Durante el Segundo Informe de la Legislatura, Ulises Gómez planteó un sistema estatal para detectar financiamiento ilícito, empresas fachada y triangulación de recursos. La bancada reportó 161 iniciativas, pero solamente 42 aprobadas.
Santiago de Querétaro, Qro., 28 de agosto de 2026.— El grupo legislativo de Morena propuso crear un Sistema Estatal de Integridad y Trazabilidad del Financiamiento Político-Electoral como alternativa al Protocolo Único Antinarcocandidatos promovido por el gobernador Mauricio Kuri González.
Al fijar la posición de su bancada durante el Segundo Informe de la LXI Legislatura, el diputado Ulises Gómez de la Rosa sostuvo que impedir la infiltración criminal en las elecciones requiere revisar el origen y recorrido del dinero utilizado en las campañas, no solamente aplicar controles personales a quienes buscan una candidatura.
La propuesta morenista buscaría identificar aportaciones ilegales, prestanombres, empresas fachada, triangulación de recursos y gastos propagandísticos que eventualmente puedan ocultar promoción anticipada o financiamiento no reportado.
Gómez reconoció como legítima la preocupación expresada por el gobernador, pero consideró que la denominación “antinarcocandidatos” reduce un fenómeno más amplio a la posible relación directa entre una candidatura y el narcotráfico.
“El riesgo para la democracia también puede provenir de organizaciones dedicadas al tráfico de personas, la extorsión, el robo de hidrocarburos, el contrabando, la corrupción, la defraudación fiscal, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos ambientales o incluso el cartel inmobiliario”, afirmó.
Morena pide “seguir el dinero”
La propuesta del gobernador Kuri contempla declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, además de acreditaciones sobre antecedentes penales, obligaciones alimentarias, consumo de sustancias y controles de confianza.
Morena no rechazó la transparencia patrimonial, pero planteó que la revisión debe comenzar por las personas que actualmente ocupan cargos públicos y extenderse hacia quienes financian las campañas.
Según Gómez de la Rosa, una organización criminal no necesita colocar formalmente a uno de sus integrantes como candidato para influir en el poder. Puede financiar una campaña, utilizar intermediarios, realizar aportaciones prohibidas o respaldar promociones a cambio de contratos y protección posterior.
“Una propuesta seria es seguir el dinero y fortalecer las instituciones”, sostuvo el legislador, quien también pidió revisar anuncios espectaculares presentados como portadas de publicaciones y otras formas de publicidad política indirecta.
El sistema planteado tendría que respetar las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, las autoridades fiscales, financieras, administrativas y ministeriales.
El posicionamiento no incluye todavía un proyecto normativo, arquitectura institucional, presupuesto, reglas de intercambio de información o mecanismos para impedir la duplicación de funciones. Tampoco precisa si se presentará como iniciativa de ley, reforma electoral o propuesta para una mesa interinstitucional.
161 iniciativas, pero 42 aprobadas
Gómez de la Rosa utilizó el informe para sostener que el Ejecutivo estatal dejó de ser el principal generador de la agenda legislativa.
De acuerdo con las cifras presentadas por Morena, su grupo parlamentario promovió 161 iniciativas, de las cuales 42 fueron aprobadas. El Poder Ejecutivo presentó 22 y consiguió la aprobación de 17.
Los números muestran una diferencia importante entre volumen y efectividad. Según los propios datos de la bancada, Morena logró aprobar alrededor de 26 por ciento de sus propuestas, mientras que el Ejecutivo alcanzó una tasa cercana a 77 por ciento.
Esto no demuestra por sí mismo la calidad o relevancia de las iniciativas, pero matiza la afirmación de que el gobierno dejó de conducir la producción legislativa. Morena presentó más proyectos; el Ejecutivo consiguió que una proporción mucho mayor de los suyos se convirtiera en disposiciones aprobadas.
Gómez atribuyó el rezago de varias propuestas al PAN y acusó a esa fuerza de mantener bloqueados asuntos capaces de modificar las condiciones de vida de la ciudadanía.
Para sostener esa acusación será necesario identificar qué iniciativas permanecen detenidas, desde cuándo, en qué comisiones y si cuentan con dictámenes o recursos presupuestarios para aplicarse.
