El Gobierno federal propone gastar 10.63 billones de pesos, protege más de un billón para programas prioritarios y descarta nuevos impuestos generales. La reducción del déficit avanza, pero será más lenta de lo anticipado y la deuda amplia alcanzaría 55% de la economía.
Ciudad de México, 9 de septiembre de 2026.— El Paquete Económico 2027 ofrece continuidad social y una consolidación fiscal gradual, pero no un año sin endeudamiento.
La propuesta entregada al Congreso busca preservar los programas para el Bienestar, aumentar recursos para educación, salud, ciencia, seguridad y campo, y sostener la inversión pública sin crear nuevos impuestos generales. Al mismo tiempo, reconoce que el Gobierno federal gastará más de lo que espera ingresar y necesitará financiamiento para cubrir la diferencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el paquete como responsable y rechazó que represente un mayor endeudamiento para el país. La frase necesita una precisión: Hacienda intenta estabilizar la deuda como proporción de la economía, pero sus propios documentos proyectan un déficit amplio equivalente a 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto.
Un déficit significa que los ingresos públicos no alcanzan para financiar la totalidad del gasto. Esa brecha debe cubrirse mediante deuda, activos u otras fuentes de financiamiento. Por ello, puede hablarse de una trayectoria controlada o sostenible, pero no de ausencia de endeudamiento.
Un gasto de 10.63 billones de pesos
El Proyecto de Presupuesto de Egresos propone un gasto neto total de 10 billones 636 mil millones de pesos para 2027, aproximadamente 443 mil millones más que el presupuesto aprobado para 2026.
Los ingresos presupuestarios alcanzarían alrededor de 9.2 billones de pesos, equivalentes a 23.2 por ciento del PIB. Dentro de esa cantidad, la recaudación tributaria aportaría cerca de 6.26 billones.
La diferencia entre ingresos y gasto explica la necesidad de financiamiento y coloca al déficit como uno de los principales indicadores para evaluar la propuesta. Todos los documentos del paquete —Criterios Generales, iniciativa de ingresos, proyecto de egresos y reformas fiscales— pueden consultarse en el portal oficial del Paquete Económico 2027.
Hacienda estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medición más amplia del déficit, bajarán de 4.1 por ciento del PIB en 2026 a 3.9 por ciento durante 2027.
La reducción existe, pero será menor a la prometida en abril, cuando los Precriterios contemplaban un déficit de 3.5 por ciento. El Gobierno ajustó su objetivo cuatro décimas al alza para conservar margen de gasto social e inversión.
La deuda amplia, medida mediante el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, se ubicaría en 55 por ciento del PIB. En vez de desaparecer, permanecerá cerca de su nivel actual gracias al crecimiento nominal de la economía y al manejo de los vencimientos.
El costo financiero también ejercerá presión. BBVA Research calcula que los intereses y demás obligaciones asociadas con la deuda representarán 4 por ciento del PIB en 2027, frente a 3.7 por ciento estimado para 2026.
Esto significa que una proporción creciente de los recursos públicos estará comprometida antes de financiar nuevos servicios, obras o programas.
El blindaje social
La principal definición política del paquete está en la protección de los programas prioritarios.
Para ellos se proponen un billón 25 mil 400 millones de pesos, equivalentes a 2.6 por ciento del PIB. La Pensión para Adultos Mayores concentraría 543 mil 500 millones; la pensión para personas con discapacidad, 37 mil 400 millones; Salud Casa por Casa, cinco mil millones, y los programas y becas educativas, alrededor de 210 mil 600 millones.
El Gobierno asegura que todos los programas para el Bienestar recibirán aumentos superiores a la inflación. Con ello busca proteger su cobertura y el poder adquisitivo de las transferencias, aun dentro de un presupuesto marcado por obligaciones crecientes.
Sheinbaum también anunció incrementos de 10.7 por ciento para educación, 13 por ciento para ciencia, 11.3 por ciento para salud, 11.5 por ciento para seguridad y 20.6 por ciento para el campo.
Estos porcentajes deben leerse junto con sus bases de comparación. Una variación agregada no permite conocer cómo se distribuirán los recursos entre instituciones, nómina, infraestructura, subsidios y servicios. La discusión legislativa deberá comprobar cuáles aumentos son nominales, cuáles se mantienen en términos reales y qué programas específicos resultan favorecidos o reducidos.
