacidad. Subrayó además un punto procesal relevante: la autoridad no revisará previamente las transmisiones, y cualquier procedimiento solo puede iniciarse después de la difusión de un contenido y a partir de una queja concreta.
El partido también recordó un antecedente legislativo: en 2017 una contrarreforma impulsada por el PAN debilitó los derechos de las audiencias, y en 2022 la Suprema Corte invalidó aquel decreto.
Qué dice el anteproyecto, en concreto
Más allá del intercambio político, conviene precisar el contenido. El documento, emitido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, plantea obligaciones específicas para concesionarios de radio y televisión: publicar un código de ética, designar un defensor de las audiencias, diferenciar información, opinión y publicidad, atender quejas en un plazo máximo de 20 días, garantizar el derecho de réplica, establecer medidas de accesibilidad y prever sanciones económicas por incumplimiento.
Un dato que ordena el debate: los lineamientos no alcanzan a los medios digitales. Aplican al espectro concesionado.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el esquema con un argumento que también matiza la discusión sobre las multas: «No es estar multando. El objetivo, si se fijan, es un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias».
La comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, sostuvo que los lineamientos tutelan derechos que ya están en la Constitución y establecen los mecanismos para garantizarlos con plazos claros. La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, agregó que el objetivo es definir con precisión los conceptos de la ley para evitar laxitud, subjetividad o discrecionalidad en su interpretación.
Lo que realmente dijo la industria
Aquí aparece el matiz que el comunicado de Morena no recoge y que vale la pena registrar con exactitud, porque el debate público lo ha simplificado en ambos sentidos.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) —el actor más directamente afectado— reconoció expresamente que la intención de la CRT no es censurar a los medios y respaldó tanto la protección de las audiencias como la existencia de mecanismos de queja. Su objeción es más acotada: sostiene que algunas disposiciones son ambiguas y podrían derivar en discrecionalidad, sanciones desproporcionadas o injerencia gubernamental en decisiones editoriales, por lo que pidió corregirlas antes de la emisión definitiva.
Es decir: la principal cámara del sector no está denunciando censura. Está pidiendo precisión en la redacción.
Hubo, sin embargo, una objeción de mayor calado. La Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores de Distrito (JUFED) reconoció que la protección de audiencias busca combatir la desinformación, pero advirtió que «el establecimiento de controles estatales estrictos sobre las líneas editoriales representa un riesgo desmedido para el Estado Constitucional de Derecho». Esa es la crítica de fondo que el debate todavía no resuelve.
El punto donde ambas partes coinciden
Hay un elemento que no está en disputa: la consulta pública existe, está abierta y cualquiera puede participar. Concesionarios, radios comunitarias, academia, organizaciones civiles y ciudadanía tienen hasta el 21 de agosto para enviar observaciones a través de portal de consultas públicas.
Morena lo planteó como prueba de que no hay imposición: «Quien pretende censurar no consulta al pueblo». La CIRT, por su parte, respaldó el proceso de consulta aunque cuestione partes del contenido. Que ambos coincidan en la legitimidad del mecanismo sugiere que la discusión real ocurrirá en la letra final del documento, no en la consigna.
Lo que sigue
El texto definitivo se emitirá después del 21 de agosto, sin fecha estipulada de entrada en vigor. De ese documento dependerá si la preocupación de la CIRT —discrecionalidad en la interpretación— queda resuelta o si persiste. La pregunta que la consulta debe responder no es si las audiencias merecen protección, algo en lo que casi nadie discrepa, sino cómo se redacta esa protección para que un procedimiento por queja no termine convirtiéndose en un mecanismo de presión sobre líneas editoriales. Esa distinción es técnica, aburrida y decisiva: se juega en la redacción de los artículos, no en los comunicados.