Morena concentra 38% de las intervenciones
La bancada también informó que sus integrantes realizaron 112 intervenciones en tribuna, equivalentes, según sus cálculos, a 38 por ciento del debate legislativo. Al PAN le atribuyó 19 por ciento.
La participación en tribuna refleja presencia política y capacidad para instalar asuntos en la discusión, pero no mide de forma automática la eficacia parlamentaria. Una evaluación completa tendría que considerar asistencia, trabajo en comisiones, dictámenes elaborados, acuerdos alcanzados, modificaciones incorporadas y resultados de las leyes aprobadas.
Entre los asuntos que Morena destacó se encuentran la legislación sobre identidad de género, igualdad sustantiva, brecha salarial y participación en la integración del Sistema Estatal de Seguridad.
El Batán y 470 millones sin destino precisado
Ulises Gómez sostuvo que la oposición de Morena contribuyó a suspender el proyecto hídrico El Batán, iniciativa que describió como rodeada de dudas y rechazada por sectores ciudadanos.
El legislador también atribuyó a la intervención de representantes de la Sierra Gorda y el semidesierto la reasignación de 470 millones de pesos dentro del presupuesto estatal.
Sin embargo, el propio coordinador admitió que su grupo no conoce con precisión cómo se ejerció el dinero, en qué lugares fue aplicado ni cuáles obras fueron priorizadas.
La declaración exhibe un pendiente de fiscalización para todo el Congreso. Si la Legislatura modificó la asignación de 470 millones de pesos, también debe vigilar su destino y exigir información documental al Ejecutivo.
El valor de una reasignación presupuestaria no radica únicamente en mover recursos dentro del decreto, sino en comprobar que fueron contratados, ejercidos y traducidos en infraestructura o servicios.
Agua, municipalización y reforma judicial
Morena colocó el agua como su principal tema para el último tramo de la Legislatura. Gómez anunció que la bancada buscará aprobar una legislación construida mediante Parlamento Abierto y limitar el enfoque mercantil de las concesiones.
La afirmación anticipa un nuevo choque entre Morena y el PAN en torno al modelo de administración, distribución y participación privada en los servicios hídricos.
La bancada también pretende reactivar las propuestas para convertir a Santa Rosa Jáuregui y Vizarrón en municipios. Una municipalización requiere estudiar viabilidad financiera, territorio, población, capacidad administrativa, prestación de servicios y distribución de recursos; no basta con reconocer una identidad comunitaria o una deuda histórica.
Otros pendientes mencionados son la reforma judicial estatal y la revisión de las cuentas públicas de 2024 y 2025.
Gómez prometió que no habrá “impunidad, perdón ni olvido” para quienes hayan utilizado recursos de manera ilegal. Sin embargo, las cuentas públicas deben revisarse con procedimientos técnicos, observaciones documentadas y garantías de audiencia, no mediante condenas políticas anticipadas.
Un informe convertido en plataforma política
La intervención de Morena no se limitó a rendir cuentas. También funcionó como declaración de identidad partidista y adelanto de su agenda rumbo al proceso electoral de 2027.
Gómez afirmó que la transformación nacional “pronto se expandirá a Querétaro” y describió al bloque panista como una derecha que perdió su rumbo. Ese lenguaje coloca el balance legislativo dentro de la disputa por la próxima gubernatura.
La bancada presentó resultados, reconoció pendientes y abrió un frente contra el protocolo de Kuri. Su alternativa de rastrear el financiamiento electoral apunta hacia un problema de fondo: la captura política no siempre comienza con la afiliación de un candidato a una organización criminal; puede empezar con el dinero que entra a una campaña y las obligaciones clandestinas que genera.
El siguiente paso será convertir el discurso en una iniciativa jurídicamente viable, con autoridades responsables, acceso legal a información financiera y controles que se apliquen por igual a Morena, PAN y al resto de los partidos.
Seguir el dinero puede ser una ruta más sofisticada que someter candidatos a declaraciones y polígrafos. Pero sin una propuesta formal, facultades claras y sanciones aplicables, también corre el riesgo de permanecer como una consigna pronunciada desde la tribuna.