Sin nuevos impuestos, pero con cambios fiscales
El Ejecutivo sostiene que no creará nuevos impuestos generales. Su estrategia para elevar la recaudación descansa en combatir las facturas falsas, cerrar espacios de evasión, reforzar controles en el ISR y el IEPS y mantener el programa de regularización fiscal.
La propuesta también incluye reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley Federal de Derechos. Por tanto, “sin nuevos impuestos” no significa que las reglas fiscales permanezcan intactas: habrá modificaciones en controles, deducciones, derechos y mecanismos de fiscalización.
Hacienda prevé que los ingresos tributarios crezcan y alcancen un máximo cercano a 15.9 por ciento del PIB. La expectativa supone que el SAT obtendrá más recursos mediante vigilancia y cumplimiento, sin una reforma fiscal integral.
Ahí reside uno de los riesgos del paquete. Si la economía crece menos de lo esperado o la fiscalización recauda por debajo de la meta, el Gobierno tendría que recortar gasto, utilizar mayores ingresos petroleros o ampliar el déficit.
Crecimiento más moderado que el anunciado en abril
La Secretaría de Hacienda calcula que la economía crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento durante 2027, con una estimación central de 2 por ciento.
El intervalo es menor al presentado en los Precriterios de abril, cuando la dependencia proyectaba un crecimiento de entre 1.9 y 2.9 por ciento. La revisión reconoce un entorno económico menos dinámico, aunque mantiene la expectativa de que el consumo, el empleo y la inversión pública sostendrán la actividad.
El marco macroeconómico considera una inflación de 3 por ciento, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar y un precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo de 61.8 dólares por barril.
Son supuestos, no garantías. Un menor crecimiento reduciría la recaudación; una tasa de interés más alta encarecería la deuda, y cambios en el petróleo podrían afectar simultáneamente los ingresos públicos y los estímulos a los combustibles.
Evitar el “gasolinazo” tiene un costo fiscal
Sheinbaum afirmó que continuarán los estímulos para contener los precios de la gasolina y el diésel si aumentan las cotizaciones internacionales.
El mecanismo puede evitar incrementos bruscos al consumidor mediante reducciones al IEPS, pero también disminuye temporalmente la recaudación. Su costo dependerá del precio internacional del petróleo, del tipo de cambio y de la magnitud del estímulo aplicado semanalmente.
Más que una garantía presupuestal absoluta, la promesa representa una decisión de utilizar ingresos fiscales para amortiguar posibles aumentos.
Pemex continúa ligado a las finanzas federales
La Presidenta destacó que la deuda de Pemex ha disminuido respecto del máximo alcanzado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. No obstante, la situación de la petrolera sigue vinculada directamente con el presupuesto federal.
Para 2027 se plantea que Pemex alcance un superávit financiero de 95 mil millones de pesos, resultado que contempla tanto el desempeño de la empresa como una transferencia del Gobierno federal. Esto impide presentar su mejoría financiera como un proceso completamente independiente de los recursos públicos.
La empresa continúa siendo una de las principales fuentes de riesgo para la consolidación fiscal por su deuda, vencimientos, producción y necesidades de inversión.
Un paquete social con margen fiscal estrecho
El Paquete Económico 2027 puede calificarse como una propuesta de continuidad: preserva las principales transferencias sociales, mantiene inversión y posterga un ajuste fiscal más acelerado.
Su responsabilidad no podrá determinarse únicamente por la ausencia de nuevos impuestos o por los incrementos anunciados. Dependerá de que se cumplan cuatro supuestos: crecimiento cercano a 2 por ciento, mayor recaudación sin reforma integral, control del costo de la deuda y una reducción efectiva del déficit.
El Gobierno no propone una expansión descontrolada del endeudamiento, pero tampoco un presupuesto sin nueva deuda. La apuesta consiste en que la economía y los ingresos crezcan lo suficiente para impedir que el déficit de 2027 deteriore la proporción de deuda respecto del PIB.
El bienestar queda protegido en el proyecto. La duda es cuánto espacio permanecerá disponible después de pagar pensiones, participaciones, intereses y demás obligaciones ineludibles.
Esa es la discusión que ahora corresponde al Congreso: no solamente cuánto aumentará cada ramo, sino qué tan resistentes son las cuentas si alguno de los supuestos de Hacienda no se cumple.